Un juzgado en Madrid toma por primera vez medidas para investigar a Ayuso por los ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡±
La jueza, por orden de la Audiencia Provincial, pide documentaci¨®n a la Comunidad de Madrid para examinar la responsabilidad de los pol¨ªticos en la muerte de un mayor que viv¨ªa en una residencia en marzo de 2020
Una jueza de Collado Villalba est¨¢ investigando la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y dos de sus consejeros en las muertes de la primera ola en las residencias de mayores. Es la primera vez que un juzgado va m¨¢s all¨¢ del examen del personal de residencias y hospitales para analizar si hubo responsabilidad de los pol¨ªticos, seg¨²n el abogado de la parte acusadora, Carlos Vila, que lo valora como un paso adelante para las familias despu¨¦s de tres a?os reclamando justicia por los conocidos como ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡±, que supusieron el cierre de los hospitales para las personas mayores de residencias m¨¢s vulnerables.
Consulte el auto de la jueza de Collado Villalba en este enlace.
La jueza, Mar¨ªa Cristina Garc¨ªa Quesada, ha pedido a la Consejer¨ªa de Sanidad que aporte el plan de choque del 26 de marzo de 2020, los protocolos que filtraron el acceso a los hospitales y los recursos materiales de la supuesta medicalizaci¨®n de las residencias. Adem¨¢s, ha citado como testigos para el 7 de noviembre al entonces consejero de Pol¨ªticas Sociales, Alberto Reyero; al cargo que firm¨® los protocolos, Carlos Mur; y a la directora general de Salud P¨²blica que dimiti¨® en mayo de 2020, Yolanda Fuentes.
La jueza emiti¨® su auto el 2 de octubre y la noticia ha sido adelantada este viernes por el diario El Salto. La decisi¨®n ha llegado tras una orden de la Audiencia Provincial, que ha estimado el recurso de la acusaci¨®n contra el archivo anterior y ha exigido la continuaci¨®n del procedimiento respecto a los tres pol¨ªticos, la presidenta y los entonces responsables de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Justicia e Interior, Enrique L¨®pez. Esa segunda instancia ya ha estimado otros recursos de las familias contra el archivo de sus querellas, pero Vila dice que esta es la primera ocasi¨®n en que los magistrados de la Audiencia Provincial ordenan la reapertura pidiendo expresamente que se investigue a esos tres pol¨ªticos.
Los abogados de las familias se han topado hasta ahora con un muro judicial cuando han exigido responsabilidades de pol¨ªticos. Por orden del Tribunal Supremo en 2020, los jueces de primera instancia de Madrid deben analizar los posibles indicios de criminalidad de Ayuso y sus dos consejeros a pesar de que los tres pol¨ªticos est¨¢n aforados ante instancias superiores. En caso de que esas sospechas fueran sustanciadas, el Supremo ser¨ªa el ¨®rgano ante el que est¨¢n aforados los tres. Tras salir del Gobierno este a?o, Escudero es ahora senador y L¨®pez se ha reincorporado a su plaza de magistrado en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, los jueces que han examinado hasta ahora los casos particulares uno a uno se han quedado en el primer pelda?o de responsabilidad, el de las residencias y hospitales. Esta limitaci¨®n ha causado frustraci¨®n a las familias porque entienden que cuidadores y m¨¦dicos se limitaban a cumplir los protocolos que les envi¨® la Comunidad de Madrid.
El abogado Vila, que representa a los familiares patrocinados por la asociaci¨®n Marea de Residencias, dice que es una buena noticia para las familias tras muchas decepciones. ¡°Despu¨¦s de tres a?os pierdes la confianza, pero esto es un cambio y nuestra valoraci¨®n es positiva, aunque hay que guardar cautela¡±.
M¨¢s de 400 querellantes presentaron en 2020 acusaciones respaldadas por Marea de Residencias. De ellas, ¡°quedan vivas¡± casi 200, apunta Vila. Muchos jueces han dado un r¨¢pido carpetazo a sus casos, pero otros han tomado pasos destacados. As¨ª, en marzo un juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, oy¨® como testigos a Mur y Reyero. En junio, otro juez de esa misma sede escuch¨® a Reyero y a Fuentes en un caso esponsorizado por otra asociaci¨®n de familias, Pladigmare. Este martes ese mismo juez ha citado a Mur, a quien no pudo localizar en un primer momento.
Los hechos que est¨¢ investigando la jueza de Collado Villalba se refieren a una muerte sucedida en la residencia de Sanitas en Torrelodones, un municipio al norte de la capital. El fallecido depend¨ªa del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
La jueza ha pedido documentos que nunca han sido publicados, como el plan de choque que la Comunidad anunci¨® el 26 de marzo de 2020 y que supuso el env¨ªo a las residencias de bomberos, personal de Protecci¨®n Civil y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ese mismo d¨ªa, sin ser anunciado al p¨²blico, Mur asign¨® la coordinaci¨®n de la respuesta m¨¦dica a una mujer sin experiencia relevante, Encarnaci¨®n Burgue?o. Esta es hija del primer zar de la covid de Ayuso, Antonio Burgue?o, y traz¨® un plan ca¨®tico e infradotado al que llam¨® Operaci¨®n Bicho. Otros documentos solicitados por la jueza son ya conocidos, como las cuatro versiones de los protocolos entre el 18 y el 25 de marzo.
Una portavoz de Marea de Residencias, Carmen L¨®pez, dice que ¡°todav¨ªa hay esperanza¡± para las familias. Planean una concentraci¨®n el 7 de noviembre frente a los juzgados de Collado Villalba. ¡°Esto es una noticia positiva¡±, a?ade L¨®pez. ¡°Es una alegr¨ªa¡±.
Contacta al autor en fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com
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