Juicio a la gesti¨®n del PP en Madrid: al menos 245 millones en reclamaciones pendientes de los tribunales

Los tribunales han emitido en los ¨²ltimos meses dos sentencias contra la Comunidad de Madrid que suman 52,7 millones de euros, y dirimir¨¢n pr¨®ximamente otros seis pleitos en los que se le reclaman a la Administraci¨®n 245,9 (para un total de 298,6), seg¨²n documentaci¨®n enviada a la Asamblea por el Ejecutivo de Isabel D¨ªaz Ayuso, a la que accedi¨® EL PA?S. La concatenaci¨®n de reclamaciones articula un juicio que afecta a m¨²ltiples aspectos de la gesti¨®n del PP, ...

Los tribunales han emitido en los ¨²ltimos meses dos sentencias contra la Comunidad de Madrid que suman 52,7 millones de euros, y dirimir¨¢n pr¨®ximamente otros seis pleitos en los que se le reclaman a la Administraci¨®n 245,9 (para un total de 298,6), seg¨²n documentaci¨®n enviada a la Asamblea por el Ejecutivo de Isabel D¨ªaz Ayuso, a la que accedi¨® EL PA?S. La concatenaci¨®n de reclamaciones articula un juicio que afecta a m¨²ltiples aspectos de la gesti¨®n del PP, que gobierna la regi¨®n desde hace m¨¢s de un cuarto de siglo. As¨ª, los litigios abarcan desde lo que cobran los concesionarios privados por gestionar y construir carreteras y hospitales de uso p¨²blico, a la estrategia de vivienda de protecci¨®n oficial o las decisiones adoptadas para afrontar la crisis sanitaria durante la pandemia del coronavirus. De esta manera, los tribunales radiografiar¨¢n algunas de las resoluciones m¨¢s pol¨¦micas de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez, o D¨ªaz Ayuso.

Pero hay m¨¢s. Mucho m¨¢s. El listado elaborado por la Comunidad para enviarlo a la Asamblea responde a una obligaci¨®n legal que solo afecta a pleitos de m¨¢s de 10 millones de euros de los que ha tenido conocimiento en los seis primeros meses de 2023. Es decir, los 300 millones que se juega en los tribunales de los que ha dado cuenta a la C¨¢mara son solo la punta del iceberg.

220 millones por las viviendas que vendi¨® Ignacio Gonz¨¢lez. En 2013, un fondo de inversi¨®n vinculado a Goldman Sachs compr¨® a la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio Gonz¨¢lez, 2.935 viviendas p¨²blicas. ?El precio? 201 millones. Quince a?os despu¨¦s, la Justicia oblig¨® a la Administraci¨®n a recuperar esos pisos para el patrimonio p¨²blico, al considerar que no se hab¨ªa justificado suficientemente la enajenaci¨®n. Como en medio el fondo vendi¨® 1.200 viviendas, pues hab¨ªa acabado el periodo de protecci¨®n, la reincorporaci¨®n a la Agencia de Vivienda Social (AVS) se limit¨® a 1.721 pisos, 224 plazas de garaje y 34 locales. Por ellas pag¨® la Comunidad 107 millones. Una cifra insuficiente para el criterio del fondo, que desde 2022 reclama en los juzgados 220 millones como compensaci¨®n por devolver 1.721 de las 2.935 viviendas que compr¨® por 201.

¡°De prosperar el recurso indicado a favor del reclamante, se detraer¨ªa del importe para satisfacer la demanda el correspondiente a la devoluci¨®n de ingresos efectuada en 2022 por la Comunidad de Madrid a favor del mismo de 107.722.508,95 euros¡°, afirman en el Gobierno regional. En ese caso, el pago ser¨ªa de 112,6 millones.

50 millones por la explotaci¨®n de una autopista fantasma que nunca se ha usado. El 1 de marzo de 2022, la Comunidad de Madrid admiti¨® en la Asamblea que el Ejecutivo de D¨ªaz Ayuso hab¨ªa decidido pagar 73,3 millones de euros a la constructora de la MP-203, una autopista de peaje impulsada en ¨¦poca de Esperanza Aguirre, por la que nunca ha circulado ni un solo coche, y que ni siquiera se ha terminado. El plan original era impulsar una v¨ªa que iba a tener 12,5 kil¨®metros para conectar la M-203 y la A-2 (en el t¨¦rmino de Torrej¨®n de Ardoz) con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo, para descongestionar la entrada a Madrid desde Alcal¨¢ de Henares. Sin embargo, no se resolvi¨® la conexi¨®n con la R-3, y los trabajos se abandonaron cuando quedaban 300 metros del trazado por hacer, adem¨¢s de cubrir el firme ya instalado. Ahora ¡°Autopista Alcal¨¢ O¡¯donnell S. A.¡± reclama entorno a 50 millones de euros en los juzgados.

¡°La Comunidad ya abon¨® a la empresa 73 millones de euros, y ahora el tema est¨¢ judicializado y hay que esperar a que los tribunales resuelvan¡±, se?ala un portavoz gubernamental.

36 millones por las restricciones del Estado de Alarma. ¡°Meli¨¢ Hotels International interpuso reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado frente a las distintas Comunidades donde tiene presencia hotelera en el Estado espa?ol, todo ello por raz¨®n de las medidas aprobadas en el contexto del segundo estado de alarma decretado en octubre de 2020 [que luego fue declarado inconstitucional], y una de estas comunidades es efectivamente la Comunidad de Madrid¡±, explica la empresa sobre los cierres decretados para contener la expansi¨®n del coronavirus. ¡°El viernes pasado, 3 de noviembre, tuvo lugar la celebraci¨®n de una vista ante el TSJ de Madrid y no esperamos una resoluci¨®n de este Tribunal en el corto plazo¡±.

En la v¨ªa administrativa, las distintas ramas hoteleras de Meli¨¤ reclamaron los 36 millones que pide ahora por la judicial. Sin embargo, un dictamen de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Comunidad de Madrid desestim¨® la indemnizaci¨®n sobre la que ahora se pronunciar¨¢ un juez.

33,9 millones por un desarrollo inmobiliario fallido. ¡°Gepi Desarrollo Inmobiliario S. L.¡± reclama esa cantidad por los presuntos da?os derivados de no aprobar el plan parcial de ordenaci¨®n urbana del sector Campo de la Plata del pueblo de Los Molinos, seg¨²n explica un portavoz gubernamental.

30,3 millones para el gestor privado del hospital universitario Rey Juan Carlos. Una sentencia ya firme reconoce el derecho a esta indemnizaci¨®n al grupo Quir¨®n, que gestiona cuatro de los hospitales p¨²blicos de gesti¨®n privada de la regi¨®n (Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz, en r¨¦gimen concertado; y Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en r¨¦gimen de concesi¨®n), un modelo impulsado por Esperanza Aguirre en 2008. No es una excepci¨®n. De hecho, en 2022, el Gobierno decidi¨® acabar de un plumazo con 1.390 millones de deuda que arrastraba desde 2015 con estos centros. Tambi¨¦n entonces el principal beneficiario fue el grupo Quir¨®n, que obtuvo al menos 1.278 millones. Todos esos litigios se han centrado en la liquidaci¨®n de la factura de la atenci¨®n hospitalaria.

¡°Se trata de una sentencia en la que ha habido una serie de discrepancias en las liquidaciones correspondientes a este hospital del a?o 2014¡å, explica un portavoz gubernamental. ¡°Los procesos de liquidaci¨®n se ha han ido revisando y finalmente el juzgado ha determinado que el ajuste asciende a 30 millones¡±.

Adem¨¢s, en el ¨¢rea de Sanidad, la Comunidad tambi¨¦n se enfrenta a una reclamaci¨®n de 13,4 millones de euros por parte del ¡°Hospital del norte sociedad concesionaria¡±. El Ejecutivo declina dar detalles con el argumento de que se trata de un proceso judicial en curso.

22,4 a los due?os de Gallina Blanca. Una sentencia ya firme condena a la Comunidad a pagarle al grupo que comercializa los productos de Gallina Blanca por una compra de terrenos infructuosa en Arganda del Rey. El Ejecutivo regional, a trav¨¦s de la desaparecida empresa p¨²blica Arpegio, gast¨® 5,5 millones de euros en adquirir casi tres millones de metros cuadrados a la matriz Airina, que ten¨ªa en ellos sus granjas av¨ªcolas. Adem¨¢s del pago econ¨®mico, la compa?¨ªa se comprometi¨® a que la vendedora obtendr¨ªa en el futuro el ¡°26% de la edificabilidad lucrativa neta total, obtenida como resultado del proceso de recalificaci¨®n urban¨ªstica que afecte a la totalidad de las fincas transmitidas¡±. Es decir, Airina pact¨® dos modelos de pago con la Comunidad de Madrid, cinco millones de euros de pago en efectivo y el resto en especie: parcelas urbanizadas por Arpegio en estos terrenos, que no se han llevado a cabo. Pero no se logr¨® la recalificaci¨®n pertinente, y la zona apenas se ha usado durante varias ediciones del festival Rock in Rio.

Ahora, la Comunidad tendr¨¢ que pagar 22.460.000 euros m¨¢s los intereses legales devengados desde el 30 de noviembre de 2012.

¡°El asunto se remonta a 2012 porque no se entregaron a la empresa unas parcelas que ten¨ªan que haber estado urbanizadas en ese plazo y demandaron¡±, resume un portavoz gubernamental.

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