Una firma para realojar a 1.600 familias del mayor asentamiento ilegal de Europa

El Gobierno de Espa?a, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas han firmado este lunes el protocolo por el que se destinar¨¢n 330 millones de euros a realojar a 1.600 familias de la Ca?ada Real, el mayor asentamiento ilegal de Europa que se empez¨® a levantar en los a?os sesenta. Una firma que resulta un hito teniendo en cuenta que no abudan los acuerdos entre estas administraciones. El acto, celebrado en la Ca?ada Real, es la formalizaci¨®n del protocolo acordado a principios de marzo para continuar con el traslado de familias a viviendas en la regi¨®n y el derribo de los sectores del asentamiento que se vayan vaciando.

Contin¨²a as¨ª una tarea que comenz¨® en 2017 con el primer pacto de este tipo y que ha permitido el traslado de casi 300 familias. Aquel protocolo cont¨® con 53 millones de euros de presupuesto. Este es mucho m¨¢s ambicioso y aspira a sacar de las infraviviendas a 1.600 unidades familiares. Este dinero se destinar¨¢ a la adquisici¨®n de inmuebles, indemnizaciones, acompa?amiento social y otros gastos. Los realojos no se llevar¨¢n a cabo en una misma ubicaci¨®n, sino que se distribuir¨¢ a los afectados por diferentes puntos, teniendo en cuenta las caracter¨ªsticas de cada caso, aseguran las administraciones implicadas.

Los encargados de plasmar la firma han sido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo; el delegado de Pol¨ªticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ?lvaro Gonz¨¢lez y la alcaldesa de Rivas, A¨ªda Castillejo.

El plan est¨¢ previsto a diez a?os vista y los beneficiarios ser¨¢n los contemplados en el censo que se hizo en 2011, aunque podr¨¢ haber actualizaciones de este listado. En el asentamiento viven alrededor de 7.000 personas, as¨ª que este plan supone el principio del fin del al chabolismo en esa franja de 16 kil¨®metros. El estado de los residentes en la Ca?ada Real empeor¨® desde que se cort¨® la luz hace cuatro a?os con el pretexto de evitar los enganches ilegales a la corriente. Esto ayud¨® a evitar el fraude y el consumo para actividades il¨ªcitas, pero tambi¨¦n dej¨® en una situaci¨®n de vulnerabilidades a¨²n m¨¢s preocupante a cientos de vecinos.

Cada pata del pacto aportar¨¢ 110 millones de euros a dividir entre el Gobierno de Espa?a, la Comunidad de Madrid y los consistorios implicados. ¡°Vamos a trabajar todos juntos para erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna y un futuro prometedor a todas las personas que habitan en la Ca?ada Real y que, actualmente, conviven en condiciones de precariedad y pobreza¡±, ha se?alado Rodrigo. Tras los derribos se proceder¨¢ al acondicionamiento y urbanizaci¨®n de esos terrenos, con la construcci¨®n, por ejemplo, de un parque metropolitano.

Asimismo, el consejero ha subrayado que en esta legislatura el Gobierno auton¨®mico tiene ¡°el compromiso de construir 1.700 nuevos inmuebles que se incorporar¨¢n al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social¡±. Por su parte, ?lvaro Gonz¨¢lez ha explicado que este protocolo es ¡°m¨¢s que un acuerdo entre administraciones¡±. ¡°Se trata de un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de muchas personas, un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aqu¨ª, y que tambi¨¦n merecen una igualdad de oportunidades¡±, ha recalcado.

En esta l¨ªnea, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana ha defendido ¡°la voluntad¡± del Ejecutivo central por ¡°implicarse¡± por la Ca?ada Real a trav¨¦s del Plan Regional o acuerdos espec¨ªficos. ¡°Es un trabajo complicado, que no va a ser f¨¢cil, pero con la voluntad de todas las administraciones y la colaboraci¨®n de ciudadanos y entidades, este plan ser¨¢ un ¨¦xito¡±, ha defendido.

En la Ca?ada Real, no todos ven con optimismo el plan, ya que les genera incertidumbres. Muchos de los vecinos no quieren irse lejos del asentamiento, tienen dudas sobre si podr¨¢n hacer frente al alquiler simb¨®lico que tendr¨¢n que pagar en sus nuevos inmuebles y temen perder la comunidad que han construido en d¨¦cadas.

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