Un informe preliminar de la C¨¢mara de Cuentas critica al Gobierno de Ayuso por dificultar la fiscalizaci¨®n de las inversiones en vivienda p¨²blica

La nueva C¨¢mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid deber¨¢ resolver 17 informes pendientes de 2023, cuando el PP de Isabel D¨ªaz Ayuso a¨²n no hab¨ªa ejecutado la reforma legal que le permitir¨¢ controlar a partir de ahora el ¨®rgano que debe fiscalizar a su Gobierno. Joaqu¨ªn Leguina, expresidente regional con el PSOE que ha sido promocionado a la presidencia de la instituci¨®n por su afinidad con la baronesa, ser¨¢ quien dirija las deliberaciones y asigne las tareas de fiscalizaci¨®n al resto de los consejeros. Esas decisiones servir¨¢n de term¨®metro para medir si la nueva composici¨®n de la c¨¢mara, con cinco consejeros del PP, uno de M¨¢s Madrid y otro del PSOE, afecta a la din¨¢mica fiscalizadora del equipo anterior, que ha dejado al menos una patata caliente para los intereses del Ejecutivo de Ayuso. As¨ª, EL PA?S ha accedido a una nota informativa sobre el anteproyecto para fiscalizar la gesti¨®n de los planes de vivienda p¨²blica en la regi¨®n que refleja quejas porque el Ejecutivo haya dificultado la labor fiscalizadora hasta hacer imposible que el trabajo est¨¦ completo, seg¨²n la versi¨®n de los autores.

¡°La falta de colaboraci¨®n por la Comunidad en este informe ha impedido finalizar adecuadamente los trabajos de auditor¨ªa¡±, se lee en el documento interno, resumen de un anteproyecto que a¨²n est¨¢ pendiente de incluir las alegaciones de la Administraci¨®n, que ahora ser¨¢n estudiadas por una c¨¢mara distinta a la que comenz¨® los trabajos, pues los nuevos consejeros fueron elegidos a principios de abril.

¡°El procedimiento por el que se pregunta sigue abierto y, por tanto, [lo contenido en el informe] no es concluyente¡±, afirma un portavoz del Ejecutivo. ¡°Pedimos m¨¢s tiempo¡±, completa una fuente gubernamental del m¨¢ximo rango, en referencia a la disposici¨®n favorable del Ejecutivo a solucionar el problema.

Entre los trabajos pendientes de 2023 y recogidos en el programa oficial de trabajo para 2024, est¨¢n fiscalizar el programa para la digitalizaci¨®n del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, que la c¨¢mara afronta en colaboraci¨®n con el Tribunal de Cuentas; la gesti¨®n recaudatoria en periodo ejecutivo realizada por la administraci¨®n auton¨®mica (2020-2021); o el que afecta a los planes de vivienda.

Seg¨²n una fuente conocedora de este ¨²ltimo trabajo, la falta de colaboraci¨®n gubernamental en este caso habr¨ªa impedido cuantificar, por ejemplo, cu¨¢nto dinero ha dejado de ejecutar Madrid de los planes estatales para vivienda p¨²blica, salvo que el Gobierno haya aportado nueva informaci¨®n, lo que no ha querido aclarar el Ejecutivo tras ser preguntado por este diario. En todo caso, el contenido de la versi¨®n final del informe, y las apreciaciones que contenga cuando se apruebe, pueden diferir del preliminar.

As¨ª, el informe tiene como objetivo analizar las actuaciones y los objetivos previstos en los planes de vivienda auton¨®micos y estatales 2013-2016 y 2018-2021 gestionados por la Comunidad de Madrid; examinar el gasto presupuestario de los ejercicios 2018-2022 en materia de planes de vivienda; verificar si la Administraci¨®n hab¨ªa establecido procedimientos adecuados para asegurar la igualdad y concurrencia en el acceso a las ayudas; o analizar la ejecuci¨®n presupuestaria de los planes de vivienda y el cumplimiento (o no) de sus objetivos. Todo ello imposible, seg¨²n se quejan los auditores, por las trabas del Gobierno auton¨®mico. Por lo menos hasta el momento en el que se solicitaron las alegaciones.

¡°La Comunidad de Madrid no ha facilitado informaci¨®n a la C¨¢mara de las aportaciones del Ministerio para financiar los programas del plan a desarrollar en el marco del convenio de 2015 y de la pr¨®rroga de 2017, por lo que no se pueden cuantificar los ingresos anuales ni su distribuci¨®n por programas¡±, se lee en la nota informativa. ¡°Tampoco se ha aportado informaci¨®n del total de obligaciones contabilizadas en ejecuci¨®n del plan 2013-2016 (...)¡±, se a?ade.

¡°Adicionalmente, no se ha informado si se han hecho reintegros al ministerio por haber sido el importe total de los libramientos realizados por este superior al de los compromisos asumidos por la Administraci¨®n auton¨®mica, o porque la Comunidad no haya cumplido el calendario de pagos pendientes a los beneficiarios de las ayudas en los t¨¦rminos que fija la cl¨¢usula quinta del convenio (...) ¡±, se sigue en una larga enumeraci¨®n de quejas.

Y se remata: ¡°La consejer¨ªa no ha aportado relaci¨®n de recursos en v¨ªa administrativa ni de demandas judiciales presentadas por personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas en relaci¨®n con la gesti¨®n de las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo que se desconocen los pasivos que pudieran surgir por obligaciones de cuant¨ªa indeterminada para hacer frente a responsabilidades procedentes de recursos administrativos y contencioso-administrativos en curso a cargo de la Comunidad de Madrid derivados de la gesti¨®n del plan, de modo que no ha podido calcularse el saldo por el que, en su caso, debieran dotarse las provisiones para responsabilidades¡±.

Futuro incierto

La Consejer¨ªa de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, preguntada por este diario, no ha aclarado si ha subsanado todos esos d¨¦ficits de informaci¨®n durante el proceso de alegaciones abierto por la C¨¢mara de Cuentas. En todo caso, el futuro del informe, elaborado en 2023, y su eventual (o no) aprobaci¨®n, est¨¢ rodeado de la m¨¢xima incertidumbre.

El a?o pasado, Ayuso (PP) gan¨® las elecciones del 28-M con mayor¨ªa absoluta y estren¨® su tercer mandato al frente de la Comunidad de Madrid. Una de las primeras decisiones que tom¨® la baronesa para explotar la libertad de acci¨®n que le concedieron las urnas fue registrar y aprobar en la Asamblea de Madrid una ley con 15 cambios legislativos que afectaban a m¨²ltiples normas. Entre ellos, uno que ha permitido al Gobierno regional controlar al organismo que debe fiscalizar su acci¨®n pol¨ªtica, contratos y gastos.

Como consecuencia de ese cambio legal, los siete nuevos consejeros de la C¨¢mara de Cuentas han sido elegidos este abril (cinco son del PP, uno de M¨¢s Madrid, y otro del PSOE), y Joaqu¨ªn Leguina, expresidente de la Comunidad expulsado del PSOE por apoyar a Ayuso, ha sido designado como su presidente. Eso quiere decir que el uso que se haga de las alegaciones gubernamentales, ya enviadas, y la eventual aprobaci¨®n del informe sobre los planes de vivienda, depender¨¢ de una c¨¢mara en la que son mayor¨ªa los consejeros elegidos por el PP, que a su vez es el partido que sustenta al Gobierno al que se fiscaliza.

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