La lucha contra la ley trans de Ayuso llega hasta el Tribunal Constitucional, que admite el recurso del Defensor del Pueblo

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a tr¨¢mite el recurso del Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, contra un punto de la reforma de la ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y no Discriminaci¨®n de la Comunidad de Madrid, que patrocin¨® en diciembre el gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso gracias a su mayor¨ªa absoluta. La decisi¨®n del alto tribunal confirma a esta instancia como escenario de un pulso legal sin precedentes para la pol¨ªtica regional madrile?a: el Constitucional tendr¨¢ que pronunciarse sobre ocho recursos pendientes de resoluci¨®n o admisi¨®n que han sido interpuestos en los ¨²ltimos a?os por la oposici¨®n contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea regional. A eso se une que el Gobierno central haya advertido al auton¨®mico de que debe reformar otras tres leyes si no quiere que este mismo tribunal se encargue de dirimir sus discrepancias.

El Defensor del Pueblo cuestiona que la ley disponga que ¡°para iniciar el tratamiento farmacol¨®gico ser¨¢ requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso¡±. La norma a?ade que ¡°en el caso de que existiera comorbilidad ser¨¢ imprescindible un informe favorable del profesional que est¨¦ tratando al menor en dichas patolog¨ªas¡±. Ambos requisitos resultan, a su juicio, ¡°patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger¡±.

Se tratar¨ªa de un caso de ¡°sobreprotecci¨®n¡± que supera las competencias del legislador, seg¨²n Gabilondo, pues ya es requisito previo al inicio del tratamiento que un pediatra examine al menor y que el proceso sea autorizado por quienes tengan su tutela, o por un juez.

¡°Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud mental, as¨ª como exigir un informe favorable del m¨¦dico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada¡±, argumenta la oficina del Defensor, que ha actuado a instancias de M¨¢s Madrid (que no cumple con los requisitos para plantear el recurso por s¨ª mismo) y de la asociaci¨®n Chrysallis.

El Defensor hizo p¨²blico un comunicado en el que explicaba que los cambios impulsados por la Comunidad de Madrid en el art¨ªculo 14 de dicha ley obedecieron, seg¨²n se desprende de su exposici¨®n de motivos, al prop¨®sito de ¡°garantizar la protecci¨®n de los menores transexuales¡±. Sin embargo, a?ad¨ªa que la reforma ¡°excede su cometido, limitando los derechos de los menores, de manera que, en un juicio de proporcionalidad, no supera el test de constitucionalidad¡±.

Patologizaci¨®n y violencia

As¨ª ha reaccionado Manuela Bergerot, la portavoz parlamentaria del partido que lidera la oposici¨®n, a la noticia de la admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso: ¡°Es una noticia que nos da esperanzas a los madrile?os que creemos en la libertad y queremos garantizar a los ni?os trans una vida libre de patologizaci¨®n y violencia (...) Confiamos en el trabajo del Tribunal Constitucional para defender los derechos de los madrile?os¡±.

Por su parte, M¨®nica Lavin, del PP, ha criticado a Gabilondo, acus¨¢ndole de actuar al servicio del PSOE, y se ha preguntado: ¡°?C¨®mo puede el Defensor del Pueblo recurrir una reforma que persigue la protecci¨®n de la infancia garantizando su derecho a la salud integral f¨ªsica y mental? ?C¨®mo puede el Defensor del Pueblo negar la importancia del acompa?amiento psicol¨®gico a los menores antes de un tratamiento irreversible? Renunciando a ser el Defensor del Pueblo para serlo de una estrategia pol¨ªtica¡±.

A este recurso del Defensor ahora admitido a tr¨¢mite se unen los del PSOE contra la ley ¨®mnibus (que ha permitido a Ayuso controlar Telemadrid, la C¨¢mara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la norma que regula la televisi¨®n y radio auton¨®micas, y la aprobaci¨®n de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no hab¨ªa los diputados suficientes. M¨¢s Madrid patrocina otros dos recursos de amparo contra la inadmisi¨®n de preguntas y la falta de quorum en la votaci¨®n de la ley del suelo; y el de la ley trans impulsado por el Defensor del Pueblo. Y Podemos tiene registrados dos, uno contra la ley Uber y otro de amparo por la del suelo.

No obstante, el choque administrativo que marca las relaciones de los gobiernos de Espa?a y Madrid desde que D¨ªaz Ayuso lleg¨® al poder por primera vez, en agosto de 2019, abre la puerta a nuevos recursos.

As¨ª, los dos ejecutivos han abierto negociaciones en una comisi¨®n bilateral para solventar sus discrepancias por un apartado de la ley de presupuestos auton¨®mica que el Estado considera irregular, al mencionar el ya extinto ¡°contrato por obra y servicio¡±; y por aspectos concretos de las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobadas en diciembre gracias a la mayor¨ªa absoluta del PP y pese a la oposici¨®n de asociaciones, activistas y partidos de izquierdas. Estos son los principales motivos de la disputa en el caso de estas dos ¨²ltimas normas.

• Ley de Protecci¨®n Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminaci¨®n por Raz¨®n de Orientaci¨®n e identidad Sexual. El art¨ªculo 14 ¡°patologiza la transexualidad¡±, cree el Ministerio de Igualdad, al establecer que los menores trans solo podr¨¢n iniciar su tratamiento hormonal previo examen de un pediatra, tras ser atendidos ¡°por un profesional de la salud mental¡± (psic¨®logo o psiquiatra), o que necesitar¨¢n un informe m¨¦dico favorable ¡°imprescindible¡± si tienen dos o m¨¢s enfermedades o trastornos mentales al mismo tiempo. Adem¨¢s, el Gobierno central impugna los apartados 15 y 17, en los que se especifican los derechos de utilizaci¨®n de espacios por parte de las personas trans ¡°sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o ni?as¡±. A juicio de Igualdad, esa referencia al uso de espacios comunes en funci¨®n del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad¡­) vulnera el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n al menoscabar el principio de igualdad y supone un uso discriminatorio del lenguaje. El Gobierno central tambi¨¦n se?ala que la ley estatal establece una prohibici¨®n expresa de terapias aversivas o de conversi¨®n incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, mientras que la norma madrile?a a?ade la coletilla ¡°sin que el asesoramiento psicol¨®gico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada¡±.
• Ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y No Discriminaci¨®n. El ministerio impugna que niegue a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimaci¨®n para presentarse como acusaci¨®n o representar a v¨ªctimas en procesos penales o administrativos sancionadores. Y recrimina: ¡°Este art¨ªculo vulnera el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ning¨²n procedimiento¡±.

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