El Supremo rechaza la denuncia contra Ayuso por las muertes en residencias de ancianos durante la pandemia

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, por las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia, al considerar que no est¨¢ clara la conexi¨®n entre la falta de derivaciones de los internos hacia los hospitales y los fallecimientos registrados. El auto de la Sala Penal explica que ¡°no disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qu¨¦ medida los criterios de derivaci¨®n hospitalaria que en la denuncia se denominan ¡®protocolos de la verg¨¹enza¡¯ fueron acertados y rigurosos m¨¦dicamente en funci¨®n de la situaci¨®n epidemiol¨®gica y hospitalaria de cada momento¡±. La resoluci¨®n a?ade que tambi¨¦n se desconoce ¡°cu¨¢l fue el verdadero grado de cumplimiento de esos protocolos¡± o ¡°qu¨¦ concretos pacientes pudieron fallecer por su aplicaci¨®n¡±.

La iniciativa contra Ayuso parti¨® de un particular, por los delitos de homicidio imprudente, omisi¨®n del deber de socorro, derecho a tratamiento m¨¦dico y delito de prevaricaci¨®n con la agravante de premeditaci¨®n. Todo ello en relaci¨®n con las muertes de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad durante la pandemia de COVID-19. El auto estima que la denuncia no puede ser admitida a tr¨¢mite por estar planteada en t¨¦rminos gen¨¦ricos e indeterminados. El auto advierte, en cambio, que en sede penal se requerir¨ªa ¡°vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada¡±, extremos que en el texto presentado no se precisan.

El denunciante hizo constar que los ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡±, de obligado cumplimiento para el personal de las residencias, impidi¨® la derivaci¨®n a hospitales de personas mayores enfermas que ten¨ªan ¡°un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, provocando la muerte de un elevad¨ªsimo n¨²mero de ellas que fallecieron sin atenci¨®n m¨¦dica¡±. En la documentaci¨®n del caso se mencionaban informes de la Polic¨ªa Municipal sobre la ¡°situaci¨®n cr¨ªtica¡± de numerosas residencias, que se citan expl¨ªcitamente.

Al texto de la denuncia se incorpor¨® tambi¨¦n un estudio internacional sobre ¡°las consecuencias de no derivaci¨®n a hospitales de residentes en residencias mayores de la Comunidad de Madrid¡± y otro de la epidemi¨®loga Mar¨ªa Victoria Zunzunegui. La conclusi¨®n expuesta por el denunciante fue que ¡°la mortalidad por covid en marzo y abril de 2020 entre los mayores que viv¨ªan en residencias y que no fueron hospitalizados super¨® el 40% en la Comunidad de Madrid ¨Dentre el 40,8% y el 46%, seg¨²n los dos estudios dedicados a Madrid¨D mientras que en otras comunidades aut¨®nomas ese porcentaje oscil¨® entre el 7,7% y el 25,9%¡±.

En cambio, la tasa de mortalidad entre los residentes que s¨ª fueron hospitalizados fue m¨¢s bajo: entre el 27,7% y 42,5%, seg¨²n esos mismos estudios sobre la Comunidad de Madrid. En otras autonom¨ªas ese porcentaje se movi¨® en un rango entre el 26,9% y el 66,6%. Los autores concluyen que en Madrid no se permiti¨® la derivaci¨®n al hospital de muchos de los casos m¨¢s graves que podr¨ªan haberse beneficiado de la atenci¨®n hospitalaria, sino que se envi¨® al hospital a aquellos con un mejor estado funcional.

Antes de analizar la posible responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el auto ¨Ddel que ha sido ponente el magistrado Juan Ram¨®n Berdugo¨D subraya que ¡°en otros ¨¢mbitos distintos se puede cuestionar cr¨ªticamente, analizar cient¨ªficamente o mostrar rechazo social a las medidas sanitarias que en aquellos dif¨ªciles y dram¨¢ticos momentos adoptaron las autoridades competentes¡±, y a?ade que ¡°sin embargo, aqu¨ª, en sede de un tribunal de la jurisdicci¨®n penal, solo nos corresponde analizar lo que se denuncia en los estrictos t¨¦rminos en que se desenvuelve la responsabilidad penal¡±.

La resoluci¨®n de la Sala Penal ¨Dcompuesta por cinco magistrados¨D explica a este respecto que una eventual atribuci¨®n de responsabilidad penal a ¡°la persona aforada (Ayuso) exigir¨ªa apreciar con nitidez la existencia de una relaci¨®n de causalidad concreta y precisa entre los fallecimientos y enfermedades producidos y las medidas adoptadas o las no adoptadas, pero que debieron serlo¡±. Por tanto, la relaci¨®n de causa a efecto entre los ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡± y las ¨®rdenes del Gobierno auton¨®mico ¡°no puede plantearse en los t¨¦rminos gen¨¦ricos o difusos en que aparecen en la denuncia¡±.

El tribunal expone que el archivo acordado ¡°es compatible con el cuestionamiento cr¨ªtico¡± de las decisiones que en ¨¢mbito sanitario se pudieron tomar por las autoridades en general y las de Madrid en particular. Y a?ade que dicho archivo ¡°ni es un aval a las pol¨ªticas sanitarias que se aplicaron en relaci¨®n con las residencias de personas mayores, ni lo contrario¡±.

El auto recuerda finalmente que hay constancia de que se han presentado numerosas denuncias ante la Fiscal¨ªa y ante los juzgados de instrucci¨®n de la Comunidad de Madrid por estos mismos hechos, pero ah¨ª s¨ª en relaci¨®n con residencias determinadas y personas concretas, y que en la propia denuncia se hace referencia a ello. ¡°Es en esos procedimientos ¨Dafirma el tribunal¨Den los que puede esclarecer lo ocurrido, determinando qu¨¦ fallecimientos pudieron estar asociados a decisiones pol¨ªticas, administrativas o de gesti¨®n y c¨®mo, por qui¨¦n y de qu¨¦ manera se tomaban las decisiones de no derivaci¨®n hospitalaria¡±.

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