Leguina debuta en la C¨¢mara de Cuentas con un informe que afea ¡°la deficiente colaboraci¨®n¡± del Gobierno de Ayuso

La C¨¢mara de Cuentas ha inaugurado su nueva etapa, marcada por la llegada del expresidente socialista Joaqu¨ªn Leguina a la presidencia, y por una reforma legal que facilita al PP el control del organismo fiscalizador, avalando un informe elaborado antes de todos esos cambios en el que se critica ¡°la deficiente colaboraci¨®n¡± de la Administraci¨®n regional. As¨ª consta en documentaci¨®n consultada por EL PA?S, y que recoge las quejas que ya subrayaba un anteproyecto adelantado por este diario que se centraba en analizar las actuaciones y los objetivos previstos en los planes de vivienda auton¨®micos y estatales 2013-2016 y 2018-2021 gestionados por la Comunidad de Madrid; o en examinar el gasto presupuestario de los ejercicios 2018-2022 en materia de planes de vivienda.

¡°El elevado n¨²mero de solicitudes presentadas sin que hayan sido respondidas ha dado lugar a las limitaciones descritas a lo largo del Informe, lo que evidencia una deficiente colaboraci¨®n de la entidad fiscalizada¡±, se lee en el documento sellado el 18 de septiembre; ¡°habiendo expresado los responsables de las distintas unidades competentes para la ejecuci¨®n de los Planes de Vivienda 2018-2022, continuadamente y, ¨²nicamente de forma verbal, la imposibilidad de atender las solicitudes, habida cuenta la carga de trabajo que soportan, as¨ª como la insuficiente dotaci¨®n de personal, sin que se haya dado traslado a esta C¨¢mara por escrito de las dificultades debidamente razonadas y sin que se haya requerido el plazo que hubiera precisado la Consejer¨ªa para dar respuesta a la informaci¨®n solicitada¡±.

No es la ¨²nica queja que recoge el documento sobre la falta de colaboraci¨®n por parte del gobierno regional en la tarea fiscalizadora encargada a la C¨¢mara de Cuentas.

De esta manera, se subraya que ¡°una parte de la documentaci¨®n se ha entregado de forma masiva (al menos, 795 archivos) sin organizar ni estructurar¡±. Tambi¨¦n, que ¡°Madrid no ha facilitado informaci¨®n a esta C¨¢mara de las aportaciones del Ministerio para financiar los programas del Plan a desarrollar en el marco del Convenio de 2015 y de la pr¨®rroga de 2017, por lo que no se pueden cuantificar los ingresos anuales ni su distribuci¨®n por programas¡±. O que ¡°tampoco se ha aportado informaci¨®n del total de obligaciones contabilizadas en ejecuci¨®n del Plan 2013-2016 y su pr¨®rroga, detalladas por ejercicios y por programas, por lo no se puede cifrar la totalidad de las obligaciones registradas en los a?os de vigencia del Plan¡±.

Son solo unos ejemplos de una ristra de quejas por falta de informaci¨®n que deb¨ªa proporcionar la Administraci¨®n regional. Por todo ello, subraya el informe, la Consejer¨ªa de Vivienda, Transportes e Infraestructuras debe ¡°fortalecer las capacidades del personal a cargo de la gesti¨®n de los Planes objeto de esta fiscalizaci¨®n, habiendo sido esta capacidad una causa aludida expresamente en la identificaci¨®n de las limitaciones al alcance motivadas por la falta de informaci¨®n disponible para la fiscalizaci¨®n¡±.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Adem¨¢s, el texto reclama a la Comunidad de Madrid que justifique ¡°con estudios e informes la elecci¨®n de los Programas a financiar dentro de los establecidos por los Planes de Vivienda del Estado¡±; que realice ¡°las acciones de control y seguimiento establecidas, tanto en el Convenio firmado con el Ministerio de Fomento, como en los suscritos con las Entidades Gestoras; o que reclame ¡°al Estado una cuant¨ªa de 7.391.256 euros que ha compensado en exceso¡±.

Si bien con una redacci¨®n diferente, algunas de esas quejas ya se insinuaban en el informe preliminar, elaborado por la anterior C¨¢mara de Cuentas, que dej¨® 17 dict¨¢menes pendientes de resolver de 2023, cuando el PP de Isabel D¨ªaz Ayuso a¨²n no hab¨ªa ejecutado la reforma legal que le ha permitido controlar el ¨®rgano que debe fiscalizar a su Gobierno.

Ese cambio legislativo supuso que el n¨²mero de miembros de la C¨¢mara pasase de tres a siete, y modific¨® el sistema de elecci¨®n de presidente y consejeros de forma similar al de elecci¨®n de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario controla la C¨¢mara, como ocurre en el Parlamento. Todo un contraste con el sistema anterior, vigente desde 2019, y en el que los integrantes de este ente p¨²blico eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo.

Por ello, el PSOE ha llevado la reforma al Tribunal Constitucional, que ha admitido a tr¨¢mite su recurso.