Sigue sin funcionar

¡°Resulta muy dif¨ªcil o casi imposible una cuantificaci¨®n exacta del n¨²mero de procedimientos penales que se sustancian por estos delitos [de odio] en los juzgados de Instrucci¨®n de toda Espa?a. Ninguna de las aplicaciones inform¨¢ticas de registro actualmente en funcionamiento tiene capacidad para ofrecer informaci¨®n fiable al respecto¡±. Este p¨¢rrafo, escondido en las 1.500 p¨¢ginas de la Memoria anual de la Fiscal¨ªa General del Estado, presentada esta semana, muestra con bastante claridad uno de los problemas a que hacen frente no solo la Administraci¨®n de justicia, sino todas las administraciones p¨²blicas en Espa?a: falta de inversi¨®n y de racionalidad para modernizar el funcionamiento de lo que deber¨ªa ser la estructura b¨¢sica del Estado.

La misma Memoria fiscal explica que en 2021 se suspendieron, como media nacional, el 35% de los juicios en los juzgados de lo Penal y el 32% en las audiencias provinciales, cifras que ya no son achacables a la pandemia, sino que se aproximan mucho a las de 2019 y 2020. Estos datos, reconoce la Memoria, ¡°inciden directamente en la insatisfacci¨®n y molestias que genera en la ciudadan¨ªa, producen un efecto negativo en relaci¨®n con los hechos delictivos que ven debilitados los medios probatorios por el paso del tiempo, conllevan la apreciaci¨®n de la atenuante de dilaciones indebidas cuando esta circunstancia no es imputable al acusado y suponen adem¨¢s una perturbaci¨®n para la organizaci¨®n de la Fiscal¨ªa y de los ¨®rganos judiciales¡±. Una descripci¨®n que deber¨ªa avergonzar a los responsables de esa situaci¨®n, pero que pasa pr¨¢cticamente inadvertida, en mitad de las grandes frases y de las grandes peleas en las que se mueven quienes deber¨ªan rendir cuentas por ella.

No es un problema que afecte solo a la Administraci¨®n de justicia, dotada de un estatuto especial. Las distintas administraciones, nacional, auton¨®micas, funcionan mal, siguen funcionando muy mal, no por falta de servidores que deseen ejercer bien su funci¨®n, sino por falta de un plan de reforma mil veces anunciado y reclamado y mil veces incumplido y olvidado, y por la escasez de funcionarios. Un reciente informe de la Fundaci¨®n de Estudios de Econom¨ªa Aplicada (FEDEA) destacaba el elevado grado de envejecimiento de las administraciones p¨²blicas espa?olas, que previsiblemente perder¨¢n casi un tercio de sus efectivos en la pr¨®xima d¨¦cada. ¡°La situaci¨®n exige un plan estrat¨¦gico de renovaci¨®n de recursos humanos que tenga tambi¨¦n entre sus objetivos remediar los actuales d¨¦ficits en capacidades t¨¦cnicas, digitales y de gesti¨®n¡±, propon¨ªa el informe.

La Administraci¨®n sigue abrumada por la proliferaci¨®n de mecanismos burocr¨¢ticos que incentivan el traspaso de la responsabilidad de decidir siempre un escal¨®n m¨¢s all¨¢, siempre varias hojas de calendario m¨¢s all¨¢, una p¨¦rdida de agilidad y proporci¨®n que provoca el agotamiento de los ciudadanos y de los propios servidores p¨²blicos. Es un problema formidable y deber¨ªa ser uno de los objetivos m¨¢s urgentes del pa¨ªs entero, un objetivo totalmente consensuado y respaldado por todas las fuerzas pol¨ªticas.

Se avecina una nueva crisis que exigir¨¢ un gran esfuerzo para sacar el m¨¢ximo beneficio de los recursos, propios y europeos, y la modernizaci¨®n de las administraciones p¨²blicas ser¨¢ clave para el buen funcionamiento de la econom¨ªa, pero no est¨¢ nada claro que esa urgencia sea percibida por todas las agendas pol¨ªticas. Es cierto que el Gobierno, en su Plan de Recuperaci¨®n, incluy¨® un cap¨ªtulo destinado a ese objetivo, con una inversi¨®n total prevista de 4.239 millones de euros (en su mayor¨ªa, fondos europeos), pero esa reforma solo ser¨¢ posible si se percibe como un gran e imprescindible objetivo nacional, respaldado por todos los agentes pol¨ªticos y sociales, implicados necesariamente en los imprescindibles planes de formaci¨®n de los funcionarios para capacitarlos en las nuevas tecnolog¨ªas. En ese camino de acuerdo nacional no se ha avanzado ni un mil¨ªmetro y se agota el tiempo para lograr resultados que alivien el impacto de la inminente crisis.

(Atendiendo a otras fuentes, dice la Memoria de la Fiscal¨ªa, se puede calcular que el a?o pasado el n¨²mero de procedimientos judiciales incoados por delitos de odio y discriminaci¨®n fue de 1.824, frente a los 1.434 de 2020. Y seg¨²n datos de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, el racismo y la xenofobia fueron las principales motivaciones (35%), seguidas por orientaci¨®n sexual o identidad de g¨¦nero. Eso s¨ª, para llegar a esos simples datos hay que dar mil vueltas).

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