A punto de escabullirse
Un debate muy importante gira en torno a exigir o no a las corporaciones responsabilidad sobre el uso de sus productos
Conseguir que las grandes empresas asuman su responsabilidad por los potenciales efectos da?inos de sus actividades para individuos concretos y para la sociedad en general ha sido siempre una pelea larga y dif¨ªcil. De eso se est¨¢ hablando ahora, una vez m¨¢s, en la Comisi¨®n Europea y en el Parlamento de Bruselas. ?Hasta d¨®nde se les puede pedir cuentas?, ?conseguir¨¢n algunos sectores, como el financiero, la miner¨ªa (la relacionada con tantalio, wolframio, oro y esta?o) o los fabricantes de armas y de equipos de vigilancia, volver a escabullirse?
A lo largo de la historia, ha habido casos sangrantes de abuso de algunas de las corporaciones m¨¢s poderosas del mundo occidental. Poco a poco, las leyes les fueron poniendo l¨ªmites, por lo menos en los pa¨ªses occidentales donde hab¨ªan nacido, aunque durante much¨ªsimo tiempo lograron esquivar todo tipo de responsabilidad por lo que hac¨ªan a trav¨¦s de filiales o subcontratistas en otros pa¨ªses menos desarrollados. Finalmente, hace relativamente poco tiempo, naci¨® el concepto de ¡°debida diligencia¡±, la idea de que las empresas, al menos las grandes, estaban obligadas a tomar medidas para identificar y prevenir los impactos negativos de sus actividades, aunque solo fuera en el medio ambiente y en el respeto a los derechos humanos. Y a exigir que respondan por esos potenciales efectos negativos, se hayan provocado donde se hayan provocado.
En febrero de 2022 la Comisi¨®n Europea envi¨® una propuesta de nueva directiva, aunque algo t¨ªmida, al Parlamento para su discusi¨®n y se supone que, a finales de este mes de abril, la comisi¨®n de Asuntos Jur¨ªdicos dar¨¢ su dictamen, pero no est¨¢ muy claro que no se vaya a posponer la aprobaci¨®n una vez m¨¢s. S¨ª est¨¢ claro que esa ¡°debida diligencia de sostenibilidad corporativa¡± debe afectar a toda la denominada cadena de valor, filiales, subcontratistas, proveedores y otras relaciones econ¨®micas, en el Estado de procedencia o en terceros pa¨ªses, pero el borrador inicial ten¨ªa un gran agujero: dejaba fuera a los servicios financieros. La decisi¨®n de incluirlos depender¨ªa de los gobiernos de cada pa¨ªs miembro de la Uni¨®n. Afortunadamente, tanto la Comisi¨®n Europea como la de Asuntos Jur¨ªdicos del Parlamento insisten en que hay que exigir tambi¨¦n debida diligencia al sector financiero porque, al fin y al cabo, son los bancos y compa?¨ªas de seguros los que mandan sobre much¨ªsimas empresas. Quiz¨¢s esta vez no consigan escabullirse, pero habr¨¢ que estar atentos, porque la decisi¨®n volver¨¢ a estar en la mesa final de negociaci¨®n entre instituciones europeas.
El debate m¨¢s importante gira en torno a si se debe exigir a las corporaciones responsabilidad sobre el uso de sus productos. Ese es, y ha sido siempre, el formidable agujero por el que se han escapado, por ejemplo, las empresas de armamento y las de productos m¨¢s contaminantes. Puedo aceptar, si no queda m¨¢s remedio, dicen los directivos de las empresas, que soy responsable de no emplear a ni?os en la fabricaci¨®n de mis productos, por ejemplo, o de la elecci¨®n de los proveedores que utilizo, de manera que no sean los que prenden fuego a los bosques, pero no tengo responsabilidad en el uso posterior de mis productos. Imposible controlarlo, salvo disponer de sistemas burocr¨¢ticos inmanejables, alegan.
¡°Sin embargo, esta exenci¨®n dar¨ªa cobijo¡± ¡ª?explica en la web Euroactiv la asesora de pol¨ªticas de Amnist¨ªa Internacional, Hannah Storey ¡ª ¡°a algunos de los peores infractores de derechos humanos de las empresas en Europa¡±. De hecho, las grandes empresas de armamento se las arreglan para estar seguras de que sus artilugios m¨¢s poderosos no acaban en manos de yihadistas, por ejemplo, pero afirman no poder evitar que los menos tecnol¨®gicos s¨ª vayan a parar, en todo el mundo, a todo tipo de grupos violentos o de gobiernos tir¨¢nicos. Hay que tener en cuenta que la directiva europea no se refiere a pymes, sino que solo afectar¨ªa a empresas que facturan m¨¢s de 150 millones de euros al a?o o que, siendo m¨¢s peque?as, trabajan en sectores especialmente peligrosos, sobre todo relacionados con la contaminaci¨®n.
Debida diligencia se les podr¨ªa exigir tambi¨¦n a los europarlamentarios. Si votan en comisi¨®n el 25 de abril, todav¨ªa quedar¨ªa tiempo para cerrar este asunto en el pleno del 31 de mayo. Ya es hora.
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