El Senado chileno da luz verde a la reforma de la Constituci¨®n militar

El Senado chileno ha aprobado el proyecto de reformar la actual Constituci¨®n, dictada por los militares hace 21 a?os, con el fin de eliminar los "enclaves autoritarios" y perfeccionar la representaci¨®n democr¨¢tica. Sin embargo, ha dejado pendientes para la votaci¨®n los temas m¨¢s conflictivos, en los que no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposici¨®n de derecha: la modificaci¨®n del sistema electoral binominal y la composici¨®n del Senado, adem¨¢s de la renovaci¨®n de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

Por 40 votos a favor y cinco en contra, el Senado ha aprobado anoche, despu¨¦s de cuatro horas de debate, el proyecto "en general", es decir, la idea de legislar al respecto. Tras aprobarse el proyecto, el portavoz del Gobierno, el ministro Heraldo Mu?oz, ha expresado su satisfacci¨®n y ha calificado el hecho de "muy positivo" para el pa¨ªs.

En ese sentido, ha pedido al Parlamento que apruebe todas las reformas, sin exclusiones, para "dejar atr¨¢s la transici¨®n y las divisiones del pasado" y para que el Gobierno pueda centrarse en la agenda social. La iniciativa aprobada anoche ha sido discutida durante un a?o y medio por la Comisi¨®n de Constituci¨®n, Legislaci¨®n y Justicia de la C¨¢mara Alta, que propuso a la sala la votaci¨®n de un informe de 500 p¨¢ginas.

Este documento registra los acuerdos entre el oficialismo y la oposici¨®n de derecha para legislar sobre materias consideradas vitales para el cierre de la transici¨®n a la democracia y el fin de los "enclaves autoritarios" legados por el ex dictador Augusto Pinochet.

Los mayores cambios en 20 a?os

Los cambios que se pretende efectuar a la Carta Magna son los mayores que se hayan hecho en este documento en los ¨²ltimos 20 a?os, ya que fue modificado en 1989, poco antes del retorno de la democracia, para dar paso a las primeras elecciones libres desde el golpe de Estado de 1973.

El presidente Ricardo Lagos se?al¨®, poco antes de la votaci¨®n, que Chile necesita "ante todo, solucionar sus tareas pendientes, y eso requiere democratizar sus instituciones mediante una reforma constitucional".

"Chile merece democratizar su institucionalidad y para ello las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil y debe existir un Parlamento que represente a todos los chilenos y no uno donde algunos de sus integrantes son elegidos por un grupo de personas", dijo.

El proyecto de reformas constitucionales establece la rebaja de seis a cuatro a?os del mandato presidencial y dispone elecciones parlamentarias y presidenciales de forma conjunta.

Adem¨¢s, cierra el camino al ingreso de los militares o autoridades de Gobierno al Parlamento al consagrar dos nuevas condiciones para ser candidato: no haber sido comandante en jefe de ninguna rama de las Fuerzas Armadas ni subsecretario en ninguna cartera el a?o anterior a las elecciones.

Tambi¨¦n se modifican los art¨ªculos de la Constituci¨®n que establecen que los militares son "garantes de la institucionalidad", y reparte esta responsabilidad entre todos los ¨®rganos del Estado.

Este acuerdo elimina las facultades del Consejo de Seguridad Nacional (que deja al presidente y a altos jefes de las Fuerzas Armadas a un mismo nivel) para designar senadores institucionales y ministros del Tribunal Constitucional.

Adem¨¢s, se compromete a analizar el car¨¢cter, la composici¨®n y las dem¨¢s funciones del organismo. Otra de las reformas en que hay consenso absoluto se refiere a la eliminaci¨®n de la exigencia a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero de vivir un a?o en el pa¨ªs para obtener la nacionalidad.

Asimismo, elimina la sentencia judicial como fuente de p¨¦rdida de la nacionalidad y establece que quienes hayan sido condenados a penas de c¨¢rcel recuperar¨¢n la ciudadan¨ªa inmediatamente despu¨¦s de que se haya extinguido su responsabilidad penal.

Tambi¨¦n incrementa las facultades de la C¨¢mara de Diputados, dando rango constitucional a las comisiones investigadoras, perfeccionando los preceptos relativos a sus facultades de adoptar acuerdos y estableciendo la obligatoriedad de que sus peticiones de informaci¨®n sean contestadas por el Ejecutivo.