La Fiscal¨ªa espa?ola aboga por revisar las causas pendientes tras el fallo del Supremo argentino

El fiscal general del Estado espa?ol, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha abogado por analizar si sigue siendo necesaria la intervenci¨®n de la Justicia espa?ola en casos relacionados con la dictadura argentina una vez que la Corte Suprema de este pa¨ªs declar¨® ayer inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Conde-Pumpido, que presidi¨® en Ja¨¦n una Junta de fiscales, ha se?alado en rueda de prensa que Espa?a, desde la Fiscal¨ªa General del Estado, ha potenciado la aplicaci¨®n de la jurisdicci¨®n universal para hacer frente a los cr¨ªmenes contra la humanidad. En esta l¨ªnea, el fiscal general del Estado ha se?alado que se ha dado "un avance important¨ªsimo" con la reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que se condenaba al argentino Adolfo Schilingo a 640 a?os de c¨¢rcel por los delitos de lesa humanidad con 30 muertos sobre sus espaldas, detenci¨®n ilegal y torturas.

"Si la justicia argentina, a trav¨¦s de las reformas legislativas procedentes, puede ser ¨²til para resolver esos problemas, tendremos que examinar si sigue siendo necesaria la intervenci¨®n de la Justicia espa?ola", ha subrayado Conde-Pumpido, para a?adir que en todo caso ¨¦sta es una cuesti¨®n que ata?e directamente a la Audiencia Nacional y en la que es "muy pronto para pronunciarse".

Cavallo, pendiente de juicio

El fiscal general del Estado ha recordado que Fiscal¨ªa sigue teniendo pendiente el proceso contra el ex militar Ricardo Miguel Cavallo en una causa en la que deber¨¢ examinarse el problema de la subsidiariedad, ya que "la jurisdicci¨®n universal interviene en principio cuando no hay una soluci¨®n en el propio lugar del hecho". En el caso concreto de Cavallo, Conde Pumpido ha afirmado que ¨¦sta es una cuesti¨®n que llegado el momento deber¨¢ ser valorada tanto por el tribunal como por la Fiscal¨ªa.

Las declaraciones de Conde-Pumpido se producen un d¨ªa despu¨¦s de la decisi¨®n de la Corte Suprema argentina de suspender las leyes adoptadas bajo el mandado del presidente Ra¨²l Alfons¨ªn en 1986 y 1987, lo que supone el fin de la impunidad para cientos de militares que podr¨ªan ser juzgados por la violaci¨®n de derechos humanos en la ¨¦poca de la dictadura en este pa¨ªs latinoamericano. Las primeras acciones legales no han tardado ni 24 horas en producirse. As¨ª, el juez federal de Tucum¨¢n Jorge Parache ha ordenado reactivar las investigaciones para dar con el paradero del hijo de una mujer espa?ola que desapareci¨® en esa provincia del norte de Argentina durante la dictadura (1976-1983), cuando estaba embarazada de cuatro meses.