Argentina pone punto final a la impunidad

La Corte Suprema argentina declar¨® ayer inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987 bajo el mandato del presidente Ra¨²l Alfons¨ªn. La sentencia judicial de ayer es inapelable. El presidente N¨¦stor Kirchner declar¨® nada m¨¢s conocer el fallo: "La impunidad ha terminado en Argentina". Estas dos leyes permitieron paralizar los procesos y exculpar a los condenados por cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983). La decisi¨®n judicial fue bien recibida tanto entre la clase pol¨ªtica como por asociaciones civiles, mientras el ministro de Defensa, Jos¨¦ Pampuro, reconoci¨® que entre los militares hay "cierta inquietud" por lo que pueda suceder a partir de ahora.

Por siete votos a favor, uno en contra y una abstenci¨®n, el m¨¢s alto tribunal argentino abri¨® ayer la v¨ªa para que contin¨²en los procesos ya iniciados -y aceptar nuevos casos- por violaci¨®n de los derechos humanos contra todos los implicados, independientemente de su cargo en el momento de cometer los cr¨ªmenes.

Diferentes juristas consultados expresaron sus dudas sobre los casos que han sido juzgados y a los que se les ha aplicado alguna de las leyes anuladas, ya que, seg¨²n los diferentes tratados internacionales suscritos por Argentina, no es posible juzgar a una persona por un mismo delito en dos ocasiones.

Lo que hizo ayer la Corte Suprema fue respaldar la decisi¨®n de un juez federal, que investigaba la desaparici¨®n de una pareja y su hija. El magistrado hab¨ªa fallado en 2001, en primera instancia, que las leyes que le imped¨ªan seguir adelante no respetaban el art¨ªculo 29 de la Carta Magna.

La decisi¨®n adoptada ahora culmina un largo proceso iniciado en octubre de 2000 cuando el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, el periodista Horacio Verbitsky, interpuso una querella criminal contra 11 personas implicadas en el secuestro en 1976 de Jos¨¦ Liborio Poblete Roa, Gertrudis Marta Hlazcdic y la hija de ambos, Claudia Victoria Poblete. La querella afectaba tanto a los altos jefes al mando de las unidades -entre ellos el comandante del I Cuerpo del Ej¨¦rcito, Carlos Guillermo Su¨¢rez Mason- como a subordinados de baja graduaci¨®n. Es el caso de Julio Sim¨®n, alias Turco Juli¨¢n, un suboficial de polic¨ªa, que particip¨® activamente en el secuestro y en las torturas posteriores que se prolongaron durante dos meses, como comprob¨® la investigaci¨®n posterior. La sentencia provisional estableci¨® que el crimen era tan grave que no pod¨ªa prescribir y que los implicados no pod¨ªan ampararse en el argumento de que obedec¨ªan ¨®rdenes superiores para justificar las violaciones cometidas.

"En Argentina, la impunidad ha terminado; este fallo devuelve la fe en la justicia", se?al¨® ayer nada m¨¢s conocer la decisi¨®n de la Corte Suprema el presidente N¨¦stor Kirchner. "Este fallo coloca a los ciudadanos frente a la ley", a?adi¨® el mandatario, para quien la decisi¨®n del alto tribunal "reconcilia a los argentinos".

La resoluci¨®n se conoci¨® poco despu¨¦s del mediod¨ªa (seis de la tarde, hora peninsular espa?ola) y provoc¨® la algarab¨ªa de decenas de personas que se hab¨ªan concentrado frente a la sede del tribunal, entre ellas varias fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, la organizaci¨®n que desde la dictadura comenz¨® a exigir el esclarecimiento de lo ocurrido con sus hijos secuestrados por las fuerzas argentinas o los paramilitares. "Despu¨¦s de 20 a?os, qu¨¦ menos que estar aqu¨ª celebr¨¢ndolo", se?alaba Nora Corti?as, una de las madres. "Los cr¨ªmenes que se han cometido ofenden a la humanidad. Los que arrojaron a las personas al r¨ªo, los que torturaban a las mujeres embarazadas, los que torturaban a los ni?os en el vientre de su madre metiendo una cuchara por la vagina y aplicando la picana [descarga el¨¦ctrica]... Esos genocidas no pueden pasar desapercibidos por tener un grado menor", subray¨®.

Militares afectados

En la actualidad hay 150 militares argentinos detenidos por diversas causas de violaci¨®n de derechos humanos, aunque sus procesos permanec¨ªan paralizados. El ministro de Defensa, Jos¨¦ Pampuro, se?al¨® ayer que la anulaci¨®n de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida podr¨ªa afectar a entre 500 y 1.000 militares.

Los medios locales manejan la cifra de 3.000 militares, tanto en activo como retirados, que podr¨ªan ser llamados a declarar en futuros procesos. Pampuro reconoci¨® la existencia de "cierta inquietud" entre los militares, aunque asegur¨® que en todo caso este estado era "a t¨ªtulo personal" y no como estamento. "En las Fuerzas Armadas se sab¨ªa que esto iba a pasar. Hay algunos que quieren saber c¨®mo va a evolucionar la cuesti¨®n, pero son asuntos de tipo personal", explic¨®.

Las leyes declaradas inconstitucionales son la 23.492 y la 23.521. La primera fijaba la extinci¨®n de acciones penales contra militares y civiles por delitos cometidos durante la dictadura. La segunda exim¨ªa de culpa a oficiales, suboficiales y tropa. Adem¨¢s, entre 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem indult¨® a numerosos militares condenados, entre ellos el primer jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla. Sin embargo, en agosto de 2003 el Congreso argentino declar¨® nulas las leyes en virtud de los tratados internacionales firmados por Argentina, seg¨²n los cuales los cr¨ªmenes contra la humanidad no prescriben. Esta decisi¨®n qued¨® en el aire a falta del dictamen final de la Corte Suprema.