Argentina abre la v¨ªa para procesar a ex militares de la dictadura

La Corte Suprema de Argentina declar¨® el martes por la tarde inconstitucionales las leyes de impunidad promulgadas en la d¨¦cada de los 80 por el primer gobierno democr¨¢tico del pa¨ªs y que ya fueron anuladas por el Parlamento en 2003. Se trata de dos normas, conocidas como Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represi¨®n pol¨ªtica entre los a?os 1976 y 1983, durante la dictadura militar.

La Corte Suprema alcanz¨® este fallo, toda una victoria para las v¨ªctimas de la dictadura, con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que uno (Carlos Fayt) vot¨® en contra de la resoluci¨®n y el ¨²ltimo (Augusto Belluscio) se abstuvo porque present¨® su renuncia al alto tribunal, que se har¨¢ efectiva en septiembre. El presidente de Argentina, N¨¦stor Kirchner, declar¨® nada m¨¢s conocerse el fallo que "la impunidad ha terminado en Argentina" y que "este fallo coloca a los ciudadanos frente a la ley".

Las leyes de amnist¨ªa fueron promulgadas en 1986 (la de Punto Final, que pon¨ªa l¨ªmite temporal al procesamiento de acusados de cr¨ªmenes durante la dictadura) y 1987 (Obediencia Debida, que consagr¨® la teor¨ªa de que los oficiales de rango inferior y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad actuaron en la represi¨®n ilegal forzados por los mandos superiores) por el Gobierno del entonces presidente Ra¨²l Alfons¨ªn, del Partido Radical. Con su aprobaci¨®n, que supuso el cierre de cientos de juicios contra represores, Alfons¨ªn pretend¨ªa calmar la rebeli¨®n militar en protesta a las citaciones judiciales de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora, gracias a la decisi¨®n tomada por la m¨¢xima instancia judicial del pa¨ªs de invalidar estas leyes, se podr¨¢ continuar con numerosos procesos judiciales, que estaban congelados, por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el r¨¦gimen militar.

Alfons¨ªn consider¨® el martes por la noche que dichas leyes fueron en su d¨ªa "v¨¢lidas e indispensables" como herramientas de protecci¨®n de los derechos humanos "para el futuro".

El tribunal supremo adopt¨® la medida despu¨¦s de analizar durante m¨¢s de tres a?os el caso de la desaparici¨®n, en 1978, de un matrimonio formado por el chileno Jos¨¦ Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik y la apropiaci¨®n de su hija, desde entonces desaparecida. En cualquier caso, la resoluci¨®n va m¨¢s all¨¢ de este caso concreto y sienta un precedente que abre la posibilidad de que un n¨²mero indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas -entre 1.000 y 1.500, seg¨²n las fuentes, de los cuales un 10% permanece en activo- que participaron en la represi¨®n pueden volver a ser citados a declarar ante la justicia y quedar detenidos por su implicaci¨®n en la desaparici¨®n de personas, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante el ¨²ltimo r¨¦gimen militar.

Inquietud en las Fuerzas Armadas

Antes de este fallo hist¨®rico, la Corte convalid¨® una serie de fallos de instancias judiciales inferiores que, a partir de marzo de 2001, cuestionaron la validez de las leyes del perd¨®n, que hab¨ªan sido aprobadas por el Parlamento en la d¨¦cada de los 80 bajo presi¨®n militar. Adem¨¢s, las principales causas por delitos de lesa humanidad fueron reabiertas por la justicia despu¨¦s de que, en agosto de 2003 y poco despu¨¦s de la llegada al poder del peronista N¨¦stor Kirchner, el Parlamento anulara las normas de Punto Final y Obediencia Debida. En la misma linea, Kirchner derog¨® en julio de ese a?o el decreto que imped¨ªa la extradici¨®n a terceros pa¨ªses de represores de la dictadura.

La nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad permiti¨® la reapertura de las causas sobre los cr¨ªmenes cometidos en la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo de Ej¨¦rcito, pero la resoluci¨®n de la Corte Suprema era indispensable para que todas las causas vinculadas al terrorismo de Estado avancen y sean elevadas a juicio oral. De los militares y polic¨ªas que figuran como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en activo", seg¨²n han se?alado portavoces del Ministerio de Defensa.

El titular de la cartera, Jos¨¦ Pampuro, ha admitido, horas antes de que se conociera el fallo del Supremo, que "hay inquietud y preocupaci¨®n" entre los militares involucrados. "Son bastantes los que tendr¨¢n que declarar. En las Fuerzas Armadas se sab¨ªa que este fallo se iba a dar", ha a?adido el ministro.