Las deudas de la paz salvadore?a

Al entrar a la capital salvadore?a, San Salvador, por la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Comalapa, en la jurisdicci¨®n de San Marcos, se levanta el monumento llamado el Cristo de la Paz, construido tras la guerra civil (1980-1992). ?ste pudiera ser un s¨ªmbolo de lo que sucede hoy en El Salvador, 15 a?os despu¨¦s de lograr el silencio de los fusiles entre el Gobierno y la guerrilla.

El Cristo de la Paz permanece abandonado y manchado con pintadas de las violentas pandillas conocidas como maras durante todo el a?o, hasta que llega enero y es remozado para conmemorar el aniversario. Despu¨¦s, una vez pintada de blanco la base del monumento, las organizaciones opositoras le estampan consignas antigubernamentales en las que exigen trabajo y democracia.

Hace hoy exactamente 15 a?os, el 16 de enero de 1992, el Gobierno presidido por el banquero Alfredo Cristiani y la jefatura del insurgente Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN) firmaron en el castillo de Chapultepec, M¨¦xico, un pacto pol¨ªtico que puso fin a una guerra civil que se hab¨ªa prolongado durante 12 a?os, en los que murieron m¨¢s de 80.000 personas, sobre todo civiles inocentes. La infraestructura fue destruida, la econom¨ªa retrocedi¨® 30 a?os y huyeron al exilio m¨¢s de mill¨®n y medio de habitantes.

La guerra hab¨ªa comenzado en 1980, cuando la dictadura militar ahogaba con sangre y metralla toda protesta. Uno de los detonantes del conflicto fue el asesinato del arzobispo ?scar Romero en marzo de 1980, cuando oficiaba una misa en un hospital oncol¨®gico. La guerrilla, que hab¨ªa sido fundada en 1970, se apertrech¨® y se alz¨® en las pocas monta?as que existen en el pa¨ªs m¨¢s peque?o de la Am¨¦rica continental.

Los intentos de alcanzar la paz fueron patentes desde el mismo inicio de la guerra civil. La Iglesia cat¨®lica, encabezada entonces por Arturo Rivera, intermedi¨® entre el FMLN y el entonces presidente, Napole¨®n Duarte, que se sent¨® con la insurgencia por primera vez en octubre de 1984. Tres a?os antes, los Gobiernos de M¨¦xico y Francia, presididos por Jos¨¦ L¨®pez Portillo y Fran?ois Miterrand, respectivamente, hab¨ªan reconocido la beligerancia de la insurgencia, lo que garantiz¨® el reconocimiento internacional a la gesti¨®n de Duarte. No obstante, ni el Ej¨¦rcito ni la guerrilla estaban dispuestos a hacer que callaran las armas.

Fue s¨®lo despu¨¦s de la ofensiva guerrillera contra San Salvador, en noviembre de 1989, cuando las partes entendieron que la v¨ªa militar estaba agotada. La Organizaci¨®n de Naciones Unidas (ONU) comenz¨® a asumir protagonismo a trav¨¦s de su embajador especial ?lvaro de Soto, que medi¨® entre los contendientes. Para entonces, el Ej¨¦rcito ya hab¨ªa cometido una de las masacres m¨¢s atroces de la contienda: la de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana (UCA); entre las v¨ªctimas se encontraba el religioso espa?ol Ignacio Ellacur¨ªa. Y, a su vez, el FMLN ya se hab¨ªa convencido de que no iba a haber una insurrecci¨®n popular.

El Acuerdo de Chapultepec de 1992 se convirti¨® en una herramienta para transformar a El Salvador y en la esencia que llevar¨ªa al pa¨ªs de la guerra a la paz y del Estado dictatorial al Estado democr¨¢tico. Sus metas eran, esencialmente, “terminar el conflicto armado por la v¨ªa pol¨ªtica, impulsar la democratizaci¨®n, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadore?a”.

Pero sobre la paz a¨²n pesan deudas impagadas. Aunque los analistas y los protagonistas del conflicto coinciden en que, a pesar de la polarizaci¨®n pol¨ªtica y social, no se ha producido hasta el momento ning¨²n s¨ªntoma de rebrote de un enfrentamiento b¨¦lico, sin embargo s¨ª es cierto que existen grupos y sectores descontentos.

El FMLN, hoy convertido en partido pol¨ªtico en la oposici¨®n, acusa al actual Gobierno, de la derechista Arena, de instaurar el autoritarismo civil y negar la alternancia en el poder. Las principales organizaciones humanitarias se?alan como grave la vigencia de la impunidad, la falta de un Estado de derecho y el mantenimiento de la Amnist¨ªa General de 1993, que protege a los responsables de cr¨ªmenes de lesa humanidad como las diversas matanzas de campesinos y los asesinatos de los sacerdotes jesuitas de 1989 y del arzobispo ?scar Arnulfo Romero en 1980.

Organizaciones laborales y sociales como la Red Sinti Techan y la Fundaci¨®n para el Estudio y la Aplicaci¨®n del Derecho (Fespad) se?alan signos de regresi¨®n democr¨¢tica y de exclusi¨®n econ¨®mica y social. ?stos, concluyen, son los motivos del ¨¦xodo hacia el exterior, que se ha convertido en la ¨²nica alternativa para m¨¢s de un mill¨®n de salvadore?os que han buscado bienestar y trabajo tras la guerra civil.