La Audiencia estudia una querella por la masacre de los jesuitas en El Salvador

Era demasiado tarde para que hubiera estudiantes. Sobre las tres de la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en pleno toque de queda, una treintena de miembros uniformados del Ej¨¦rcito salvadore?o entraron en la Universidad Centroamericana (Uca) de San Salvador y dispararon contra todos los que encontraron. En esa matanza perecieron Ignacio Ellacur¨ªa "el rector" y otros cinco jesuitas, todos profesores, as¨ª como la mujer del guardi¨¢n y su hija.

Diecinueve a?os despu¨¦s, dos asociaciones de derechos humanos, una espa?ola y otra estadounidense, han solicitado que se juzgue en Espa?a al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por haber consentido y encubierto la masacre, y a 14 militares que supuestamente participaron en la operaci¨®n criminal. La querella, promovida por la Asociaci¨®n pro Derechos Humanos de Espa?a y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco (EE UU), solicita que se investiguen esos hechos, perdonados por el Parlamento salvadore?o, que en 1993 aprob¨® una ley de amnist¨ªa general que ha protegido hasta hoy a todos los que estuvieron supuestamente implicados en la masacre, a¨²n en libertad.

?sa es la raz¨®n de que ambos colectivos hayan elegido la Audiencia Nacional, competente para juzgar los delitos de genocidio cometidos en el extranjero. Los hechos, seg¨²n el escrito presentado ayer, "se subsumen en cr¨ªmenes de lesa humanidad y terorismo de Estado" o, alternativamente, "en asesinatos cometidos en el contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad". La querella recay¨® en el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6. Lo primero que tendr¨¢ que decidir su titular, Eloy Velasco, es si la admite a tr¨¢mite, paso previo al inicio de la investigaci¨®n.

La competencia de este ¨®rgano vendr¨ªa tambi¨¦n determinada porque cinco de las v¨ªctimas ?los religiosos Ellacur¨ªa, Ignacio Mart¨ªn-Bar¨®, Segundo Montes, Juan Ram¨®n Moreno y Amado L¨®pez? eran espa?oles.

"Encubridor"

Cristiani, seg¨²n la querella, ser¨ªa responsable como "encubridor" de los hechos. El ex presidente "ocult¨® informaci¨®n sobre los hechos", eludi¨® "una adecuada investigaci¨®n", organizando otra que incurri¨® "en graves irregularidades procedimentales" e ignor¨® los requerimientos de la justicia salvadore?a para investigar las muertes.

Adem¨¢s del ex presidente Alfredo Cristiani, entre los denunciados se encuentran el entonces ministro de Defensa, Humberto Larios, o el que era jefe del Ej¨¦rcito Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador cuando se produjo el atentado, Ren¨¦ Emilio Ponce, adem¨¢s de otros cargos de los departamentos de Defensa y Seguridad P¨²blica y otros militares miembros del batall¨®n de Infanter¨ªa Atlacatl, a los que se acusa de perpetrar los cr¨ªmenes.

El presidente salvadore?o, El¨ªas Antonio Saca, se mostr¨® ayer en contra del proceso penal que podr¨ªa iniciarse en Espa?a. "Creo que abrir heridas del pasado no es la mejor f¨®rmula para la reconciliaci¨®n", asegur¨® Saca, que record¨® que, en su momento, se firm¨® un acuerdo de paz basado en la Ley de Reconciliaci¨®n y la Ley de Amnist¨ªa. Precisamente esta ¨²ltima norma es la que ha impedido que se juzgue a los presuntos autores de la matanza.

"Nos sentimos muy orgullosos del presidente Cristiani", prosigui¨® Saca. "Es el presidente de la paz, es un hombre que sac¨® al pa¨ªs de la quiebra econ¨®mica. Estamos con ¨¦l, lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el ¨²ltimo instante, porque es un hombre hist¨®rico para el pa¨ªs. Definitivamente no tiene nada que ver en eso", concluy¨®

Grandes esperanzas

Sin embargo, la querella ha generado grandes esperanzas entre los colectivos de derechos humanos salvadore?os. "Es un hito hist¨®rico porque demuestra que en El Salvador est¨¢ vigente la impunidad", dijo ayer David Morales, abogado de la Fundaci¨®n de Estudio y Aplicaci¨®n del Derecho (Fespad) y de un grupo de organizaciones de memoria hist¨®rica, ante la noticia de la posibilidad de abrir en Espa?a un juicio que se ha negado tanto tiempo en ese pa¨ªs.

Por su parte, la Compa?¨ªa de Jes¨²s y la Universidad Centroamericana, a la que pertenec¨ªan los sacerdotes asesinados, reiteraron que no son parte de la demanda hecha en Madrid, aunque respetan las iniciativas que puedan surgir en reclamo de justicia por parte de los familiares de los asesinados. "Desde hace a?os, la Compa?¨ªa de Jes¨²s en Centroam¨¦rica y la Uca han tomado la decisi¨®n de actuar en el caso jesuitas exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador", asegur¨® el sacerdote Jos¨¦ Mar¨ªa Tojeira, actual rector. "No participaremos en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadore?o o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador", a?adi¨®.

La Uca demand¨® a Alfredo Cristiani en 2000, as¨ª como a seis altos militares, entre ellos los generales retirados Guillermo Garc¨ªa y Ren¨¦ Emilio Ponce, a los que ahora se intenta investigar en Espa?a. Pero la demanda no prosper¨® al considerarse que el delito hab¨ªa prescrito.