La justicia argentina ordena que el dictador Videla contin¨²e en prisi¨®n

El dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), de 83 a?os, no podr¨¢ regresar al piso donde viv¨ªa con su esposa, en el distinguido barrio de Belgrano, en Buenos Aires, sino que deber¨¢ permanecer en una c¨¢rcel com¨²n dentro del regimiento militar de Campo de Mayo, a las afueras de la capital. As¨ª lo dispuso ayer la C¨¢mara de lo Criminal y Correccional Federal, que rechaz¨® la petici¨®n de Videla de volver a su domicilio, de donde hab¨ªa tenido que marcharse en octubre pasado por decisi¨®n de un juez de primera instancia.

Videla, que encabez¨® la dictadura militar m¨¢s cruel de la historia argentina, fue condenado en 1985, durante el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn, a prisi¨®n perpetua por violaciones de los derechos humanos, pero en 1990 el entonces presidente, Carlos Menem, lo indult¨®. Permaneci¨® libre durante ocho a?os, hasta que en 1998, cuando Menem a¨²n gobernaba, la justicia orden¨® su arresto domiciliario por delitos que no hab¨ªan sido juzgados en la d¨¦cada anterior: el robo de beb¨¦s que detenidas desaparecidas tuvieron en cautiverio. Por esta causa y por el secuestro de dos empresarios, Videla est¨¢ siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, que dispuso hace dos meses su traslado a una prisi¨®n controlada por el Servicio Penitenciario Federal, aunque emplazada en terrenos del Ej¨¦rcito. La mudanza hab¨ªa sido solicitada por organismos de derechos humanos, que reclaman que todos los criminales de la ¨²ltima dictadura argentina cumplan sus condenas en c¨¢rceles comunes y no en las militares.

"No pueden existir diferencias ni privilegios a favor de Videla", hab¨ªan reclamado a la justicia la Secretar¨ªa de Derechos Humanos del Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, querellante en el secuestro de los hermanos empresarios Gutheim, y la organizaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo, que demanda a Videla por la sustracci¨®n de sus nietos. Los querellantes estaban comparando la situaci¨®n del primer jefe de la ¨²ltima dictadura (1976-1983) con la de otros procesados por delitos de lesa humanidad del mismo periodo.

El juez Oyarbide determin¨® en octubre que, como la Corte Suprema hab¨ªa declarado el a?o pasado —durante el Gobierno de N¨¦stor Kirchner— la inconstitucionalidad del indulto de Menem, "Videla volvi¨® a ostentar car¨¢cter de condenado" por la causa iniciada en 1984 y finalizada en 1985. Ayer, dos de los tres magistrados de la Sala Segunda de la C¨¢mara Federal ratificaron la decisi¨®n de Oyarbide. Uno de ellos, Horacio Cattani, argument¨® que "no existen ex¨¢menes m¨¦dicos que fundadamente justifiquen que Videla deba permanecer bajo la modalidad de arresto domiciliario". El tercer juez vot¨® a favor del regreso de Videla al hogar por su edad y por haber respetado el arresto domiciliario durante 10 a?os.

Videla a¨²n espera el juicio oral por los casos del secuestro de los Gutheim, el robo de beb¨¦s, la Operaci¨®n C¨®ndor (el acuerdo entre las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para la represi¨®n ilegal de izquierdistas en la regi¨®n durante los a?os setenta) y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Primer Cuerpo del Ej¨¦rcito.

Organismos de derechos humanos calculan que 30.000 personas desaparecieron durante la ¨²ltima dictadura argentina, mientras que un informe oficial constat¨® en los ochenta unos 11.000 casos.

La pol¨¦mica por la detenci¨®n de los criminales de la dictadura se reaviv¨® la semana pasada, cuando la C¨¢mara Nacional de Casaci¨®n Penal concedi¨® la excarcelaci¨®n a una veintena de ex marinos con prisi¨®n preventiva, entre ellos los emblem¨¢ticos represores Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta. La fiscal¨ªa y el Gobierno apelaron la decisi¨®n ante la Corte Suprema y as¨ª se evit¨® la liberaci¨®n de los acusados. Ayer, uno de magistrados de aquella C¨¢mara, Guillermo Yacobucci, intent¨® defenderse, ahora que el Ejecutivo quiere destituirlo: dijo a una radio que los ex militares llevaban siete a?os presos sin condena, un plazo superior al permitido por la prisi¨®n preventiva. Y critic¨® a los jueces que llevan adelante los procesos por lentitud: "Hay un retardo de justicia que es culpa del poder judicial". Por ¨²ltimo, aclar¨® que los delitos del ¨²ltimo r¨¦gimen le generan "repugnancia visceral".