El Senado italiano corrige la pol¨ªtica migratoria de Berlusconi
Italia podr¨¢ retener a los inmigrantes indocumentados 60 d¨ªas como m¨¢ximo en lugar de las 18 semanas propuestas por el Gobierno
El Decreto Ley de Seguridad propuesto por el Gobierno de Silvio Berlusconi, que estipulaba en 18 semanas el m¨¢ximo que un inmigrante indocumentado pod¨ªa permanecer retenido en un centro de identificaci¨®n, ha sufrido un duro rev¨¦s por parte del Senado.
La c¨¢mara alta italiana ha aprobado este mi¨¦rcoles mediante voto secreto una enmienda a este decreto presentada por la oposici¨®n, por la que se limita el tiempo m¨¢ximo de retenci¨®n en 60 d¨ªas.
"Con la derogaci¨®n de esta norma se ha dado una se?al muy fuerte a la pol¨ªtica de inmigraci¨®n del Gobierno. Evidentemente sobre la l¨ªnea impuesta por (el ministro de Interior Roberto) Maroni no hay ni siquiera mayor¨ªa", ha comentado Felice Casson, promotor de la enmienda aprobada por el Senado. Casson, senador del PD,ha explicado que el voto secretose solicit¨® porque algunas de las propuestas iban contra los art¨ªculos 13, 24 y 29 de la Constituci¨®n italiana.
Los varapalos de la c¨¢mara alta al Gobierno de Berlusconi se han repetido este mi¨¦rcoles en tres ocasiones, y estuvo a punto de suceder una cuarta, con la enmienda propuesta por un senador del opositor Partido Democr¨¢tico (PD), liderado por Walter Veltroni, que ped¨ªa la revocaci¨®n de la pol¨¦mica tasa por el permiso de residencia.
Esta derrota parlamentaria del Gobierno llega en un momento en el que el ministro de Interior es cuestionado por su pol¨ªtica de inmigraci¨®n y, sobre todo, por su decisi¨®n de abrir un centro de identificaci¨®n y expulsi¨®n de inmigrantes en la peque?a isla de Lampedusa, considerada por muchos la puerta de entrada a Europa.
El Decreto Ley de Seguridad propuesto por el Gobierno italiano preve¨ªa entre otras medidas castigar el delito de inmigraci¨®n ilegal con multas de 5.000 a 10.000 euros; prohibir registrar sus matrimonios y nacimientos a los sin papeles; tasa anual de 125 euros por el permiso de residencia; elaboraci¨®n de un censo nacional de personas sin techo, y obligaci¨®n de tener una vivienda digna.
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