Argentina espera una ley que proteja sus bosques del desastre

Un aluvi¨®n de lodo en Tartagal (en el noroeste de Argentina, a 55 kil¨®metros del l¨ªmite con Bolivia) provoc¨® la desaparici¨®n el lunes de dos mujeres, y dej¨® 1.500 personas sin hogar y otras 8.500 afectadas. Pero la inundaci¨®n de barro en esa ciudad de la provincia de Salta, que el mi¨¦rcoles fue visitada por la presidenta Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, tambi¨¦n encendi¨® el debate por la relaci¨®n entre ese desastre natural y la deforestaci¨®n que sufre Argentina; y por los 14 meses de retraso que lleva el Gobierno de este pa¨ªs en reglamentar la ley de protecci¨®n ambiental de bosques. Organizaciones no gubernamentales reclaman que el Ejecutivo reglamente esa norma para frenar la tala de ¨¢rboles nativos del pa¨ªs, e incluso Greenpeace ha instalado un tel¨¦fono rojo en plazas de Argentina para recoger las protestas de los ciudadanos y enviarlas a un n¨²mero de la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino).

La presidenta Fern¨¢ndez evit¨® referirse a cuestiones ambientales en su visita, y relacion¨® las consecuencias del aluvi¨®n con la pobreza de una poblaci¨®n asentada en una zona rica en hidrocarburos y soja

Osvaldo Canziani, que integra el Panel Intergubernamental sobre Cambio Clim¨¢tico (ganador del Nobel de la Paz en 2007), no oculta sus cr¨ªticas a la ley aprobada por el Congreso argentino en noviembre de 2007 porque apunta a detener la tala pero no se refiere a la preservaci¨®n de "la diversidad ecol¨®gica local". Sin embargo, advierte que "la deforestaci¨®n y el aumento de las lluvias causaron el alud de barro en Tartagal", que ya hab¨ªa sufrido otra inundaci¨®n en 2006. "La deforestaci¨®n act¨²a de diversas maneras. En ¨¢reas de pendiente, como ¨¦stas, es la barrera para las correntadas. Los bosques son freno para el impacto de gotas muy grandes. La distribuci¨®n de ¨¢reas boscosas define las lluvias. Adem¨¢s, el efecto del calentamiento global se traduce en precipitaciones m¨¢s intensas que las que ya hab¨ªa en el norte de Argentina entre noviembre y abril. Es todo un problema combinado", concluye Canziani, en di¨¢logo con EL PA?S.

Tel¨¦fono rojo

El coordinador de la campa?a de bosques de Greenpeace, Hern¨¢n Girardi, tambi¨¦n vincul¨® las inundaciones de Tartagal con la deforestaci¨®n, una relaci¨®n que fue negada por los agricultores que plantan all¨ª soja, donde antes hab¨ªa bosques, y por t¨¦cnicos del Instituto Nacional de Tecnolog¨ªa Agropecuaria. "Ante la explotaci¨®n descontrolada, el ecosistema muchas veces no tiene capacidad de cicatrizaci¨®n para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo", dijo el dirigente de Greenpeace. La organizaci¨®n denuncia que entre 1998 y 2008 se destruyeron en el norte de Argentina cerca de 1,7 millones de hect¨¢reas de bosques nativos (casi tanto como toda la extensi¨®n de Kuwait o algo m¨¢s que la de Montenegro). "Es urgente que el Ejecutivo reglamente lo antes posible la ley de bosques", demand¨® Girardi.

Greenpeace y otras 50 organizaciones verdes, campesinas e ind¨ªgenas ?sus comunidades son desplazadas por la deforestaci¨®n? hab¨ªan presentado el pasado 30 de enero al secretario de Ambiente argentino, Homero Bibiloni, una carta que exig¨ªa que se aprobara la reglamentaci¨®n de la ley de bosques tal como la hab¨ªan acordado el Gobierno, las provincias y la sociedad civil en julio de 2008. Las ONG dicen que Bibiloni ha hecho un nuevo borrador de reglamentaci¨®n sin consultarlas, de car¨¢cter m¨¢s permisivo, que en lugar de multas a quienes deforesten sin autorizaci¨®n les impone "acciones de recomposici¨®n o compensaci¨®n ambiental que son imposibles de realizar cuando se da?a dr¨¢sticamente un ecosistema en peligro". El 4 de febrero, Greenpeace instal¨® cerca de la plaza de Mayo de Buenos Aires el tel¨¦fono rojo que antes hab¨ªa paseado por Mar del Plata, C¨®rdoba y Rosario.

En 2007, m¨¢s de 1,3 millones de argentinos hab¨ªan firmado a favor del proyecto de ley de preservaci¨®n de los bosques originarios, que hab¨ªa presentado el diputado entonces kirchnerista Miguel Bonasso. Para que los legisladores de las provincias afectadas lo aprobaran, se crearon subsidios a los agricultores que ya no podr¨ªan continuar con la tala. En julio pasado, la anterior secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, le pas¨® una reglamentaci¨®n de consenso a Cristina Fern¨¢ndez, y desde entonces se espera una decisi¨®n. Seg¨²n Greenpeace, el proyecto fue frenado por el ministro de Econom¨ªa, Carlos Fern¨¢ndez, dado que implica subvenciones anuales por 220 millones de euros. Bibiloni exculp¨® a la presidenta argentina de la demora y responsabiliz¨® a la ex secretaria Picolotti de elaborar una reglamentaci¨®n que no respetaba el federalismo y, por tanto, era inconstitucional. Adem¨¢s, dijo que algunas provincias ya estaban preparando el ordenamiento territorial que dispone la nueva legislaci¨®n para determinar las ¨¢reas protegidas.

El senador kirchnerista Daniel Filmus reconoci¨® que el aluvi¨®n de barro que destroz¨® Tartagal se relaciona con "el desmonte que hubo a?os atr¨¢s" y pidi¨® la reglamentaci¨®n de la ley de bosques. Entretanto, la presidenta Fern¨¢ndez evit¨® referirse a cuestiones ambientales en su visita, y relacion¨® las consecuencias del aluvi¨®n con la pobreza de una poblaci¨®n asentada en una zona rica en hidrocarburos y soja: "Hay que decirlo con todas las letras porque el que crea que ac¨¢ solamente se est¨¢ as¨ª porque vino un alud... El alud lo que hizo fue complicar una situaci¨®n de pobreza estructural". De todos modos, se espera que la jefa de Estado, que asumi¨® el cargo un mes despu¨¦s de aprobarse la ley de bosques, termine poni¨¦ndola en pr¨¢ctica en los pr¨®ximos d¨ªas.