El Ej¨¦rcito argentino entra en el siglo XXI
El Gobierno deroga la jurisdicci¨®n penal militar que ampar¨® los abusos de todas las dictaduras.- Se suprimen la pena de muerte castrense y el delito de homosexualidad
La herida de dolor y espanto que dej¨® la actuaci¨®n de las fuerzas armadas argentinas durante la feroz dictadura militar de los a?os 70 recibir¨¢ un nuevo b¨¢lsamo el pr¨®ximo viernes 27 con la derogaci¨®n definitiva de la jurisdicci¨®n penal militar y la entrada en vigor de una nueva ley, seg¨²n la cual los militares que cometan delitos en tiempo de paz no ser¨¢n juzgados por otros militares sino que se someter¨¢n, como cualquier otro ciudadano, a los tribunales civiles ordinarios.
"La nueva ley, impulsada por el Gobierno de [el anterior presidente, N¨¦stor] Kirchner y aprobada por 59 votos contra dos en el Congreso, supone una novedad absoluta en Am¨¦rica Latina, donde los militares se han reservado tradicionalmente, de una manera u otra, la jurisdicci¨®n penal, para no someterse en ning¨²n caso a jueces civiles", asegura Ileana Arduino, abogada, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del ministerio de Defensa, y una de las responsables de la elaboraci¨®n de las nuevas normas.
La entrada en vigor de la reforma penal coincide con nuevas iniciativas para modificar en profundidad la formaci¨®n profesional de los militares. El a?o pasado se introdujeron siete nuevas materias relacionadas con el derecho internacional humanitario, derechos humanos, historia contempor¨¢nea argentina o formaci¨®n ciudadana. Y ¨¦ste curso, por primera vez, cadetes de cuarto a?o de la Escuela Naval recibir¨¢n las ense?anzas sobre Derecho Internacional en la sede de una instituci¨®n civil ajena al mundo castrense, la Universidad de La Plata, en lo que se considera un experimento que ser¨¢ aplicado en el futuro a otras escuelas militares. Los planes de estudio dependen de otra mujer, la subsecretaria de Formaci¨®n, Sabina Frederic.
La reforma de los c¨®digos militar y penal tiene una importancia capital. Han pasado 25 a?os desde que la dictadura militar se desmoron¨®, pero todav¨ªa no hace ni diez que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas pretendi¨® declararse competente en la causa abierta por el secuestro y robo de beb¨¦s durante la dictadura militar. Afortunadamente, una ley preve¨ªa desde la etapa del presidente Ra¨²l Alfons¨ªn que los fallos castrenses pudieran ser apelados, excepcionalmente, en la justicia federal y la Corte de Casaci¨®n impidi¨® semejante enga?o.
Fin del 'honor militar'
A partir de ahora, desaparece completamente la jurisdicci¨®n penal militar y se incorporan al C¨®digo Penal ordinario figuras delictivas espec¨ªficas para el ¨¢mbito castrense, entre ellas el nuevo delito de acoso sexual cometido por un superior. Por el contrario, desaparecen todos los delitos denominados "contra el honor militar", una figura, que seg¨²n Arduino, solo serv¨ªa para resaltar la idea de que los militares tienen un honor y unos valores diferentes a los del resto de los ciudadanos.
Especialmente importante es tambi¨¦n la desaparici¨®n absoluta de la pena de muerte (que exist¨ªa como figura penal en el derogado C¨®digo de Justicia Militar, y que, aunque no se aplicaba desde hace d¨¦cadas, se segu¨ªa pidiendo formalmente en determinados casos) y del delito de homosexualidad, una supresi¨®n de alto contenido simb¨®lico en unas Fuerzas Armadas tan vinculadas a la religi¨®n cat¨®lica que hasta hace todav¨ªa poco obligaban a los oficiales que se divorciaban a pedir el retiro.
La necesidad de reformar radicalmente el C¨®digo de Justicia Militar se hizo patente a ra¨ªz de los llamados caso Correa Belisle y caso L¨®pez. El capit¨¢n Correa fue condenado a un a?o de c¨¢rcel por denunciar en 1994 el asesinato de un soldado, encubierto por los mandos superiores de su unidad, y llev¨® su caso ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH consider¨® en 2004 que se le hab¨ªa impedido ejercer su derecho a la defensa. Para evitar una condena oficial, el Gobierno se comprometi¨® a reformar la jurisdicci¨®n militar argentina y en marzo de 2006 cre¨® una comisi¨®n integrada por juristas de gran prestigio, entre ellos el ministro de la Corte Suprema Ra¨²l Zaffaroni, y especialistas en derecho de las fuerzas armadas, como el coronel auditor Manuel Omar Lozano.
"No es extra?o o¨ªr ahora entre los militares que no pod¨ªamos administrar justicia como lo hac¨ªamos", asegura Lozano. El coronel admite que la redacci¨®n de las nuevas normas y su aplicaci¨®n dar¨¢n origen a "tiranteces", pero mantiene que la mayor¨ªa de los oficiales comprende perfectamente que no se pod¨ªa mantener la situaci¨®n actual. "Muchos cre¨ªan que administrar justicia era una simple herramienta del mando y eso no puede ser as¨ª", explica.
El antiguo c¨®digo permit¨ªa que los jueces e integrantes de los tribunales militares no fueran abogados y, adem¨¢s, les obligaba a mantener una relaci¨®n de jerarqu¨ªa, con lo cual no exist¨ªa ni asistencia t¨¦cnica ni la menor independencia judicial.
La nueva ley establece que en tiempo de guerra o de conflicto armado, pueden existir tribunales penales militares "si la situaci¨®n hace imposible recurrir al r¨¦gimen penal ordinario". En esos casos, tanto los jueces como el fiscal y defensor deber¨¢n ser abogados y sus fallos no ser¨¢n firmes hasta que el poder judicial ordinario pueda tramitar los recursos pertinentes", explica el coronel Lozano. Ante la duda de cu¨¢l pueda ser el significado exacto de "conflicto armado", Lozano asegura que se trata de la misma definici¨®n que figura en las Convenciones de Ginebra y las declaraciones de derechos humanos que ha suscrito Argentina. Recuerda que la legislaci¨®n argentina vigente ya proh¨ªbe a las Fuerzas Armadas participar en conflictos de seguridad interna, asi como pedir a sus integrantes que obedezcan ¨®rdenes manifiestamente inconstitucionales.
La misma apelaci¨®n a la Constituci¨®n figura tambi¨¦n en el nuevo C¨®digo Disciplinario, en el que se establecen las faltas y las sanciones en casos de indisciplina militar. Las nuevas normas abren canales para combatir el abuso de autoridad y las novatadas y dejan claramente establecido, por primera vez, que esta prohibido utilizar el poder disciplinario para sancionar "ideas, creencias pol¨ªticas, religiosas o morales" y que las sanciones no podr¨¢n afectar "a la dignidad personal ni humillar al soldado".
Tres mujeres en el alto mando
El Ministerio de Defensa argentino ocupa un impresionante edificio construido ya en su origen por los militares para dejar constancia, a simple vista, de su poder¨ªo y capacidad econ¨®mica. El formidable aspecto exterior no se compadece mucho con el interior, algo deteriorado y falto de mantenimiento, como en la mayor¨ªa de los edificios oficiales porte?os.
En la planta noble, piso 11, dos soldados de artiller¨ªa en traje de gala hacen guardia ante una puerta. Es el despacho de la ministra de Defensa, Nilda Garr¨¦, de 62 a?os, abogada, una mujer con mucha experiencia pol¨ªtica, que ha desarrollado toda su carrera dentro del peronismo.
El caso de Garr¨¦ no es novedoso en Am¨¦rica Latina, donde curiosamente muchas mujeres se han hecho cargo de la cartera de Defensa. La m¨¢s conocida es seguramente la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero tambi¨¦n hubo una ministra de Defensa colombiana, Marta Luc¨ªa Ram¨ªrez, y una uruguaya, Azuzena Berruri, entre otras. El Ministerio de Defensa argentino tiene fama, adem¨¢s, desde hace ya algunos a?os, de contar con un alto n¨²mero de mujeres en puestos ejecutivos.
El anterior titular, Jos¨¦ Pampero, form¨® un equipo en el que seis de nueve cargos de confianza estaban en manos de mujeres. Garr¨¦ ha mantenido, en parte, esa l¨ªnea y cuenta en su organigrama con algunas valiosas colaboradoras. Dos de las m¨¢s conocidas son la subsecretaria de Formaci¨®n, Sabina Frederic, y la directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Ileana Arduino.
Frederic, una antrop¨®loga doctorada por la universidad de Utrech, en Holanda, tiene una apariencia extremadamente juvenil, aunque declara 43 a?os. Ella es la responsable de los nuevos planes de educaci¨®n en las diferentes escuelas militares y reconoce que es un trabajo apasionante y complicado. En la actualidad tiene en marcha un novedoso proyecto para conseguir que los instructores militares, que son realmente quienes pasan todo el d¨ªa con los cadetes y quienes m¨¢s les influyen, asistan a un curso en el que se trate de "todo lo que significa ser un militar ciudadano", explica.
Frederic, empe?ada en combatir el abuso de autoridad desde la formaci¨®n, reconoce que existe una fuerte y rec¨ªproca desconfianza entre el mundo civil y el militar y que se ha notado incluso cuando se ha intentado llevar profesores civiles universitarios a las escuelas militares y organizar el paso de los cadetes por las sedes de esas universidades. Reconoce que todav¨ªa existen muchos militares retirados entre el profesorado de las escuelas militares ("no se trata de suprimirlos a todos") y que incluso se han dado dos casos mas o menos reciente de profesores encausados por su participaci¨®n en la dictadura, pero aun as¨ª se siente esperanzada y muy confiada en el resultado de la nueva formaci¨®n de los militares argentinos.
La misma confianza tiene Ileana Arduino, una abogada de s¨®lo 31 a?os, que se ocupa de los derechos humanos en el Ministerio de Defensa. Sentada en su escueto despacho, llama al coronel Lozano para charlar sobre la nueva legislaci¨®n militar. Los dos dan muestras de una gran complicidad y de una misma confianza. "Es una transformaci¨®n muy compleja pero extremadamente importante para nuestro pa¨ªs", explica Arduino. Admite que la imagen de los militares argentinos puede ser muy mala, pero conf¨ªa en la posibilidad de mejorarla, al mismo tiempo que mejora su reglamentaci¨®n y su actividad. "Ahora hay militares argentinos en misiones de paz de Naciones Unidas", recuerda.
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