A Evo Morales le quieren llevar a juicio

La propuesta de iniciar un juicio pol¨ªtico contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, como uno de los responsables en la trama de corrupci¨®n desvelada en la empresa estatal del petr¨®leo, Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha causado gran indignaci¨®n en el Gobierno, algunos de cuyos ministros la calificaron de "aberraci¨®n jur¨ªdica".

La propuesta fue presentada ante la Fiscal¨ªa General por el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Coss¨ªo, con la posterior adhesi¨®n de los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca.

El fiscal general, Mario Uribe, confirm¨® en Sucre la recepci¨®n de la propuesta de acusaci¨®n contra el jefe del Estado por la presunta comisi¨®n de delito en resoluciones contrarias a la Constituci¨®n y a las leyes e incumplimiento de deberes.

La acusaci¨®n sostiene que el decreto 29.506, promulgado por el presidente Morales, ha permitido el manejo discrecional de los recursos destinados a la empresa petrolera estatal

Este documento ser¨¢ considerado por un fiscal de Recursos para definir su procedencia o no dentro de la ley de Juicio de Responsabilidades, como se denomina en Bolivia al juicio pol¨ªtico, y elevarse a conocimiento del Congreso para que, de aprobarse en esa instancia, se tramite ante la Corte Suprema de Justicia como caso de corte.

Los titulares de las carteras de Defensa, Walker San Miguel, y de Defensa Legal del Estado, H¨¦ctor Arce, coincidieron en se?alar que los decretos supremos dictados por el Gobierno de La Paz "son total y legalmente constitucionales", en declaraciones efectuadas recientemente a la prensa local.

San Miguel afirm¨® que la proposici¨®n acusatoria presentada ante la Fiscal¨ªa General tiene una sola finalidad: "Echar una cortina de humo sobre las propias responsabilidades del prefecto Coss¨ªo en el denominado golpe c¨ªvico prefectural", gestado y ejecutado el pasado a?o "con la lamentable consecuencia de la masacre de Porvenir en Pando".

Manejo discrecional de recursos

La acusaci¨®n sostiene que el decreto 29.506, promulgado por el presidente Morales, ha permitido el manejo discrecional de los recursos destinados a la empresa petrolera estatal, cuyos ejecutivos pod¨ªan contratar de manera directa la realizaci¨®n de obras, servicios generales y de consultor¨ªa para el desarrollo de actividades en toda la cadena de Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales Bolivianos, convertida, tras la nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos, en el coraz¨®n de la econom¨ªa boliviana.

El prop¨®sito del Gobierno de La Paz de facilitar y agilizar la gesti¨®n del nuevo sector productivo del Estado, para que se levante en el menor tiempo posible, se canaliz¨® en un r¨¦gimen de fideicomisos que exime a los ejecutivos de someterse a los controles de las estrictas leyes de la administraci¨®n p¨²blica vigente, entre ellas la ley de Administraci¨®n y Control de los recursos del Estado.

La fluidez de egresos de los fideicomisos, sin mucha traba burocr¨¢tica, parece haber sido la fuente de fuertes e inevitables tentaciones para muchos de los que se estrenaron en la funci¨®n p¨²blica y "cayeron en la trampa de la corrupci¨®n,", como lament¨® el propio presidente Evo Morales cuando acus¨® a la CIA de ser responsable de la cat¨¢strofe en la estatal YPFB.

Hace cinco a?os el pa¨ªs era considerado como el mayor proveedor de gas del Cono Sur, con boyantes y crecientes mercados en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Hoy apenas se alcanzan los m¨ªnimos previstos de venta de gas a Brasil y Argentina. Las perspectivas, adem¨¢s, han cambiado: es posible que estos pa¨ªses prescindan del gas boliviano en un futuro pr¨®ximo.

Bolivia seguir¨¢ comprando di¨¦sel y gasolina, pues el gas, sin inversiones, seguir¨¢ viendo reducida su capacidad de asumir el peque?o consumo dom¨¦stico por la escasa capacidad de inversiones de YPFB en la actualidad.

La corrupci¨®n no afecta solamente al sector petrolero. Se ha denunciado la presunta malversaci¨®n de un fideicomiso por casi un mill¨®n de euros en el programa de viviendas de inter¨¦s social. Apenas 300 de las 14.000 previstas est¨¢n en construcci¨®n.

Las autoridades anunciaron una pronta investigaci¨®n ante una presunta sustracci¨®n de documentos, en lo que comienza a ser una incontenible riada de denuncias de irregularidades en la Administraci¨®n p¨²blica.

La corrupci¨®n que sacude los ¨®rganos vitales del aparato p¨²blico boliviano ha desnudado asimismo una realidad dram¨¢tica: la inexperiencia y la falta de conocimiento de funciones y responsabilidades con que asumen los nuevos ejecutivos de entidades p¨²blicas bolivianas.