La mano negra boliviana
El caso de los presuntos terroristas ejecutados en Santa Cruz se enreda sin salida p¨®litica y judicial - Los familiares piden una investigaci¨®n internacional
Hace seis meses un operativo policial acab¨® con la vida de tres europeos en un hotel de la localidad boliviana de Santa Cruz. Desde entonces, los escollos pol¨ªticos y judiciales est¨¢n complicando las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio P¨²blico, que no ha constatado la existencia de una conspiraci¨®n para asesinar al presidente, Evo Morales, ni tampoco movimientos secesionistas regionales que motivaran la acci¨®n policial.
El pasado 16 de abril, el Gobierno boliviano denunci¨® la presencia de terroristas para acabar con la vida de Morales; el vicepresidente, ?lvaro Garc¨ªa Linera, y el gobernador de Santa Cruz, Rub¨¦n Costas, horas despu¨¦s de que una unidad de ¨¦lite de la polic¨ªa confirmara la muerte de tres europeos y la detenci¨®n de dos personas tras un supuesto enfrentamiento armado en una habitaci¨®n del hotel Las Am¨¦ricas.
La incursi¨®n policial acab¨® con la vida del boliviano-h¨²ngaro Eduardo Rozsa Flores, de 49 a?os; el irland¨¦s Michael Dwyer, de 24, y el rumano Arpad Magiarosi, de 28, y permiti¨® la detenci¨®n del h¨²ngaro Elod Toazso y del boliviano-croata Mario Tadic, encerrados a¨²n en una hacinada c¨¢rcel de La Paz a la espera de un juicio, probablemente bajo cargos de alzamiento armado. Los abogados de los familiares presionan a sus Gobiernos para que lleven el caso ante un tribunal internacional.
Otros tres bolivianos fueron detenidos bajo sospecha de complicidad. Uno de ellos, Ignacio Villa Vargas, un testigo clave en la investigaci¨®n, se fug¨® tras implicar a l¨ªderes regionales y a empresarios de Santa Cruz en el supuesto complot separatista, aunque, antes de desaparecer, asegur¨® p¨²blicamente que fue presionado por la fiscal¨ªa para involucrarlos.
Para entonces, las autoridades gubernamentales se?alaron que la misi¨®n del grupo liderado por Rozsa era respaldar la secesi¨®n de Santa Cruz si no se lograba poner en marcha el proceso de autonom¨ªa, al que se opon¨ªa el Gobierno de Morales.
El informe policial sobre la operaci¨®n ejecutada en el hotel constataba la muerte instant¨¢nea de los tres europeos, sospechosos tambi¨¦n de ser autores de un atentado contra la vivienda del cardenal Julio Terrazas. Sin embargo, los informes del forense y de los peritos y las fotograf¨ªas de los cuerpos sobre charcos de sangre mostraron otra realidad: la polic¨ªa los pill¨® literalmente en calzoncillos y los abati¨® a tiros.
Los diputados de la oposici¨®n, que integran un grupo de investigaci¨®n de la C¨¢mara Baja, adelantaron a los medios que no hubo tal enfrentamiento y que los disparos que impactaron en los cuerpos se dieron de arriba hacia abajo. El diputado Pablo Banegas se?al¨® que daba la sensaci¨®n de que fueron ejecutados, ya que no hubo fuego cruzado, y uno de los cuerpos ten¨ªa heridas de bala por la espalda. Sin embargo, esta teor¨ªa fue rechazada por las autoridades bolivianas.
"En realidad, los dejaron morir desangrados", afirm¨® el ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Dur¨¢n, durante una entrevista telef¨®nica con EL PA?S. El ex magistrado lament¨® que la polic¨ªa boliviana haya quebrantado "los protocolos elementales que tiene todo cuerpo policial en el mundo" al no prestar auxilio a los heridos. El hospital San Juan de Dios se encuentra a 200 metros del hotel.
La gravedad que mostraban los informes forenses qued¨® minimizada ante la ofensiva desplegada desde La Paz para que la investigaci¨®n y el proceso judicial se cumplieran en la sede de Gobierno y no en la ciudad de Santa Cruz, escenario de los hechos.
La investigaci¨®n fiscal se enfoc¨® en buscar nexos entre Rozsa y los l¨ªderes regionales del oriente boliviano, muchos de los cuales se negaron a declarar en la sede de Gobierno y se enfrascaron en una batalla legal a fin de que el proceso se dirima en Santa Cruz. El forcejeo origin¨® un conflicto entre jueces de ambos distritos que lleg¨® a la Corte Suprema. El fallo supuso un mal trago para el Gobierno y anuncios de juicios a los magistrados bajo cargos de prevaricaci¨®n.
Los parlamentarios opositores a Evo se quejaron de que la comisi¨®n de la C¨¢mara de Diputados no haya terminado de redactar los resultados de sus pesquisas, debido al retraso del Ministerio P¨²blico en hacerles llegar copias de los documentos archivados en los ordenadores incautados en el hotel de Santa Cruz.
Una tercera v¨ªa de investigaci¨®n, abierta por el presentador de televisi¨®n Carlos Valverde, logr¨® perforar el hermetismo de la fiscal¨ªa de La Paz sobre el ordenador de Rozsa. El disco duro albergaba las respuestas a preguntas candentes, como la identificaci¨®n de las personas que le invitaron a Bolivia, la misi¨®n que deb¨ªa cumplir y las fuentes de financiaci¨®n, entre otros asuntos.
Es precisamente de estos archivos de donde emerge la sospecha de que, a diferencia de la versi¨®n oficial, fueron hombres allegados al Gobierno boliviano los que contactaron con Rozsa, a quien la Embajada de Venezuela supuestamente pag¨® cinco pasajes bajo una de las identidades que utiliz¨® en este pa¨ªs, seg¨²n los documentos exhibidos por Valverde.
Carlos Valverde, uno de los presentadores bolivianos con mayor audiencia, hizo una relaci¨®n de la correspondencia que, por correo electr¨®nico, mantuvo Rozsa con sus contactos (cambas, como se llama a los oriundos de Santa Cruz) y, presuntamente, con funcionarios gubernamentales.
El vicepresidente ?lvaro Garc¨ªa Linera calific¨® de "burlesco, grotesco" y de "informaci¨®n falseada" la se?alada por Valverde, quien dio a conocer el contenido de un par de estos correos electr¨®nicos que datan de noviembre de 2008: uno de Rozsa al "camarada Linera" y el segundo, una respuesta firmada por "?lvaro".
La fiscal¨ªa de La Paz descalific¨® por falsas unas fotograf¨ªas publicadas por la prensa local que retratan al ex comandante Walter Andrade, de la Unidad T¨¢ctica de Resoluci¨®n de Crisis (UTARC), junto a Rozsa, un h¨¦roe de la guerra en Croacia, durante una comida en una casa en Santa Cruz. La polic¨ªa dijo que Andrade estaba infiltrado en el grupo de presuntos mercenarios, cuya presencia fue detectada por los servicios de informaci¨®n del Estado boliviano en febrero, seg¨²n fuentes oficiales.
Tras seis meses de indagaciones, filtraci¨®n de informaciones y una batalla legal entre jueces de La Paz y Santa Cruz por controlar el proceso, lo que queda claro es que Rozsa se present¨® en Santa Cruz como periodista y entrevist¨® para medios h¨²ngaros a numerosas autoridades civiles, militares, empresarios e industriales.
"Rozsa intent¨®, con cantos de sirena, enamorar a los cruce?os para que se defiendan", se?al¨® el ex magistrado Dur¨¢n, e hizo notar que esos cantos llegaban cuando el departamento de Santa Cruz estaba cercado por los movimientos sociales del altiplano que rechazaban las corrientes auton¨®micas de la regi¨®n, aunque ahora son los nuevos abanderados auton¨®micos.
De haber tenido ¨¦xito, el separatismo del que se acusa a Santa Cruz estaba condenado a "ser aplastado una y otra vez hasta que nadie levante cabeza", como advirti¨® el vicepresidente Garc¨ªa Linera con ¨¦nfasis en un discurso a la naci¨®n.
Santa Cruz, el primer departamento en importancia econ¨®mica; Tarija, el mayor productor de hidrocarburos, y Beni y Chuquisaca mantienen el proceso auton¨®mico pese a que han visto sustancialmente reducidos sus ingresos provenientes del impuesto a los hidrocarburos y a las transferencias hechas por el Gobierno a las alcald¨ªas.
As¨ª se ha neutralizado el enorme poder econ¨®mico que iban a tener las prefecturas con la consiguiente proyecci¨®n pol¨ªtica de sus gobernadores -opositores al Gobierno- y de los l¨ªderes regionales que estaban desplazando a las figuras de los partidos pol¨ªticos, en profunda crisis y grave descomposici¨®n.
Escarmentados por discrepar
La cultura de vida y paz que el Gobierno de Morales ha proclamado en tres a?os de gesti¨®n refleja m¨¢s bien escalofriantes actos de intimidaci¨®n desde los denominados movimientos sociales contra quienes discrepan con la visi¨®n, la posici¨®n y la opini¨®n oficial.
En noviembre de 2007, miembros de milicias campesinas de los "ponchos rojos" mostraron ante las c¨¢maras el horror del deg¨¹ello de dos perros vivos colgados de un travesa?o. Quer¨ªan mostrar lo que iba a pasar con los l¨ªderes regionales si persist¨ªan en llevar adelante el proceso auton¨®mico en oriente. Este a?o, el l¨ªder ind¨ªgena movima Marcial Fabricano, que encabez¨® la marcha por una nueva Constituci¨®n incluyente en 1992, recibi¨® una brutal paliza de parte de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Poco despu¨¦s, declararon p¨²blicamente que estaban aplicando la justicia comunitaria para castigar la campa?a que el l¨ªder ind¨ªgena hizo en rechazo a la nueva Constituci¨®n y en apoyo al proceso auton¨®mico de Beni.
El ex vicepresidente V¨ªctor Hugo C¨¢rdenas fue sancionado por el mismo motivo. Confiscaron su casa y una turba golpe¨® a su esposa y a sus hijos tras expulsarlos violentamente de su vivienda, destinada ahora a la tercera edad.
La esposa del ex director de la Aduana C¨¦sar L¨®pez fue atacada y golpeada por desconocidos en su casa. L¨®pez denunci¨® ante el Parlamento supuestos v¨ªnculos de protecci¨®n desde el Ministerio de la Presidencia a una columna de 33 camiones con mercanc¨ªa presuntamente de contrabando. El informe final aprobado por la mayor¨ªa oficialista del MAS en la C¨¢mara de Diputados recomend¨® un proceso en contra del denunciante por omisi¨®n de deberes.
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