20 a?os despu¨¦s de la barbarie

A los 35 a?os de edad, la abogada espa?ola Almudena Bernab¨¦u se ha convertido en el l¨¢tigo de los militares salvadore?os que durante la guerra civil cometieron cr¨ªmenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en San Salvador, en calidad de invitada especial a los homenajes que se le rinden a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras que fueron asesinados impunemente un 16 de noviembre de hace 20 a?os en la Universidad Centroamericana (UCA). Bernab¨¦u ha abierto un proceso en la Audiencia Nacional espa?ola, apelando al derecho de justicia universal, en contra de los 14 altos oficiales y soldados que supuestamente participaron en la planificaci¨®n y ejecuci¨®n del asesinato de los los religiosos.

Entre los seis jesuitas asesinados -cinco de ellos, espa?oles- se encontraban Ignacio Ellacur¨ªa e Ignacio Mart¨ªn-Bar¨®, fil¨®sofos, te¨®logos y psic¨®logos prominentes a nivel internacional.

"El proceso [ante la Audiencia espa?ola] va bien, tenemos la expectativa de ganar. Hemos estado recopilando informaci¨®n durante cuatro o cinco a?os antes de iniciar la querella y en los ¨²ltimos meses hemos conseguido documentos de las inteligencias de varios pa¨ªses del mundo, por ejemplo del Pent¨¢gono y la CIA, de Estados Unidos, con lo que nuestro argumento de querellantes populares se fortalece", explic¨® Bernab¨¦u a EL PA?S. La abogada ha ganado ya tres juicios civiles en Estados Unidos contra cuatro altos mandos militares salvadore?os que estuvieron protegidos por Washington y ahora est¨¢n a punto de ser deportados del territorio estadounidense.

Bernab¨¦u trabaja para el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en ingl¨¦s), de San Francisco (California, EE UU), que se ha encargado de perseguir esbirros y torturadores latinoamericanos residentes o con ciudadan¨ªa de Estados Unidos. "Nuestra labor, lo digo con mucho orgullo, ha buscado la verdad y la justicia. Y, mira t¨², las cosas han cambiado tanto, que la Secretar¨ªa Nacional de Seguridad estadounidenses, que antes proteg¨ªa a estos violadores de los derechos humanos, ahora compite con nosotros en las investigaciones para tratar de localizarlos", apunta la abogada espa?ola.

El CJA ha vencido en los juicios contra el teniente ?lvaro Saravia, uno de los asesinos del arzobispo ?scar Romero, ejecutado en 1980; el ex coronel Nicol¨¢s Carranza, ex jefe de la Guardia Nacional (GN), que orden¨® en 1980 el asesinato colectivo de seis l¨ªderes de opositor Frente Democr¨¢tico Revolucionario (FDR), y los generales y ex ministros de Defensa Eugenio Vides Casanova y Guillermo Garc¨ªa, acusados de secuestro y torturas a varios presos pol¨ªticos. Los militares han sido sentenciados a pagar varios millones de d¨®lares en indemnizaciones, pero ¨²nicamente se han embargado 300.000 d¨®lares. "Lo m¨¢s trascendente es que sus casos han sido judicializados y fueron condenados como violadores y criminales de lesa humanidad", recalca Bernab¨¦u.

"El caso de los jesuitas en Madrid es diferente: se trata de un proceso penal. Quiz¨¢s algunos vayan a la c¨¢rcel, pero habr¨¢ justicia. El juez Eloy Velasco es un excelente investigador", dice Bernab¨¦u.

Antes de que termine este mes de noviembre han sido citadas a declarar como testigos varias personalidades que investigaron el caso en El Salvador. "No puedo decir m¨¢s", apunt¨® la abogada, quien aclara que, pese a que es un caso de justicia universal, hay "unanimidad" en el apoyo de una parte de la sociedad espa?ola. "Se han solicitado documentos certificados a las autoridades salvadore?os; se est¨¢n buscando las direcciones de los imputados para notificarles de las acusaciones y para que nombren defensores... Es decir, se acerca cada vez m¨¢s la convocatoria de juicio o vista oral, y quiz¨¢s, si hay rebeld¨ªas, se dicten ¨®rdenes de arresto internacional", explica Bernab¨¦u.

Entre los acusados se encuentra el ex ministro de la Defensa y general retirado, Ren¨¦ Emilio Ponce, as¨ª como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda, y el entonces jefe de la Aviaci¨®n, Juan Rafael Bustillo, entre otros; en total, 14 militares ya retirados. Inicialmente tambi¨¦n se inclu¨ªa al ex presidente Alfredo Cristiani, acusado de encubridor, pero el juez Velasco lo excluy¨® hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo alg¨²n nivel de participaci¨®n en la masacre.

Las v¨ªctimas de aquel 16 de noviembre de 1989, mientras se desarrollaba una ofensiva guerrillera contra San Salvador, fueron, adem¨¢s de Ellacur¨ªa y Mart¨ªn Bar¨®, el director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), Segundo Montes, as¨ª como los profesores Joaqu¨ªn L¨®pez y L¨®pez, Juan Ram¨®n Moreno y Amado L¨®pez. Las mujeres colaboradoras asesinadas fueron Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, su hija, de apenas 16 a?os.

Seg¨²n la Compa?¨ªa de Jes¨²s en El Salvador, Ellacur¨ªa estaba actuando como mediador entre el Gobierno de Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN), a fin de llegar a un acuerdo negociado a una guerra civil que ya duraba m¨¢s de una d¨¦cada.