Justicia con 'efecto domin¨®' para El Salvador

Durante 20 a?os, la masacre de un grupo de jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador ha permanecido en la impunidad. Sus presuntos autores intelectuales y materiales estuvieron protegidos por los distintos Gobiernos salvadore?os desde 1989 hasta junio del presente a?o, as¨ª como por el manto oscuro de la Ley de Amnist¨ªa de 1993. Pero "ahora la situaci¨®n es diferente, el proceso penal en [la Audiencia Nacional de] Espa?a va por buen camino y la conclusi¨®n final ser¨¢ beneficiosa para la justicia y para la sociedad salvadore?a", explica a EL PA?S el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjam¨ªn Cu¨¦llar.

Cu¨¦llar es el sucesor en el IDHUCA del sacerdote jesuita Segundo Montes, uno de los asesinados en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, junto a Ignacio Ellacur¨ªa e Ignacio Mart¨ªn Bar¨®, rector y vicerrector de la UCA, respectivamente, as¨ª como los acad¨¦micos Amando L¨®pez, Juan Ram¨®n Moreno y Joaqu¨ªn L¨®pez y L¨®pez (todos de origen espa?ol, excepto este ¨²ltimo, salvadore?o). Tambi¨¦n fueron asesinadas dos colaboradoras de los religiosos, Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth.

El juez de la Audiencia Nacional en Madrid Eloy Velasco admiti¨® a tr¨¢mite este a?o una querella presentada por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) contra 14 militares salvadore?os por delitos de asesinatos terroristas.

"El proceso en Espa?a va avanzando en toda su preparaci¨®n. Han declarado ya varias personalidades espa?olas y en esta semana declarar¨¢n como testigos dos abogados salvadore?os y dos estadounidenses [una de ellas, Kate Doyle, es experta en estudios de documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de Estados Unidos]. Damos una valoraci¨®n positiva del avance", apunta Cu¨¦llar, quien lamenta que en dos d¨¦cadas no se haya hecho justicia en El Salvador; sin embargo, cree que en la actualidad casos como ¨¦stos van a continuar "apareciendo" en tribunales internacionales.

"Reitero: creo que el resultado final de este proceso ser¨¢ positivo para las v¨ªctimas. Anteriormente se han querido curar las heridas de la guerra civil con impunidad y no con justicia. No s¨¦ si habr¨¢ c¨¢rcel para los victimarios ni ¨®rdenes de captura internacional, pero los acusados deber¨ªan estar preocupados y actuar como corresponde. En El Salvador, en t¨¦rminos de justicia, hemos estado acostumbrados a algo as¨ª como jugar al f¨²tbol en potreros, con trampas y sin ¨¢rbitros. En Espa?a se est¨¢ jugando en grandes ligas, con todas la de la ley", enfatiza el director del IDHUCA, quien recomienda a los 14 militares imputados que vayan "buscando una buena defensa t¨¦cnica".

Por otra parte, los querellados -entre ellos, los generales Ren¨¦ Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda, ex titulares de la Defensa Nacional, as¨ª como 12 subalternos- tienen en contra un "cambio de actitud en el nuevo Gobierno [salvadore?o, por primera vez en manos de la izquierda], que es contrario a mantener la impunidad", seg¨²n explic¨® el director de derechos humanos de la Canciller¨ªa, David Morales. "El Gobierno, encabezado por Mauricio Funes [del ex guerrillero Frente Farabundo Mart¨ª de Liberaci¨®n Nacional, FMLN], apoyar¨¢ en lo que sea necesario a la Corte Suprema de Justicia, que es el ¨®rgano que se encargar¨¢ de atender los casos de esta materia", agreg¨® el funcionario; adem¨¢s, en su opini¨®n, este Ejecutivo, como ning¨²n otro, ha comenzado a reconocer la dignidad de las v¨ªctimas.

Desde Espa?a llegan informaciones a trav¨¦s de las agencias informativas y de las p¨¢ginas de Internet de los diarios locales en las que se habla del proceso penal a cargo del juez Velasco. La prensa tradicional salvadore?a no se hace mucho eco del asunto, pero se sabe, por ejemplo, que existen documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos con un acta de la noche del 15 de noviembre de 1989, en la que el ahora general retirado Ren¨¦ Emilio Ponce supuestamente dio la orden de asesinar a Ellacur¨ªa "sin dejar testigos". Este mismo dato aparece en el Informe de la verdad que auspici¨® Naciones Unidas en 1993.

"En ning¨²n momento, en ning¨²n lugar, he dado al coronel Guillermo] Benavides la orden de asesinar a los jesuitas y no dejar testigos. No me puedo imaginar qui¨¦n se invent¨® esa historia", dijo hace unos meses a la televisi¨®n espa?ola el general Ponce, quien desde un principio neg¨® cualquier responsabilidad en la masacre.

Benjam¨ªn Cu¨¦llar tiene otra opini¨®n: "Los documentos desclasificados por Estados Unidos y Espa?a pueden ser muy valiosos para llegar a la verdad y pueden tener un efecto domin¨®. As¨ª que la mejor forma de defenderse que tendr¨¢n los imputados es decir la verdad. Pero que el general Ponce diga 'yo no fui ni tampoco s¨¦ qui¨¦n fue' es insultar la inteligencia de cualquier persona... La l¨®gica nos dice que ¨¦l tuvo participaci¨®n, porque la tropa que penetr¨® en la UCA y que estaba en el anillo de seguridad del Ej¨¦rcito en el momento de la ofensiva guerrillera s¨®lo pudo hacerlo en coordinaci¨®n con el Estado Mayor, y Ponce era su jefe".

En otros documentos desclasificados recientemente por EE UU tambi¨¦n se vincula al ya fallecido Roberto D'Aubuisson, entonces todav¨ªa l¨ªder del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el asesinato de los jesuitas, seg¨²n anotaciones enviadas al Departamento de Estado, en Washington, por el embajador de entonces en El Salvador, William Walker, quien cit¨®: "La informaci¨®n que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusi¨®n: los asesinatos del padre Ellacur¨ªa y sus siete compa?eros pueden ser rastreados hasta una discusi¨®n en la tarde del 15 de noviembre entre Roberto D'Aubuisson y sus seguidores m¨¢s fan¨¢ticos dentro del Coena direcci¨®n de Arena]".

Arena era entonces el partido en el Gobierno y D'Aubuisson hab¨ªa sido acusado nacional e internacionalmente de haber dado la orden de asesinar al arzobispo ?scar Arnulfo Romero, en marzo de 1980, por un escuadr¨®n de la muerte de ultraderecha, un hecho que marc¨® el inicio de la guerra civil (1980-1992).