Del falso positivo a la falsa absoluci¨®n

Crece el esc¨¢ndalo en Colombia. Ya son 31 los militares implicados en los llamados falsos positivos que han recuperado la libertad. Un mayor sali¨® el 30 de diciembre; 17 uniformados m¨¢s, la semana pasada; el martes un juez liber¨® de culpas a otros seis, y ayer mi¨¦rcoles ocurri¨® lo mismo con siete m¨¢s, entre ellos un coronel.

La raz¨®n de la libertad para los implicados siempre ha sido la misma: vencimiento de t¨¦rminos. As¨ª lo justific¨® el juez que adopt¨® la medida, Fernando Sarmiento, titular del Juzgado Segundo de Control de Garant¨ªas de Soacha: la fiscal¨ªa permiti¨® que venciera el plazo para llamar a juicio a estos implicados.

Los falsos positivos son un aberrante caso de violaci¨®n de derechos humanos por parte del Ej¨¦rcito colombiano. Reclutaban con falsas promesas de trabajo a hombres de pocos recursos, algunos menores de edad, otros con discapacidades f¨ªsicas, y luego los asesinaban y los presentaban como muertos en combate.

As¨ª, los militares consegu¨ªan favores para sus carreras: desde permisos dominicales hasta ascensos. Desde hace seis a?os se han presentado m¨¢s de 1.200 casos. Y ante las denuncias y pronunciamientos de alarma de ONG nacionales e internacionales todos se pasan la pelota de la responsabilidad.

El presidente del pa¨ªs, ?lvaro Uribe, ha criticado duramente las decisiones judiciales. Los jueces implicados acusan a la fiscal¨ªa y al Consejo de la Judicatura —criticada por sus actuaciones pol¨ªticas—por demorar los tiempos de la adjudicaci¨®n de los casos. La presidenta de este tribunal le echa la culpa al nuevo sistema penal acusatorio que empez¨® a operar hace poco en Colombia.

Rabia e impotencia

La fiscal¨ªa ya apel¨® los fallos. Guillermo Mendoza, fiscal encargado del caso, reconoce que esta cadena de liberaciones pone en entredicho las instituciones judiciales.

Entre tanto, las madres de los muertos lloran de rabia e impotencia. Muchas de ellas han recibido amenazas de muerte. Pero ya anunciaron que demandar¨¢n el caso ante la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad de estos cr¨ªmenes.

"?sta es ya una prueba de que no habr¨¢ justicia", dice Lilia Solano, directora de la ONG Justicia y Vida. Califica lo que esta ocurriendo de absurdo y perverso. "La defensa se la jug¨® a manejar triqui?uelas para llegar al vencimiento de t¨¦rminos". Y se hace una pregunta: "La mayor¨ªa de los detenidos han sido los autores materiales, ?los que dieron las ¨®rdenes d¨®nde est¨¢n? La responsabilidad llega al Ministerio de Defensa y de eso nadie habla", le dijo a EL PA?S.

Tito Gait¨¢n, abogado de la ONG Minga, asegura que por parte del Estado no se ha dado un "esfuerzo concertado ni sostenido en el tiempo" para que ceda la impunidad. "A las investigaciones se les ha dado tratamiento de delito ordinario", asegura. Hasta el momento, 48 militares han sido vinculados formalmente al proceso (tres son oficiales). Treinta y uno ya est¨¢n libres.