El porqu¨¦ de una p¨¢gina blanca

Una p¨¢gina blanca en la primera p¨¢gina, para testimoniar a los lectores y al pa¨ªs que se ha ejercido por ley una violencia contra el circuito democr¨¢tico a trav¨¦s del cual los peri¨®dicos informan y los ciudadanos se informan, y por lo tanto juzgan y controlan. Una violencia consumada por el Gobierno, que aplicando el voto de confianza para evitar sorpresas ha aprobado en el Senado la ley sobre las interceptaciones, que es en realidad una ley sobre la libertad: la libertad de buscar las pruebas de los cr¨ªmenes seg¨²n los m¨¦todos de todos los pa¨ªses civilizados -en el deber del Estado para garantizar la legalidad y ofrecer justicia- y la libertad de los ciudadanos para acceder a la informaci¨®n necesaria para conocer y para saber, por lo tanto para juzgar.

La violencia de la mayor¨ªa est¨¢ aqu¨ª: en el deseo de limitar hasta el obstruccionismo irracional la actividad de los magistrados en la lucha contra el crimen, contrayendo la posibilidad de usar las interceptaciones para obtener pruebas de los delitos. Y en el deseo de impedir a los ciudadanos que sean informados del contenido de las interceptaciones, de impedir a los peri¨®dicos la libre valoraci¨®n de las noticias, en el inter¨¦s de los lectores. Todo esto, mientras explota el esc¨¢ndalo de la Protecci¨®n Civil, nacido con las risas interceptadas a los constructores ligados al "sistema" del gobierno, felices por las sacudidas del terremoto que destruy¨® L'Aquila.

Las peque?as modificaciones que se han hecho a la ley (se quer¨ªa incluso mantener al pa¨ªs en la oscuridad sobre las investigaciones durante cuatro a?os) no cambian para nada el car¨¢cter antiliberal de una norma de salvaguardia de la casta de gobierno, aterrorizada por el riesgo de que los magistrados investiguen, los peri¨®dicos cuenten, los ciudadanos tomen conciencia. De hecho. La pr¨®rroga de los plazos para las escuchas, de pocas horas en pocas horas, es m¨¢s rid¨ªcula que compleja. Y las multas alt¨ªsimas a los editores no son sanciones sino invitaciones expl¨ªcitas a expropriar la libertad de las redacciones de los peri¨®dicos a decidir lo que debe ser publicado.

Lo que queda, hasta que pueda durar, es la acci¨®n del imperio del gobierno sobre un derecho fundamental de los ciudadanos -el de saber- unido al deber de los periodistas de informar. Si esta ley llega a la C¨¢mara, el gobierno decidir¨¢ a trav¨¦s de ella la cantidad y calidad de las noticias 'sensibles' que podr¨¢n ser piblicadas por los peri¨®dicos, y por lo tanto conocidas por los lectores. Atenci¨®n: la ley-mordaza decide por nosotros, y decide seg¨²n la voluntad del gobierno lo que no debemos saber, lo que podemos escribir.

Con toda evidencia, todo esto no es aceptable: no s¨®lo para los periodistas, sino para los ciudadanos y para el sistema democr¨¢tico. Por esto hoy la primera p¨¢gina de La Repubblica es blanca, para atestiguar lo que est¨¢ sucediendo. Y para decir que no tiene que suceder, y no suceder¨¢.