Obama lleva a los tribunales la ley de Arizona

El Gobierno de Barack Obama ha pedido formalmente a los tribunales de justicia la paralizaci¨®n de la controvertida ley de Arizona sobre la inmigraci¨®n ilegal, una decisi¨®n valiente que no solamente anticipa una dif¨ªcil batalla legal en la que la Administraci¨®n asume muchos riesgos, sino que tambi¨¦n eleva al m¨¢ximo la tensi¨®n sobre un asunto que est¨¢ polarizando al pa¨ªs en las ¨²ltimas semanas.

El Departamento de Justicia ten¨ªa previsto ofrecer anoche los detalles de la demanda presentada ante un tribunal federal del estado de Arizona por la supuesta inconstitucionalidad de la ley y por la usurpaci¨®n por parte de las autoridades de ese territorio de una funci¨®n que le corresponde al Gobierno federal. El fiscal general, Eric Holder, entiende que la Constituci¨®n deja exclusivamente en manos de la Administraci¨®n central la gesti¨®n de asuntos la inmigraci¨®n y la seguridad fronteriza que afectan al conjunto de los ciudadanos norteamericanos.

Los detalles legales y la defensa que Holder sea capaz de hacer de su causa ser¨¢n muy importantes de cara a una pelea que puede ser dura, prolongarse durante mucho tiempo y provocar importante repercusiones pol¨ªticas. Una derrota del Gobierno ante los tribunales, por ejemplo, adem¨¢s de debilitar gravemente a Obama, abrir¨ªa la puerta a m¨²ltiples opciones legislativas sobre inmigraci¨®n y podr¨ªa crear un desorden jur¨ªdico inimaginable.

La ley de Arizona, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado en abril y firmada por su gobernadora, Jan Brewer, entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo d¨ªa 29 si el Gobierno de Obama no consigue antes que los jueces lo impidan. Siguiendo ese ejemplo, otros estados afectados por la situaci¨®n de la frontera con M¨¦xico han anunciado iniciativas legislativas similares.

En un importante discurso la semana pasada, Obama reconoci¨® que el sistema migratorio en Estados Unidos estaba quebrado, pero advirti¨® que era responsabilidad de su gobierno repararlo y propuso a los dos partidos un acuerdo para la aprobaci¨®n de una nueva ley que regule el problema a escala nacional.

Su decisi¨®n ahora de acudir a los tribunales supone un paso infrecuente y peligroso. Por un lado, la intromisi¨®n de la Administraci¨®n federal en las decisiones de un estado, por razones hist¨®ricas y pr¨¢cticas, suele ser poco recomendable. En este caso, adem¨¢s, la decisi¨®n de Washington chocar¨ªa con lo que parece ser, seg¨²n las encuestas, la opini¨®n de una mayor¨ªa de los norteamericanos.

La ley de Arizona ha sido considerada por numerosos expertos y analistas como una aut¨¦ntica aberraci¨®n jur¨ªdica. Convierte en un delito la presencia en Arizona de inmigrantes sin documentos y permite a la polic¨ªa confirmar el estatus legal de una persona a la que se detenga por cualquier otro delito menor, incluso la presunta trasgresi¨®n de una ordenanza municipal.

Es una ley, como dijo Obama la semana pasada, que crea las condiciones potenciales para discriminar en funci¨®n de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento.

En definitiva, es una ley que perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que m¨¢s inmigrantes aporta en los estados del sur del pa¨ªs. Los dirigentes de esa comunidad, por esa raz¨®n, llevan semanas desarrollando un movimiento de protesta de gran repercusi¨®n. M¨¢s de 15 ciudades, entre ellas las m¨¢s pobladas, se ha sumado a un boicot contra Arizona, mientras que las m¨¢s influyentes instituciones del pa¨ªs, desde la Iglesia Cat¨®lica a los sindicatos o los medios de comunicaci¨®n, han denunciado la arbitrariedad de esa legislaci¨®n.

La opini¨®n p¨²blica, sin embargo, parece entender la ley de Arizona, m¨¢s que como un quebranto de los principios constitucionales, como un intento de poner orden en una situaci¨®n que se escapa de las manos. Estados Unidos cuenta actualmente con unos once o doce millones de inmigrantes ilegales y, aunque el ritmo ha bajado durante la reciente crisis econ¨®mica, este pa¨ªs sigue siendo un destino predilecto de trabajadores sin papeles, especialmente procedentes del sur de su frontera.

Esos inmigrantes son, al mismo tiempo, un pilar esencial de la econom¨ªa de muchos estados y una fuente de conflictos sociales. Durante a?os, el Gobierno en Washington ha tratado infructuosamente de regular la situaci¨®n. Una serie de intereses pol¨ªticos locales impiden reunir en el Congreso la mayor¨ªa precisa para hacerlo.

Ahora, la poblaci¨®n considera este problema como uno de los prioritarios y exige, tanto el control fronterizo como la ordenaci¨®n de la situaci¨®n actual. Una encuesta de Gallup muestra que un 50% cree m¨¢s urgente impedir la llegada de nuevos inmigrantes ilegales, mientras que un 45% estima prioritaria la regularizaci¨®n de los que ya est¨¢n aqu¨ª.

El asunto adquiere mayor actualidad en estos momentos, cuando los partidos se disponen a cortejar el voto hispano para las elecciones legislativas de noviembre.