Un juzgado de EE UU suspende los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos de la ley de Arizona

Las celdas que el sheriff Joe Arpaio hab¨ªa preparado para alojar a los inmigrantes detenidos conforme a la estricta nueva ley del Estado de Arizona van a quedar por el momento vac¨ªas porque la justicia ha decidido, en el ¨²ltimo minuto, suspender temporalmente los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos de la legislaci¨®n que entra este jueves en vigor, incluido el que criminaliza la inmigraci¨®n ilegal.

La juez Susan Bolton, que lleva la denuncia presentada por el Gobierno federal contra la ley de Arizona, ha basado su decisi¨®n en la consideraci¨®n de que algunos de los art¨ªculos contenidos en esa iniciativa "perjudican a extranjeros legalmente residentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado".

Estatus migratorio

La ley "requiere" (no s¨®lo permite) a la polic¨ªa comprobar el estatus migratorio de cualquier persona retenida por la comisi¨®n de cualquier falta o delito, tan simple como una infracci¨®n del tr¨¢fico o la violaci¨®n de una ordenanza municipal, que resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al pa¨ªs ilegalmente. La polic¨ªa puede, de acuerdo a esa ley, mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer esa comprobaci¨®n.

Bolton, antigua juez de condado elevada al distrito federal por el presidente Bill Clinton, paraliza tambi¨¦n otros tres art¨ªculos pol¨¦micos, como el que acelera los procesos de deportaci¨®n o el que convierte en delito el hecho de no portar papeles, y deja vigentes a partir de hoy ¨²nicamente aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes indocumentados en la calle para llevarlos a trabajar o el que crea mecanismos de reclamaci¨®n en el caso de que alguien se sienta v¨ªctima de discriminaci¨®n racial.

En las horas que restan entre la decisi¨®n de la juez y la entrada en vigor de la ley habr¨ªa todav¨ªa, t¨¦cnicamente, tiempo como para que el Estado de Arizona presentara un recurso ante un tribunal federal de apelaciones y una petici¨®n de que paralice la decisi¨®n de Bolton mientras se decida el recurso. Es decir, que podr¨ªa buscar un congelamiento judicial de una orden de congelaci¨®n. Pero los expertos creen muy improbable que una maniobra as¨ª pueda surtir efecto.

El largo periplo judicial

Lo que s¨ª es seguro es que esta decisi¨®n judicial ser¨¢ elevada a un tribunal de apelaciones, probablemente por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y la Administraci¨®n central, para conseguir su completa revocaci¨®n. Hay que recordar que el Gobierno de Barack Obama recurri¨® la ley ante los tribunales por considerar que el Estado de Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre una materia, como la inmigraci¨®n, reservada en exclusiva a las autoridades federales.

Y lo que es seguro tambi¨¦n es que la batalla, larga y costosa en los tribunales -esto acabar¨¢ quiz¨¢ dentro de unos a?os ante el Tribunal Supremo-, ser¨¢ encarnizada en la arena pol¨ªtica. Obama asumi¨® un alto riesgo al denunciar la ley de Arizona, que cuenta con el apoyo de un 60% de los estadounidenses, seg¨²n distintas encuestas. Al hacerlo, el presidente se sit¨²a frente a una mayor¨ªa de ciudadanos que dan prioridad a la seguridad fronteriza sobre el respeto a los derechos humanos, pero se reconcilia con los votantes hispanos, que pueden tener un papel relevante en las pr¨®ximas convocatorias electorales. Para compensar su decisi¨®n, Obama orden¨® el env¨ªo a la frontera con M¨¦xico de 1.200 soldados de la Guardia Nacional, que comenzar¨¢n a llegar desde principios del mes de agosto.

Un asunto con peso electoral

Este asunto va a ser, sin duda, uno de los temas estrella de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Obama y algunos congresistas dem¨®cratas est¨¢n impulsando la elaboraci¨®n de una ley migratoria que aborde en conjunto los problemas de la seguridad fronteriza y de la permanencia de 12 millones inmigrantes sin papeles, pero es poco probable que en los meses que restan se alcance el consenso necesario para su aprobaci¨®n.

La decisi¨®n judicial anunciada ayer agudizar¨¢ tambi¨¦n la pol¨¦mica migratoria sobre el terreno. En Arizona se hab¨ªan registrado en las ¨²ltimas semanas algunas se?ales alarmantes sobre el nivel de tensi¨®n al que este debate est¨¢ llegando. Una de ellas fue el patrullaje fronterizo nocturno que realizan peri¨®dicamente grupos extremistas armados.

Las organizaciones hispanas est¨¢n preocupadas de que los brotes racistas puedan hacerse m¨¢s frecuentes y m¨¢s peligrosos como consecuencia de la frustraci¨®n por la paralizaci¨®n de la ley de Arizona, y han convocado para los pr¨®ximas d¨ªas manifestaciones y actos en defensa de la convivencia racial y de los derechos de los inmigrantes. Un grupo de ni?os, hijos de inmigrantes en situaci¨®n ilegal pero nacidos en EE UU, se concentr¨® ayer frente a la Casa Blanca para pedir que sus padres no sean deportados.

Uno de los m¨¢s frustrados por la decisi¨®n de la juez Bolton es el sheriff Arpaio, que dijo, poco despu¨¦s de conocerse la noticia, que no le hab¨ªa sorprendido, pero que eso no va a impedir que ¨¦l siga cumpliendo con su trabajo de "limpiar las calles de indeseables". Arpaio no es hombre contemplativo. En los dos ¨²ltimos a?os, su condado ha deportado a m¨¢s de 26.000 inmigrantes indocumentados, una tercera parte de todos los del pa¨ªs en ese periodo.

La alegr¨ªa de hispanos y polic¨ªas en Tucson