El Amazonas, en las urnas

En la campa?a electoral bra??sile?a, que se calienta a medida que pasan las semanas y que culminar¨¢ el pr¨®ximo 3 de octubre con las elecciones presidenciales, ha irrumpido sutilmente el debate sobre el futuro del Amazonas. En el Congreso, los diputados denominados "ruralistas", que en Brasil son los que defienden los intereses del agronegocio, han introducido el delicado asunto en la agenda electoral. Seg¨²n sus rivales "ambientalistas", lejos de guiarse por una vocaci¨®n medioambiental, lo que persiguen con ello es la caza masiva de votos en el sector agropecuario y maderero brasile?o, que en este pa¨ªs tiene un peso espec¨ªfico enorme.

Prueba de ello ha sido la aprobaci¨®n a principios de julio de una reforma del C¨®digo Forestal que regula los niveles m¨¢ximos de deforestaci¨®n en Brasil. Aunque por ahora el texto solo ha recibido luz verde en una comisi¨®n especial, su aprobaci¨®n definitiva en el plenario del Congreso y en el Senado implicar¨ªa una amnist¨ªa general para todos aquellos que hayan cometido delitos contra la vegetaci¨®n antes de 2008. El nuevo c¨®digo tambi¨¦n reduce las ¨¢reas de protecci¨®n forestal de las explotaciones y las m¨¢rgenes preservadas de los r¨ªos, y da m¨¢s poder a los Gobiernos de los Estados brasile?os a la hora de aplicar las normas medioambientales. Mientras los diputados "ruralistas" saludan la aprobaci¨®n del nuevo c¨®digo esgrimiendo el desarrollo econ¨®mico de Brasil, las ONG y los sectores ecologistas dibujan un horizonte apocal¨ªptico.

La candidata del Partido Verde (PV) a la presidencia, Marina Silva, que califica la aprobaci¨®n del texto de "retroceso", ha pedido a la sociedad que se movilice para evitar que el Senado d¨¦ luz verde definitiva a la reforma. Silva, que dimiti¨® como ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Lula al considerar que el proyecto pol¨ªtico del ex tornero se hab¨ªa desvirtuado, se ha convertido en una pieza clave para que el nuevo C¨®digo Forestal pueda llegar, o no, a buen puerto. Esta mujer aglutina algo menos del 10% de la intenci¨®n de voto y los analistas coinciden en que su apoyo ser¨¢ decisivo para formar Gobierno tras una m¨¢s que probable segunda vuelta. Los dos favoritos, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, y el socialdem¨®crata Jos¨¦ Serra, saben de sobra que cualquier manifestaci¨®n a favor del controvertido c¨®digo puede cerrarles las puertas a un pacto de Gobierno que incluya a Silva. Por otro lado, ambos cuentan con amplios sectores del agronegocio entre sus electores. Tanto Rousseff como Serra deber¨¢n hacer malabarismos para no desagradar a unos ni a otros.

"La pol¨ªtica est¨¢ contaminando la discusi¨®n. En este momento no existen las condiciones para abordar este asunto con mesura. Nosotros pedimos que se atrasara la votaci¨®n hasta despu¨¦s de las elecciones. Ellos [los 'ruralistas'] quer¨ªan que se celebrara antes. De momento, ellos han ganado", explica Paulo Adario, director de la campa?a para el Amazonas de Greenpeace. "Esta discusi¨®n no puede llevarse a cabo en periodo electoral. Es nefasto para el medio ambiente que esta reforma se haya votado en este momento", abunda Paula Moreira, del Instituto de Investigaci¨®n Ambiental del Amazonas (IPAM).

La legislaci¨®n brasile?a que regula los delitos contra la naturaleza castiga con dureza la deforestaci¨®n desde hace d¨¦cadas, aunque en este momento existe una suerte de limbo legal que mantiene fuera de control millones de hect¨¢reas de tierra. Una reforma legislativa que flexibilice las normas medioambientales en beneficio de la productividad y que establezca una amnist¨ªa general para los que hayan atentado contra la naturaleza es una herramienta muy valiosa a la hora de pedir votos a tan solo algunas semanas de las elecciones. Y en Brasil a nadie se le pasa por alto que los que explotan el campo, ya sean jornaleros, peque?os agricultores o grandes terratenientes, tienen mucho que decir en las urnas.

"Hemos calculado que 86 millones de hect¨¢reas de selva podr¨ªan ser deforestadas legalmente si el texto sale adelante. Es una superficie que supera todo lo que se ha deforestado en la historia de la Amazonia", comenta Adario. El c¨¢lculo entra en colisi¨®n con el discurso del presidente brasile?o, Luiz In¨¢cio Lula da Silva, durante la pasada Cumbre de Copenhague, en el que se comprometi¨® a reducir las emisiones contaminantes de su pa¨ªs entre un 36% y un 39% en 2020, y a recortar en un 80% la deforestaci¨®n del Amazonas para esa fecha. "Los cambios que se han introducido en el C¨®digo Forestal apuntan a lo contrario, a un aumento exponencial de la deforestaci¨®n y de las emisiones contaminantes", sentencia Adario. Sobre esta reflexi¨®n planea como una sombra macabra el a?o 1995, cuando Brasil bati¨® su r¨¦cord hist¨®rico de tala de ¨¢rboles y 30.000 kil¨®metros cuadrados de selva amaz¨®nica fueron arrasados. "Un ¨¢rea del tama?o de B¨¦lgica", indica.

Resulta sorprendente que el ponente del texto aprobado en la comisi¨®n especial sea el diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil (PSDOB). "Rebelo le ha dado un barniz ideol¨®gico a un discurso puramente econ¨®mico. Es curioso observar c¨®mo la izquierda ha consolidado el discurso de la derecha", apunta Adario.

Seg¨²n Greenpeace, la amnist¨ªa a todos los delitos contra la vegetaci¨®n antes de 2008 supondr¨ªa la condonaci¨®n de una deuda con el Estado por valor de 8.000 millones de reales (m¨¢s de 3.500 millones de euros). El Ministerio de Medio Ambiente eleva esta cifra a m¨¢s de 4.400 millones de euros.

El nuevo c¨®digo establece que en los r¨ªos de menos de cinco metros de ancho las m¨¢rgenes protegidas se reduzcan de 30 a 15 metros, y hasta 7,5 metros si as¨ª lo deciden las autoridades del Estado. Un punto delicado si se tiene en cuenta que Brasil atesora aproximadamente el 60% de los 6,9 millones de kil¨®metros cuadrados de r¨ªos y afluentes que conforman la cuenca amaz¨®nica.

El texto tambi¨¦n deja en manos de los Estados brasile?os la posibilidad de flexibilizar la aplicaci¨®n del nuevo c¨®digo seg¨²n las caracter¨ªsticas medioambientales de la regi¨®n. Esto ha disparado todas las alertas entre los ecologistas, ya que en Brasil es de dominio p¨²blico el alto grado de corrupci¨®n de las administraciones regionales.