Objetivo: Desenchufar completamente a Wikileaks
Numerosos legisladores exigen a la Casa Blanca que se elimine permanentemente a Wikileaks.org del directorio completo de Internet y se niegue el acceso a esa direcci¨®n
El Congreso de EE UU sigue adelante en su objetivo para callar totalmente a Wikileaks en el pa¨ªs y en el resto del mundo. Despu¨¦s de que el senador independiente Joe Lieberman, jefe del Comit¨¦ de Seguridad Nacional de esa c¨¢mara legislativa, obligara el mi¨¦rcoles a la empresa Amazon a que expulsara a la p¨¢gina web de revelaci¨®n de secretos de sus servidores, numerosos representantes y congresistas han exigido hoy al Gobierno que proh¨ªba que se pueda visitar la web Wikileaks.org desde direcciones norteamericanas y que elimine esa direcci¨®n permanentemente de todo el directorio de Internet.
Esta propuesta ya fue llevada a la justicia norteamericana en 2008, sin ¨¦xito: aunque un juez ilegaliz¨® Wikileaks.org, s¨®lo lo hizo brevemente, y la p¨¢gina web volvi¨® a estar operativa en cuesti¨®n de d¨ªas.
La representante republicana Candice Miller, de Michigan, ha dicho:"Julian Assange y Wikileaks son criminales cuyas acciones son de gran ayuda para los terroristas y para los reg¨ªmenes criminales de todo el mundo. Ya es hora de que el Gobierno cierre WikiLeaks".
Lieberman ha a?adido, en un comunicado: "Hago un llamamiento a que cualquier empresa u organizaci¨®n del mundo que d¨¦ alojamiento web a Wikileaks a que d¨¦ por terminada su relaci¨®n con esa p¨¢gina. Con sus acciones ilegales, escandalosas y temerarias, Wikileaks ha puesto en peligro la seguridad nacional de EE UU y la del mundo".
La ex Gobernadora de Alaska Sarah Palin, reina sin corona del movimiento radical Tea Party, ha llamado al Gobierno a que responda con un ciberataque del Pent¨¢gono contra la p¨¢gina que gestiona Julian Assange y la cierre para siempre. Esos representantes pol¨ªticos est¨¢n pidiendo al Ejecutivo que culmine lo que la Justicia se ha resistido a hacer: el cierre total y permanente de Wikileaks.
Primera enmienda
Durante a?os ha habido un debate en EE UU sobre si a Wikileaks, que lleva a?os publicando documentos clasificados, le ampara la libertad de expresi¨®n, protegida por la primera enmienda de la constituci¨®n. El 15 de febrero de 2008, un juez de San Francisco estim¨® que no, aunque s¨®lo fueron dos semanas. El banco Julius Baer, de Suiza y con sede en las islas Caim¨¢n, hab¨ªa demandado a Wikileaks por publicar una lista de clientes suyos con cuentas opacas. Acudi¨® a la justicia de EE UU porque la direcci¨®n Wikileaks.org estaba registrada por y ten¨ªa sus servicios DNS (sistema de nombre de dominio) a cargo de una empresa norteamericana: Dynadot, de San Mateo, California.
Dynadot se dedica a registrar dominios a nombre de otros, para garantizar el anonimato de los due?os de p¨¢ginas web que prefieran no revelar su identidad. El juez emiti¨® una orden de cierre cautelar al estimar que el caso pod¨ªa prosperar. Durante 14 d¨ªas, Wikileaks.org qued¨® inhabilitado, aunque los documentos segu¨ªan al alcance de cualquier internauta a trav¨¦s de la direcci¨®n Wikileaks.be, radicada en B¨¦lgica, y a trav¨¦s de su direcci¨®n IP directa, http://88.80.13.160/.
Cientos de activistas se comprometieron a mantener la informaci¨®n viva en la Red a pesar de la prohibici¨®n judicial. Una amalgama de organizaciones civiles y medios de comunicaci¨®n, como la Electronic Frontier Foundation, Associated Press y la Asociaci¨®n de Diarios de Am¨¦rica, solicitaron al juez que levantara la prohibici¨®n, por considerar que atentaba contra la libertad de informaci¨®n.
Finalmente el juez autoriz¨® de nuevo el funcionamiento de la p¨¢gina web, el 29 de febrero. D¨ªas despu¨¦s, el banco Julius Baer retir¨® la demanda dada la mala publicidad que hab¨ªa obtenido el caso en los medios y la amplia circulaci¨®n que eso hab¨ªa dado a la lista de nombres de clientes que en principio hab¨ªa querido mantener en secreto. En aquella ocasi¨®n, los juzgados no pudieron contra Wikileaks. Es cierto que el caso no era cr¨ªtico para la seguridad nacional del pa¨ªs y que el Gobierno no se inmiscuy¨®. En el caso de los 250.000 cables del Departamento de Estado, el fiscal general Eric Holder ya ha anunciado una investigaci¨®n exhaustiva al respecto y estudia si perseguir al director y fundador de la web de filtraciones, Julian Assange, bajo la Ley de Espionaje de 1917.
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