Los herederos de los paramilitares

Las bandas criminales al servicio del narcotr¨¢fico ?Bacrim, como las llama el Gobierno colombiano?, son hoy "la peor amenaza para el pa¨ªs", afirm¨® esta semana el comandante de la polic¨ªa general ?scar Naranjo.

Casi la mitad de los m¨¢s de 15.400 asesinatos cometidos en Colombia el a?o pasado ?un 47%? son responsabilidad de estos grupos armados, el resultado de una desmovilizaci¨®n fallida de los paramilitares, que sembraron el terror durante dos d¨¦cadas. Cifras oficiales se?alan que las Bacrim operan en 21 de los 32 departamentos colombianos (el 75% del territorio) y que son dirigidos, en su mayor¨ªa, por mandos medios de los frentes desmovilizados. Pero mientras algunos funcionarios insisten en que, salvo contadas excepciones, sus cr¨ªmenes est¨¢n relacionados con el negocio de la droga, la realidad muestra que atentan contra l¨ªderes sociales, amenazan e imponen normas en las zonas que controlan.

El asesinato a comienzos de mes de dos estudiantes de biolog¨ªa de una prestigiosa universidad bogotana en el caribe?o departamento de C¨®rdoba ?cuna del paramilitarismo? hizo que el pa¨ªs reconociera que esta amenaza es mucho peor de lo que hasta el momento se hab¨ªa aceptado. Pese a que en septiembre pasado el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que las Bacrim eran grupos "sin poder local, f¨¢cilmente manejables", solamente en C¨®rdoba, el a?o pasado, fueron asesinadas 575 personas. En los dos primeras semanas de 2011 se registraron 31 cr¨ªmenes.

Human Rights Watch (HRW) se?ala en su informe anual que las 20 masacres sufridas en 2010 en todo el territorio colombiano representa un aumento del 41% en comparaci¨®n con el a?o anterior. Los asesinatos de sindicalistas, los ataques a los defensores de los derechos humanos y las amenazas a l¨ªderes sociales, particularmente a los que se atreven a reclamar tierras de los desplazados por los paramilitares, son algunas de las atrocidades que les atribuye HRW en su informe anual. "La situaci¨®n del sindicalismo sigue siendo cr¨ªtica", comenta Alberto Vanegas, encargado de derechos humanos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia). Colombia es el pa¨ªs con el mayor n¨²mero de asesinatos contra sindicalistas del mundo. En 2010 murieron 44 y en enero han sido asesinados dos m¨¢s.

Vanegas, adem¨¢s, cuestiona las cifras oficiales de la lucha contra la impunidad. Desde 1986, 2.774 sindicalistas han sido asesinados seg¨²n cifras de la CUT. De estos cr¨ªmenes, solamente se ha investigado un 25%. Desde el Gobierno se destacan las 260 sentencias dictadas pero Vanegas subraya que ¨¦stas son para quienes dispararon el gatillo.

"Para los autores intelectuales, la impunidad sigue siendo del 99%"

HRW tambi¨¦n se?ala la situaci¨®n de los l¨ªderes de grupos de v¨ªctimas que reclamaban tierras. 45 han muerto desde 2005. La organizaci¨®n llama la atenci¨®n sobre el crimen de ?scar Maussa, asesinado en noviembre de 2010 tras recibir amenazas. Lo amarraron a un ¨¢rbol y lo mataron a palos. La restituci¨®n de tierras es una de las prioridades del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los c¨¢lculos m¨¢s bajos dicen que los paras arrebataron m¨¢s de dos millones de h¨¦ctareas. El Incoder ?Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la entidad encargada de la titulaci¨®n de estos predios? fue c¨®mplice de este despojo. "Hubo un periodo oscuro en que a m¨¢s de un subgerente de Incoder se le pod¨ªa identificar con un jefe para" afirma el nuevo gerente de esta entidad, Juan Manuel Ospina.

HRW, en una carta enviada al vicepresidente Angelino Garz¨®n, aconseja que la fiscal general, Viviane Morales Hoyos, modifique la "deficiente" metodolog¨ªa empleada en la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes. En la misiva, la organizaci¨®n reconoce que el Gobierno de Santos "ha tomado medidas positivas" para enfrentar a estos grupos. Uno de sus m¨¢s temidos cabecillas, Pedro Oliveira Guerrero, alias Cuchillo, cay¨® abatido en una operaci¨®n policial en diciembre pasado. Pero HRW subraya "la

persistencia hist¨®rica que han tenido los paramilitares, la extensi¨®n de sus redes delictivas y el poder pol¨ªtico y econ¨®mico que han acumulado [en Colombia]" y recomienda que las autoridades investiguen y juzguen a los funcionarios que hayan tolerado o colaborado con estos grupos.