El Senado colombiano aprueba una ley para resarcir a las v¨ªctimas
Se prev¨¦n compensaciones materiales y morales para m¨¢s cuatro millones de personas, cifra que incluye a todos los desplazados por el conflicto
Una amplia mayor¨ªa del Senado colombiano ha aprobado esta madrugada la Ley de V¨ªctimas que permite reparar a las millones de personas afectadas por el conflicto interno armado enquistado en este pa¨ªs desde hace m¨¢s de 50 a?os. La legislaci¨®n reconoce como v¨ªctima a cualquiera que haya sufrido una agresi¨®n desde el 1 de enero de 1985, sin importar que haya venido de un guerrillero, un paramilitar o un agente del Estado. Tambi¨¦n contempla la reposici¨®n de las tierras perdidas por los desplazados desde 1991. Se calcula que podr¨ªa haber m¨¢s de cuatro millones de beneficiados.
Tras un debate que se prolong¨® m¨¢s de nueve horas y un consenso que se hab¨ªa enredado en las ¨²ltimas semanas, el acuerdo se alcanz¨® de manera sorpresiva. El senador liberal Fernando Cristo -impulsor de la iniciativa- record¨® a su padre asesinado por la guerrilla hace 14 a?os y alab¨® la actitud del presidente Juan Manuel Santos que convirti¨® este proyecto, torpedeado durante el Gobierno de ?lvaro Uribe, en su bandera. Desde el inicio de su mandato se comprometi¨® con la iniciativa. "Si solo hacemos esto habr¨¢ valido la pena para m¨ª ser presidente", afirm¨® Santos a pocos d¨ªas de su investidura.
El expresidente Uribe, por el contrario, se hab¨ªa mostrado en desacuerdo con varios aspectos de la ley. Rechaza que se equipare a las v¨ªctimas de la guerrilla con las de los paramilitares y los agentes del Estado, y que se acepte, como lo hace la ley de manera expl¨ªcita, que en Colombia hay conflicto armado. ?l habla de una amenaza terrorista. Durante el debate en el Congreso trat¨® de imponer sus criterios a trav¨¦s de sus fieles seguidores. Lo aprobado acepta la existencia del conflicto armado, pero deja claro que no habr¨¢ reconocimiento ni legitimizaci¨®n de terrorismo.
"Las v¨ªctimas aspiraban a m¨¢s, pero es una buena ley", afirman los que la aceptan, reconociendo sus vac¨ªos . El izquierdista Polo Democr¨¢tico Alternativo trat¨® de modificar 105 art¨ªculos de los 210 que contempla la ley, pero sus argumentos fueron rechazados.
"La Ley de V¨ªctimas es trascendental porque adopta por primera vez una norma que de manera amplia habla de reparar a las v¨ªctimas", asegur¨® a este peri¨®dico Iv¨¢n Cepeda, congresista del Polo. A?ade, no obstante, que "sus fundamentos son endebles y sus alcances extremadamente limitados".
La sostenibilidad fiscal fue el argumento que marc¨® la discusi¨®n y no permiti¨® una reparaci¨®n m¨¢s generosa. Cepeda tambi¨¦n teme por las v¨ªctimas que quedar¨ªan fuera de la ley. Entre ellas, los m¨¢s de 100 pol¨ªticos y miles de militantes de la Uni¨®n Patri¨®tica, un partido fundado a partir de los acuerdos de paz con las FARC en 1984, asesinados por grupos paramilitares, miembros del Ej¨¦rcito y narcotraficantes. O tambi¨¦n, los "falsos positivos", civiles asesinados por militares para engrosar las estad¨ªsticas de guerrilleros muertos en combate.
La reci¨¦n aprobada ley tambi¨¦n contempla el tema que est¨¢ en el centro de la violencia: la tierra. Dota al Estado de herramientas que permitir¨¢n -en palabras del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo- "saldar una deuda inmensa con los desplazados". Las cifras oficiales reconocen que m¨¢s de 450.000 familias fueron despojadas de por lo menos dos millones de hect¨¢reas.
Otras cuatro millones fueron abandonadas tras la huida en desbandada de sus due?os. Algunas ONGs hablan de un robo mucho mayor. El Estado confiar¨¢ en la denuncia de las v¨ªctimas: los denunciados son los que deben demostrar su derecho sobre las tierras.
La tarea que viene de ahora en adelante es grande: montar el andamiaje institucional que permita esta restituci¨®n, proteger a los l¨ªderes que reclaman sus tierras, pues los siguen asesinando y garantizar el retorno de los desplazados a zonas donde sigue vivo el conflicto. Para la puesta en marcha de la ley falta todav¨ªa una conciliaci¨®n entre las dos c¨¢maras y que sea sancionada por el presidente Santos. Tendr¨¢ as¨ª una vigencia de 10 a?os.
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