Dos ONG denuncian el deterioro de los derechos humanos en Venezuela

A finales de mayo, tres j¨®venes murieron en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Cient¨ªficas, Penales y Criminal¨ªsticas de Venezuela. Sus cuerpos presentaban signos de golpes y traumatismos, aunque las causas de las muertes fueron r¨¢pidamente establecidas como producto del consumo excesivo de drogas previo a su detenci¨®n. Seg¨²n la Organizaci¨®n No Gubernamental para la Protecci¨®n y Promoci¨®n de los Derechos Humanos (Cofavic), el fen¨®meno de las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, en su mayor¨ªa atribuidas a las fuerzas de seguridad -y que estas presentan como presuntos enfrentamientos-, han aumentado de forma alarmante en los ¨²ltimos cuatro a?os. Un estudio realizado por la organizaci¨®n sobre 81 casos ocurridos entre los a?os 2000 y 2009 muestra que la mayor¨ªa de las v¨ªctimas son hombres j¨®venes de entre 18 y 30 a?os de edad y en m¨¢s del 60% de los casos se atribuy¨® a la participaci¨®n de funcionarios uniformados. "Los grupos parapoliciales en Venezuela se inscriben en un contexto de violencia generalizada", asegura Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic.

La activista cita cifras del Ministerio P¨²blico venezolano que revelan que entre 2000 y 2007 se recibieron 6.405 denuncias de actividades extrajudiciales (torturas, desapariciones forzadas y asesinatos) que involucraban a m¨¢s de 7.200 v¨ªctimas, es decir, un promedio de 900 denuncias al a?o. "Si las cifras se extienden al 2009 y 2010, estamos hablando de unos 10.000 casos", afirma Ortega. La mayor¨ªa de los casos se registran en sectores urbanos y algunas de las v¨ªctimas ten¨ªan antecedentes policiales.

A su juicio, todo esto gira en torno a un eje transversal que es la impunidad. "El nivel de desamparo que existe para las v¨ªctimas de violaciones de derechos humanos no tiene precedentes en Venezuela", asegura Ortega. Cifras de la Fiscal¨ªa venezolana de 2010 se?alan que de cada 100 denuncias de violaciones de los derechos humanos solo tres hab¨ªan llegado ante un juez. "En Venezuela hay algo que pareciera que est¨¢ garantizado a los criminales y es que no van a presentarse a la justicia, no va a haber una investigaci¨®n independiente, lo que se traduce en mayor violencia, en m¨¢s impunidad", afirma Ortega.

Una de las principales preocupaciones de Ortega y su colega Feliciano Reyna, de la ONG Sinergia, es el incremento en los actos de hostigamiento y persecuci¨®n de los activistas de derechos humanos. Reyna asegura que en Venezuela existe "un andamiaje por un lado legal y por el otro una serie de pr¨¢cticas que se est¨¢n llevando a cabo que implican un claro retroceso, sostenido y sistem¨¢tico de las garant¨ªas para los derechos humanos, unido a la criminalizaci¨®n de la protesta de la voz disidente". Actualmente, en Venezuela hay 34 organizaciones que est¨¢n bajo investigaci¨®n por el origen de sus fondos, y una gran cantidad de defensores de derechos que han pedido medidas de protecci¨®n especial ignoradas por el Gobierno. "Todos esos elementos generan un agravamiento de la agenda de derechos humanos", asegura Ortega.

Ambos alertan de que desde el a?o 2000 hay una desobediencia abierta a todas las sentencias emitidas por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "En ninguno de los casos ni siquiera se ha publicado la sentencia, no se ha reparado a las v¨ªctimas y mucho menos se ha investigado y sancionado a los responsables", seg¨²n Ortega.

El tema de la impunidad se extiende al sistema de justicia, afirman. Ya no solo es el hacinamiento en las c¨¢rceles -construidas para 12.000 reclusos pero que superan los 46.000- con sus 400 muertes al a?o. Ahora son tambi¨¦n los jueces quienes son amenazados y hostigados. Ortega cita la detenci¨®n de la juez Mar¨ªa Lourdes Afiuni, por liberar a un banquero opositor al presidente Hugo Ch¨¢vez. "El caso de la juez Afiuni ilustra muy bien c¨®mo a trav¨¦s de una figura se logra mandar un mensaje institucional. Cualquier juez despu¨¦s de lo que pas¨® a Afiuni se lo va a pensar dos veces antes de tomar una decisi¨®n que pueda disgustar al estamento pol¨ªtico", dice Ortega.

"No se puede seguir postergando la agenda de derechos humanos frente a la polarizaci¨®n, a la agenda electoral, a la diatriba pol¨ªtica, porque, en definitiva, quienes est¨¢n sufriendo son los sectores m¨¢s vulnerables de la sociedad", concluye.