El interior de Per¨² estalla tras las elecciones

La fr¨¢gil tregua que hab¨ªa logrado el Gobierno peruano antes de las presidenciales termin¨® de romperse esta semana, con violentas protestas en varias zonas del interior del pa¨ªs que hasta el momento han causado nueve muertes. A las tres personas que fallecieron el mi¨¦rcoles durante las protestas ocasionadas por la creaci¨®n de una controvertida universidad en la regi¨®n Huancavelica se sumaron el viernes otras seis, consecuencia de los enfrentamientos en la regi¨®n altipl¨¢nica de Puno, fronteriza con Bolivia, que reclama contra las actividades mineras y petroleras en su territorio.

Las movilizaciones solo se detuvieron unos d¨ªas para permitir la segunda vuelta electoral del 5 de junio. Tras varias semanas de violentas protestas, que incluyeron saqueos y destrucci¨®n de oficinas p¨²blicas y negocios privados, la sangre lleg¨® al r¨ªo el viernes cuando las fuerzas de seguridad de la polic¨ªa y el ej¨¦rcito usaron sus armas para intentar impedir -sin ¨¦xito- que una turba de hombres, mujeres y ni?os tomara el aeropuerto de Juliaca. De acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo, al menos 30 personas m¨¢s resultaron heridas. Los manifestantes reaccionaron atacando y sitiando la comisar¨ªa de la localidad de Az¨¢ngaro, donde quedaron atrapados una docena de polic¨ªas. Seg¨²n el jefe policial de Puno, general Herbert Rojas, hay 10 polic¨ªas heridos y uno desaparecido.

Tres situaciones se han juntado en Puno estos d¨ªas. La zona sur, de etnia aimara, fue la primera que se levant¨® contra la decisi¨®n del Gobierno de dar luz verde a un proyecto minero cercano a la zona de frontera y a las aguas del lago Titicaca, y exige que toda la regi¨®n sea declarada libre de miner¨ªa. Posteriormente, pobladores de la zona norte, de etnia quechua, se sumaron para protestar por su propia problem¨¢tica, principalmente contra la contaminaci¨®n del r¨ªo Ramis, afectado por la actividades mineras ilegales, y el proyecto de la gigantesca central hidroel¨¦ctrica de Inambari, en la regi¨®n selv¨¢tica de Madre de Dios, al este de Puno.

Salvo en el ¨²ltimo caso, los intentos del Gobierno saliente de Alan Garc¨ªa de aplacar las protestas fueron infructuosos, lo que llev¨® a algunos sectores a pedir la intervenci¨®n del mandatario electo, Ollanta Humala, quien gan¨® con amplitud las elecciones en la regi¨®n. Lo cierto es que Humala, que asumir¨¢ el Ejecutivo el 28 de julio, se ha mantenido al margen, salvo algunas declaraciones p¨²blicas en las que se compromete a solucionar los conflictos sociales. Ayer, tras una reuni¨®n con alcaldes, pidi¨® al Gobierno "detener el derramamiento de sangre" en la regi¨®n.

El viernes por la noche, finalmente el Gobierno cedi¨® a las demandas y anunci¨® una serie de decretos que suspenden las concesiones mineras cuestionadas por la poblaci¨®n aimara. El s¨¢bado por la ma?ana, el viceministro de Minas, Fernando Gala, asegur¨® que tambi¨¦n se ha llegado a "soluciones" con la poblaci¨®n quechua, por lo que afirm¨® que "no hay ning¨²n motivo" para que contin¨²en las protestas. Sin embargo, a¨²n no hay respuesta de los manifestantes.

Los conflictos sociales ha sido el gran lastre del Ejecutivo de Alan Garc¨ªa. El fuerte crecimiento econ¨®mico no ha evitado que crezca tambi¨¦n el descontento y la violencia. Desde 2008 los enfrentamientos en distintas regiones han dejado 98 muertos y 1.379 heridos, de acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo.