Los conflictos sociales en Per¨² comienzan a asfixiar a Humala

Terminada la Semana Santa, el Gobierno del presidente Ollanta Humala se enfrenta a nuevos conflictos sociales motivados por la miner¨ªa en Per¨². Entre ellos, un recrudecimiento del conflicto en la regi¨®n norte?a de Cajamarca contra un gigantesco proyecto de mina de oro al aire libre llamado Conga. Polic¨ªa y Ej¨¦rcito patrullan las calles de Cajamarca desde el viernes. A pesar de que la Defensor¨ªa del Pueblo discute el uso de la fuerza para estas situaciones, ya van seis muertos y casi un centenar de heridos en ocho meses de protestas desde que Humala accedi¨® al poder.

En Cajamarca las manifestaciones se reinician hoy, tras dos meses de pausa y a la espera de conocer el informe que tres peritos ¨Cdos espa?oles y un portugu¨¦s¨C contratados por el Gobierno entregaron ayer. El impacto ambiental del proyecto, que seg¨²n los l¨ªderes locales afecta a las cuencas que abastecen de agua a la ciudad, es la clave de la que depende que se ejecute la mina o no. El Gobierno encarg¨® el nuevo informe ante las dudas sobre el estudio inicial, aprobado por el Gobierno de Alan Garc¨ªa y respaldado por el de Humala hasta que comenzaron las violentas protestas.

El otro conflicto acuciante para la administraci¨®n Humala es el que afecta a la refiner¨ªa de Doe Run, ubicada en el poblado de La Oroya, en el centro del pa¨ªs. La refiner¨ªa fue paralizada en 2009 debido a los incumplimientos de remediaciones ambientales y pago de multas y, por ello, m¨¢s de dos mil trabajadores presionan constantemente al Gobierno para que llegue a un acuerdo con la empresa, dado que es el principal centro laboral de la zona. La Oroya es una de las diez ciudades m¨¢s contaminadas del mundo, especialmente con plomo y ars¨¦nico. Las protestas han cortado una carretera principal, y solo han dado una tregua en Semana Santa.

La empresa, del magnate estadounidense Ira Rennert, conocido por comprar instalaciones con pasivos medioambientales y luego declararse en bancarrota, ha pedido por tercera vez al Estado que postergue el plazo para compromisos medioambientales que desde 1997 no respeta. Ahora, ha puesto condicionamientos al Gobierno para pagar sus multas y reiniciar actividades.

A la situaci¨®n se a?ade la angustia del pa¨ªs por la suerte de nueve mineros atrapados desde el jueves en el interior de una mina en Ica por un accidente. El Gobierno est¨¢ tratando de organizar una misi¨®n de rescate, para lo cual ha pedido ayuda a las empresas mineras.

¡°El Gobierno ha heredado una situaci¨®n bastante complicada y su reacci¨®n ha sido adecuada. El estudio de impacto ambiental de Conga ya hab¨ªa sido aprobado, entonces ha hecho lo posible: esa comisi¨®n internacional para ver si aquel fue tan mal hecho como parece¡±, opina Marc Doujoreanni, ingeniero forestal y agr¨®nomo, referente mundial en el desarrollo y protecci¨®n de la Amazon¨ªa.

El experto considera que estos conflictos de origen medioambiental ser¨¢n el obst¨¢culo m¨¢s serio del Gobierno: ¡°Ha sido una situaci¨®n creada en los ¨²ltimos 20 o 30 a?os de mal trabajo en el sector ambiental: se tiene estudios de impacto ambiental mal hechos o hechos post-mortem, cuando ya se tom¨® la decisi¨®n de hacer la obra en tal lugar y con tales caracter¨ªsticas, y l¨®gicamente eso crea conflictos¡±.

¡°Viene una situaci¨®n realmente dif¨ªcil porque el pueblo parte del principio de que todo lo que se presenta como industria extractiva es perjudicial y que los est¨¢n tratando de enga?ar, as¨ª no sea el caso¡±, comenta.

La fuerza versus el di¨¢logo

A su vez, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega inform¨® a este diario que m¨¢s de la mitad de los conflictos sociales tienen origen socioambiental, ¡°debido al crecimiento de la inversi¨®n en industrias extractivas¡±.

El ¨²ltimo informe mensual de conflictos sociales realizado por la Defensor¨ªa del Pueblo, difundido en marzo, registr¨® 152 conflictos, de los cuales 133 son de tipo socioambiental.

¡°Los conflictos no nacen de la noche a la ma?ana, detr¨¢s de cada reclamo, hay un procedimiento administrativo o una queja a la que una autoridad no ha dado tr¨¢mite, un procedimiento administrativo que no se ha cumplido¡±, aclar¨®.

Un estudio reciente de la Defensor¨ªa del Pueblo revela que un 58% de las mesas de di¨¢logo que establece el Gobierno para abordar estos reclamos de los ciudadanos, surgen despu¨¦s de alg¨²n hecho de violencia. Adem¨¢s, advierte de que las directivas de la Polic¨ªa Nacional no son suficientes para regular la intervenci¨®n policial ante situaciones de violencia generadas por conflictos sociales.

¡°Todav¨ªa tenemos un aparato estatal que no se ha modernizado lo suficiente para atender el crecimiento econ¨®mico y los procesos y demandas ciudadanas frente a ese crecimiento¡±, a?ade Vega.

El analista e historiador Antonio Zapata tambi¨¦n destaca las dificultades no afrontadas, producto de diez a?os de bonanza econ¨®mica en el pa¨ªs andino. ¡°Desde que tenemos crecimiento econ¨®mico los conflictos son distintos: ha generado expectativas, envidia, la sensaci¨®n de ¡®a m¨ª no me dan¡¯, una injusticia en la distribuci¨®n del beneficio del crecimiento¡±.

¡°Creo que el Gobierno est¨¢ administrando los conflictos sin mayores variaciones [comparando con el Alan Garc¨ªa]: un Estado m¨®vil que intenta apagar incendios y corregir voluntades. Las mesas de di¨¢logo no son un mecanismo institucional y se convierten en una herramienta para ganar tiempo, lograr una calma aparente pero se va acumulando la bronca¡±, asegura Zapata.