Per¨² decreta el estado de emergencia en una provincia del sur por las protestas

La imagen de los polic¨ªas en cerros o en carreteras lanzando gas lacrim¨®geno y disparando a poblaciones contrarias a proyectos mineros es cada vez m¨¢s frecuente en Per¨². Esta vez, a la provincia de Espinar Cusco (sierra sur) no ha llegado el di¨¢logo, sino cerca de 1.200 polic¨ªas para resguardar la minera Xstrata-Tintaya. El saldo de dos muertos y al menos 13 civiles heridos ha llevado al gobierno a declarar esta noche el estado de emergencia durante 30 d¨ªas en esa localidad.

Era el octavo d¨ªa de protestas, lideradas por el Frente de Defensa de Espinar, para pedir la intervenci¨®n del Gobierno central en sus quejas contra la minera. El Frente agrupa a dirigentes de comunidades afectadas por la contaminaci¨®n causada por la extracci¨®n de cobre y a l¨ªderes que desde noviembre ped¨ªan a la empresa renegociar un acuerdo de responsabilidad social.

El s¨¢bado pasado, el Frente esperaba una comisi¨®n de viceministros enviada por el Gobierno, pero estando en Cusco -a siete horas del destino-, los funcionarios evaluaron que no hab¨ªa garant¨ªas suficientes en Espinar, por lo que no acudieron a la reuni¨®n.

Esta noche, el primer ministro, Oscar Valdes, ha afirmado en una conferencia de prensa que el Gobierno de Ollanta Humala ¡°quiere una miner¨ªa responsable¡± y que ha intentado infructuosamente el di¨¢logo. Ha calificado la posici¨®n de los l¨ªderes locales como ¡°radical¡±, como lo ha hecho con las autoridades de la regi¨®n Cajamarca, que enfrenta un pleito similar.

Sin embargo, en declaraciones a Canal N, el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huam¨¢n, ha lamentado que la delegaci¨®n de viceministros no llegase a la zona alegando que los comuneros ten¨ªan un inter¨¦s pol¨ªtico y que no les importaba frenar la contaminaci¨®n. Los da?os en las comunidades aleda?as a la operaci¨®n de Xstrata Tintaya han sido documentados en tres estudios: la presencia de metales pesados en el agua supera los l¨ªmites permisibles y el ganado y los auqu¨¦nidos tienen menos cr¨ªas o sufren abortos.

Esta noche, el ministro de Energ¨ªa y Minas, Jorge Merino, ha indicado en la misma conferencia de prensa que la operaci¨®n de cobre debe concluir en el a?o 2015 y la ampliaci¨®n del proyecto implica m¨¢s de 1.500 millones de d¨®lares de inversi¨®n.

Cuando los comuneros movilizados se han enterado al final de la tarde de que dos de los manifestantes heridos hab¨ªan muerto, han secuestrado al fiscal H¨¦ctor Herrera y ha prendido fuego al veh¨ªculo en el que lleg¨® a una de las tres zonas donde ocurrieron los enfrentamientos entre civiles y polic¨ªas. Sin embargo, horas despu¨¦s, por gestiones de la directora de la Vicar¨ªa de la Solidaridad de Sicuani, Ruth Luque, el fiscal fue liberado, seg¨²n ha declarado por tel¨¦fono esta noche, poco antes de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Espinar. Luque ha indicado que ten¨ªan reportes de 14 personas detenidas y que la Vicar¨ªa ahora intenta mediar entre el Gobierno y el Frente de Defensa de Espinar para que se produzca el di¨¢logo.

El Gobierno de Ollanta Humala enfrenta esta semana dos delicados conflictos sociales causados por una normatividad medio-ambiental d¨¦bil y un Estado con serias dificultades para fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de las empresas mineras y de hidrocarburos. El de Espinar ha explotador este lunes con muertes y pod¨ªa haberse evitado.

El jueves, en Cajamarca, regi¨®n de la sierra norte, empieza una huelga indefinida contra el proyecto aur¨ªfero Conga, cuestionado por peritos extranjeros contratados por el Gobierno, quienes han sugerido mejoras al estudio de impacto ambiental. La institucionalidad ambiental es el nudo de las tensiones porque el Estado no logra presionar a las empresas para que cumplan con sus obligaciones.

La Vicar¨ªa de la Solidaridad de Sicuani ha denunciado que, mientras un grupo de sus trabajadores aguardaba anoche afuera del campamento de Tintaya-Marquiri, para saber la situaci¨®n de los detenidos (dos menores de edad, entre ellos), un grupo de polic¨ªas armados los obligaron a bajar de su camioneta, los golpearon y condujeron al campamento. M¨¢s tarde, la polic¨ªa redact¨® un acta indicando que encontraron diez proyectiles en el auto. Jaime Borda y Romualdo Tito, los detenidos, se negaron a firmar el acta pues el veh¨ªculo estuvo a libre disposici¨®n de los efectivos. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Roc¨ªo Silva Santisteban, ha calificado de absurdo que hayan 'sembrado' esas municiones.