?frica acapara la atenci¨®n de la Corte Penal Internacional en su primera d¨¦cada

En julio de 2002, la Corte Penal Internacional (CPI) abri¨® sus oficinas en la ciudad holandesa de La Haya, la sede oficial. Unos pocos funcionarios se aprestaron a recibir las demandas por genocidio y cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad presentadas ante la primera instancia permanente de la justicia internacional. Hasta entonces, esos delitos hab¨ªan sido tratados por tribunales especiales como los de N¨²remberg o Tokio, tras la II Guerra Mundial. O bien los creados m¨¢s tarde para Ruanda, Camboya, Sierra Leona y la Antigua Yugoslavia. Una d¨¦cada despu¨¦s, a las celebraciones del aniversario de la CPI se unen las cr¨ªticas sobre una presunta inclinaci¨®n por abrir casos en ?frica. Rechazadas por el fiscal jefe saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, y matizadas por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnist¨ªa Internacional, son una llamada de atenci¨®n. Pueden servir para mejorar la calidad de las investigaciones y la transparencia de la instituci¨®n misma.

Con el traspaso de funciones en la fiscal¨ªa (la jurista gambiana Fatou Bensouda, segunda fiscal hasta la fecha, sustituir¨¢ a Moreno Ocampo el pr¨®ximo 15 de junio), el balance de la Corte es llamativo. Ha mostrado su firmeza al acusar de genocidio a un jefe de Estado en ejercicio, el sudan¨¦s Omar el Bashir, por las tropel¨ªas cometidas en Darfur, al sur del pa¨ªs. Tambi¨¦n ha conseguido rescatar el drama de los ni?os soldado de la oscuridad de guerras repartidas por Asia, ?frica y Am¨¦rica Latina. Personificado en Thomas Lubanga, exl¨ªder de la Uni¨®n de Patriotas Congole?a, ya ha sido considerado culpable de cr¨ªmenes de guerra por robar la infancia a menores de 15 a?os en su pa¨ªs. (El caso ha tardado seis a?os en estar listo por un problema de desclasificaci¨®n de documentos confidenciales que pod¨ªan condicionar los derechos de la defensa). Sin olvidar la contundencia con la que se acus¨® de cr¨ªmenes contra la humanidad al fallecido dictador libio Muamar el Gadafi, a su hijo favorito, Saif el Islam, y al jefe de sus esp¨ªas, Abdul¨¢ Senusi.

La CPI fue creada en 1998 por 160 pa¨ªses para juzgar a los responsables de los peores delitos. Investiga cuando lo pide un Estado miembro del Estatuto de Roma ¡ªsu carta fundacional¡ª. Tambi¨¦n puede hacerlo a instancias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por decisi¨®n propia. Hasta la fecha, tiene siete casos abiertos y centrados en Uganda, Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo, Rep¨²blica Central Africana, Darfur (Sud¨¢n), Libia, Kenia y Costa de Marfil. Otros siete pa¨ªses son, a su vez, objeto de estudios preliminares. Es decir, no se ha tomado a¨²n la decisi¨®n de actuar judicialmente. Se trata de Afganist¨¢n, Georgia, Guinea, Colombia, Honduras, Corea del Sur y Nigeria.

Entre los 121 Estados que han firmado el estatuto de Roma no figuran ni Estados Unidos, ni China ni Rusia

Un simple vistazo a la ubicaci¨®n geogr¨¢fica de los sumarios revela el peso espec¨ªfico de ?frica. No hay, por ejemplo, rastro de posibles cr¨ªmenes cometidos por tropas de Estados Unidos y Reino Unido en Irak. El primero no es un Estado Parte de la Corte, como tampoco China o Rusia. Su ausencia es una de las presuntas debilidades de la CPI, que debe actuar siempre movida por criterios judiciales, y no pol¨ªticos. Pero Londres s¨ª ha ratificado el Estatuto de Roma. Podr¨ªa haber sido, por tanto, investigada. En cuanto a la Autoridad Palestina, no fue reconocida como un Estado en toda regla por la Corte (tampoco lo est¨¢ por la ONU). Este mismo a?o ha visto rechazada su demanda de investigar los cr¨ªmenes cometidos por el Ej¨¦rcito israel¨ª en Gaza entre 2008 y 2009.

¡°El fiscal Moreno Ocampo siempre ha dicho que no le mueven criterios geogr¨¢ficos sino la gravedad de los cr¨ªmenes. Es verdad que un mayor equilibrio geogr¨¢fico habr¨ªa sido saludable. Pero tambi¨¦n lo es que en ?frica se concentra, de lejos, el n¨²cleo de las peores violaciones de derechos humanos. As¨ª, podr¨ªa decirse que no se va contra ?frica, sino a favor de las v¨ªctimas africanas¡±, asegura Hugo Relva, asesor legal de Amnist¨ªa Internacional. Todav¨ªa afina m¨¢s G¨¦raldine Mattioli-Zeltner, encargada del programa de justicia internacional de Human Rights Watch. Si bien comparte la convicci¨®n de que la Corte se ha establecido como un mecanismo clave de la justicia internacional, ¡°a partir de ahora hay que mejorar¡±, dice.

¡°La nueva fiscal deber¨ªa hacer hincapi¨¦ en la calidad de las investigaciones, concluir los casos y explicar bien su trabajo a los afectados sobre el terreno¡±. Como su colega, reconoce la dificultad y peligros de recabar informaci¨®n en pa¨ªses como Libia o Darfur. ¡°Durante el mandato de Moreno Ocampo no hemos contado siempre con explicaciones completas de su labor. Si bien ha puesto pasi¨®n y entusiasmo, y la Corte est¨¢ en el mapa, no puede seguir d¨¢ndose la sensaci¨®n de que se imparte justicia solo hacia un lado.¡±, a?ade Mattioli-Zeltner.

La Coalici¨®n para la CPI, una amalgama de 2.500 organizaciones no gubernamentales que eval¨²an su trabajo de forma independiente, prefiere hablar de robustecer la instituci¨®n. ¡°Es un tribunal internacional con criterios judiciales sobre el alcance, magnitud y repercusi¨®n de los conflictos. Hay otras regiones m¨¢s all¨¢ de ?frica, sin duda. Y la fiscal¨ªa deber¨ªa explicar mejor su trabajo. Tambi¨¦n es verdad que la primera etapa que concluye era fundacional. En La Haya hab¨ªa unos pocos funcionarios en 2002. Ahora la Corte rueda y entramos en la etapa de consolidaci¨®n¡±, seg¨²n Francesca Varda, coordinadora para las Am¨¦ricas de la Coalici¨®n.

Los tres expertos coinciden en que la segunda fase que se avecina necesitar¨¢ m¨¢s que nunca del apoyo de la comunidad internacional. De momento, 121 Estados han ratificado el Estatuto de Roma. ¡°Que Guatemala haya ratificado es un hito. Y El Salvador lo est¨¢ pensando. Cuando el golpe de Estado de Honduras, en 2009, Moreno Ocampo mand¨® una nota recordando que el pa¨ªs es Estado parte de la Corte y la fiscal¨ªa segu¨ªa de cerca el suceso¡±, recuerda Hugo Relva. ¡°Fue una advertencia de que los jefes de Estado no son impunes y la CPI es un instrumento de futuro. Por eso es vital que disponga de suficiente presupuesto para investigar¡±. O como a?aden, a dos voces, Francesca Varda y G¨¦raldine Mattioli-Zeltner: ¡°Los Estados tienen que respaldar a la Corte porque tiene un impacto directo sobre lo esta puede hacer¡±, dice la primera. ¡°La falta de fondos y de cooperaci¨®n internacional deriva en arrestos que no se producen, como el del criminal de guerra ugand¨¦s, Joseph Kony. O el propio presidente sudan¨¦s Al Bashir¡±, remata la otra.