El Constitucional egipcio, un ¨¢rbitro siempre entre dos aguas

Con su decisi¨®n de disolver las dos C¨¢maras legislativas a menos de 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Constitucional egipcio se ha situado en el centro de la pol¨¦mica en el convulso panorama pol¨ªtico del pa¨ªs ¨¢rabe. Numerosos analistas y pol¨ªticos no han dudado en describir su veredicto como un "golpe de Estado", poniendo en tela de juicio la presunta independencia de la corte encargada de interpretar la Constituci¨®n, y de ejercer de ¨¢rbitro en las disputas entre los poderes p¨²blicos.

Durante el inicio del r¨¦gimen de Mubarak, en la d¨¦cada de los ochenta del siglo pasado, el estamento judicial era una de las pocas instituciones estatales que gozaba del respeto de buena parte de la ciudadan¨ªa, pues era quiz¨¢s la ¨²nica que escapaba de la voracidad controladora del Ejecutivo. Aunque no suced¨ªa a menudo, el rais y su Gobierno recib¨ªan alg¨²n inesperado bofet¨®n a manos de un juez.

Por ejemplo, al disolver el Parlamento en los a?os 1987 y 1990, el propio Tribunal Constitucional dej¨® en evidencia los simulacros electorales organizados por el r¨¦gimen para darse un barniz de legitimidad. Asimismo, fueron un par de jueces, Mahmud Mekki y Hisham Bastawisi, quienes lideraron Kifaya, el primer movimiento de oposici¨®n frontal al r¨¦gimen, al denunciar p¨²blicamente en 2005 el pucherazo en las elecciones presidenciales de aquel a?o.

Sin embargo, poco a poco, Mubarak fue imponiendo la supremac¨ªa del poder Ejecutivo, modificando las normativas de elecci¨®n de los cargos de la c¨²pula del poder judicial, y colocando a sus hombres de confianza. Fue as¨ª como Faruq Sultan, un magistrado que hab¨ªa desempe?ado buena parte de su carrera en la justicia militar, fue designado en 2009 presidente del Tribunal Constitucional. Ahora bien, no todos los 18 miembros que forman la Corte Suprema fueron nombrados a dedo por el rais, sino que fueron elegidos por los ¨®rganos corporativos de la magistratura.

"Los veredictos sobre la disoluci¨®n del Parlamento y el permiso a Shafik para competir en las elecciones se pueden defender perfectamente desde un punto de vista legal... Pero su inmediatez, su sincronizaci¨®n y velocidad han sido una gran sorpresa", afirma un analista

"Los veredictos se pueden defender perfectamente desde un punto de vista legal... Pero su inmediatez, su sincronizaci¨®n y velocidad han sido una gran sorpresa", sostiene Nathan Brown, catedr¨¢tico de la Universidad George Washington y buen conocedor del sistema judicial egipcio. Seg¨²n Brown, en los precedentes de los a?os 1987 y 1990, la corte necesit¨® tres a?os de deliberaci¨®n antes de disolver el Parlamento al considerar inconstitucional la ley electoral. En esta ocasi¨®n, emiti¨® su fallo en cuesti¨®n de pocos meses, lo que resulta sospechoso.

Si bien parece evidente que la Junta Militar hizo sentir su presi¨®n sobre los magistrados del Constitucional, estos pod¨ªan tener sus propios motivos de tipo corporativista para disolver un Parlamento que les era hostil. De hecho, en las ¨²ltimas semanas, y a ra¨ªz del veredicto contra Mubarak, hubo una agria confrontaci¨®n entre diputados de tendencia islamista y algunos prominentes magistrados, como Ahmed al-Zend, presidente del colegio de jueces.

"Si hubi¨¦ramos sabido que las elecciones traer¨ªan al poder a este tipo de parlamentarios, no habr¨ªamos supervisado las elecciones", dijo un desafiante Al-Zend en una rueda de prensa, en la que amenaz¨® con no acatar las leyes aprobadas por el Parlamento que pudieran poner en peligro la posici¨®n e independencia del poder judicial. El juez se refer¨ªa a una propuesta de ley que otorgaba a una mayor¨ªa cualificada del Parlamento la potestad de interpretar la Carta Magna en aquellos casos en los que discrepara con alg¨²n veredicto del Tribunal Constitucional.

"El Constitucional se sinti¨® amenazado por los recientes movimientos del Parlamento contra la corte, pero no s¨¦ hasta qu¨¦ punto ese sentimiento influy¨® a los jueces", escribi¨® Brown en un art¨ªculo para Foreign Policy, en el que recuerda que Sultan, el presidente del tribunal, rehus¨® su participaci¨®n en la votaci¨®n de los dos controvertidos veredictos al ser tambi¨¦n presidente de la Junta Electoral. Sea como fuere, la percepci¨®n m¨¢s extendida, tanto entre analistas como entre los egipcios de a pie, es que los dos fallos dictados el jueves ¡ªla disoluci¨®n del Legislativo y la autorizaci¨®n a Ahmed Shafik, ex primer ministro de Mubarak, para concurrir a los comicios presidenciales¡ª, que han situado el pa¨ªs en un embrollo legal y pol¨ªtico de incierta salida, cuentan con el sello de la junta militar.

Habida cuenta de la contenciosa naturaleza de la transici¨®n egipcia, es muy probable que el poder judicial se enfrente de nuevo durante los pr¨®ximos meses a la toma de decisiones de profundo calado pol¨ªtico que podr¨ªan resultar en una grave erosi¨®n de la confianza ciudadana en este estamento. Algo parecido ha sucedido ya con el ej¨¦rcito. Y es que, en lugar de la construcci¨®n de un Estado democr¨¢tico, la descarnada lucha por el poder en Egipto que ha hecho aflorar la revoluci¨®n egipcia puede acabar devorando la popularidad de las pocas instituciones que no salieron manchadas de un periodo de tres d¨¦cadas de una oscura autocracia.