Ens¨¦?eme sus papeles

La ley de Arizona que exige a la polic¨ªa que compruebe la situaci¨®n de cualquier inmigrante del que se sospeche que puede haber entrado en el pa¨ªs de manera ilegal ¨Cun estatuto que la semana pasada obtuvo la bendici¨®n del Tribunal Supremo de Estados Unidos¡ª es una invitaci¨®n al abuso. Existen demasiadas probabilidades de que se utilice, como el propio tribunal parec¨ªa temer, para intimidar y humillar a personas con un acento o un color de piel que no encajen, una situaci¨®n que dar¨ªa al presidente Barack Obama una ventaja de voto entre los hispanos agraviados. Tambi¨¦n es posible, aunque menos probable, que se aplique m¨¢s o menos como los registros aleatorios de seguridad en los aeropuertos, cosa que indignar¨ªa a todos los habitantes de Arizona por igual.

Por ahora, mientras esperamos a ver c¨®mo se aplica la norma, prestemos atenci¨®n a otro aspecto de esta ley de ¡°ens¨¦?eme sus papeles¡±: ?Ens¨¦?eme QU? papeles? ?Qu¨¦ documentos debe uno tener siempre a mano para convencer a la polic¨ªa de que es un residente leg¨ªtimo?

Bienvenidos a una paradoja t¨ªpica de Estados Unidos. Este pa¨ªs, a diferencia de muchas otras democracias desarrolladas, no exige ning¨²n documento nacional de identidad, porque el mismo electorado que tiene tanto miedo de que los inmigrantes ilegales se apoderen de Estados Unidos cree tambi¨¦n que estamos a un paso de convertirnos en un Estado policial.

En alguna otra ocasi¨®n he sugerido que, como parte de una reforma global de nuestras absurdas leyes de inmigraci¨®n, los estadounidenses deber¨ªan dominar la inquietud que les provoca el documento nacional de identidad. La pol¨¦mica de Arizona refuerza mi convicci¨®n.

Este no es un asunto menor. La raz¨®n por la que Arizona y otros Estados han decidido utilizar a los agentes de polic¨ªa como funcionarios de inmigraci¨®n aficionados ¨Cy de que piensen en la posibilidad de hacer lo mismo con directores de centros escolares, enfermeros de los servicios de urgencia y otros empleados de la Administraci¨®n¡ª es que hemos sido completamente incapaces de fortificar la l¨ªnea de defensa m¨¢s evidente. Que no es la frontera mexicana, sino los empresarios. Al fin y al cabo, los puestos de trabajo son el principal polo de atracci¨®n para la inmigraci¨®n ilegal. Si cont¨¢ramos con una manera fiable de hacer a los empresarios responsables de comprobar la situaci¨®n legal de los candidatos a un puesto, con la obligaci¨®n de rendir cuentas, no tendr¨ªamos la necesidad de todos estos controles secundarios.

Lo que tenemos hoy es un programa rid¨ªculamente ineficaz, llamado E-Verify, que consiste en que los empresarios env¨ªan la informaci¨®n que les dan los candidatos a un puesto para que se compare con las bases de datos de la Seguridad Social o el Departamento de Seguridad Interior. El estudio m¨¢s exhaustivo realizado sobre este programa, que se hizo p¨²blico en 2009, descubri¨® que era tan f¨¢cil enga?ar al sistema con documentos robados o falsificados que se dio luz verde a m¨¢s de la mitad de los solicitantes de empleo no autorizados.

Como no hay un sistema federal cre¨ªble, los estados, en su frustraci¨®n, est¨¢n improvisando sus propios controles. Por ejemplo, ahora, en muchos estados, hay que demostrar que se es ciudadano estadounidense o residente legal para obtener el carn¨¦ de conducir. Es de suponer que ese es el documento que la mayor¨ªa de la gente en Arizona ense?ar¨¢ a la polic¨ªa si se aplica la ley del ¡°ens¨¦?eme¡±. Pero, al convertir un permiso de conducir en una especie de pasaporte interno, Arizona y otros estados con leyes similares han creado un problema distinto: los inmigrantes ilegales no dejan de conducir por ello, sino que se limitan a hacerlo sin carn¨¦, sin un examen previo y sin seguro.

Comprendo que la idea de un documento nacional va acompa?ada de cierta historia escalofriante, y por eso se oponen a ¨¦l activistas de derechas y de izquierdas, el libertario Cato Institute y la ACLU (Asociaci¨®n Americana de Libertades Civiles), People for the American Way y la Uni¨®n Conservadora Americana. Para quienes se oponen, las tarjetas de identidad van unidas a redadas nazis, la clasificaci¨®n racial de la Sud¨¢frica del apartheid y los males del imperio sovi¨¦tico. Los defensores de los derechos civiles creen que un carn¨¦ de identidad ¨Csobre todo, si se exige para votar¡ª evoca los impuestos sobre el sufragio y las pruebas de lectura y escritura que se utilizaban para impedir que acudieran a las urnas los negros en el sur segregacionista de Estados Unidos. En los ¨²ltimos a?os, las informaciones sobre los fallos en bases de datos de personas vigiladas y el aumento de los casos de usurpaci¨®n de identidad alimentan los miedos a perder la privacidad. El argumento m¨¢s poderoso contra la existencia de un documento nacional es la posibilidad de que el Gobierno ¨Co alg¨²n pirata inform¨¢tico¡ªpueda acceder a nuestra informaci¨®n y utilizarla para destrozarnos la vida.

¡°Lo ¨²nico que sabemos con seguridad sobre las bases de datos es que crecen¡±, dice Marc Rotenberg, director ejecutivo del Centro de Informaci¨®n sobre Privacidad Electr¨®nica, que incluye los documentos nacionales de identidad en sus listas de elementos amenazadores. El impulso nacional de acumular y utilizar informaci¨®n, dice, ¡°adquiere vida propia¡±.

Sin embargo, a la hora de hablar de intimidad y privacidad, somos un pa¨ªs ambivalente. Los estadounidenses ¨Cen especial los m¨¢s j¨®venes, que nadan en un mar de informaciones compartidas¡ª se toman lo que colocan en la red con una despreocupaci¨®n que raya en la imprudencia.

Lo importante, y no digo que sea siempre f¨¢cil, es distinguir entre lo que es razonable y constructivo y lo que es invasivo y desmesurado. Queremos que la vendedora de Gap sepa que nuestra tarjeta de cr¨¦dito es v¨¢lida, pero no que tenga acceso a todo nuestro historial de cr¨¦dito. Queremos que nuestros m¨¦dicos compartan nuestros historiales unos con otros, pero es de suponer que no con nuestro jefe. Podemos querer, o no, que las tiendas sepan qu¨¦ tipo de libros leemos, qu¨¦ tipo de coche conducimos y ad¨®nde estamos pensando ir de viaje. Podemos querer, o no, que quienes nos siguen en Internet sepan en todo momento d¨®nde estamos o cu¨¢l es nuestro verdadero nombre.

Imaginemos, pues, que quisi¨¦ramos dise?ar un documento de identidad capaz de controlar de manera eficaz la contrataci¨®n ilegal sin despertar temores sobre el Gran Hermano. Ser¨ªa un documento con un solo prop¨®sito, que no contendr¨ªa m¨¢s que la informaci¨®n necesaria para garantizar que la persona tiene derecho a trabajar en Estados Unidos. Igual que se necesita el pasaporte para viajar al extranjero y el carn¨¦ de la biblioteca para sacar libros en pr¨¦stamo, el documento de identidad ser¨ªa necesario para empezar a trabajar. Solo se aplicar¨ªa a los que busquen trabajo en el futuro, con el fin de no obligar a los empresarios a participar en una caza de brujas nacional.

Podr¨ªamos empezar con la tarjeta de la Seguridad Social. Habr¨ªa que emitir una versi¨®n en pl¨¢stico, con un chip que contuviera los datos biom¨¦tricos: una huella dactilar, un escaneo ocular o una foto digital. El empresario pasar¨ªa la tarjeta por una m¨¢quina y la comparar¨ªa con la persona real. A diferencia de la tarjeta actual, la nueva versi¨®n no le servir¨ªa de nada a un ladr¨®n, porque en el chip contendr¨ªa el identificador personal. No har¨ªa ninguna falta que la informaci¨®n fuera a ninguna base de datos.

La imprenta del Gobierno ya introduce los datos biom¨¦tricos en los pasaportes ¨C75 millones, hasta ahora¡ªy muchos otros documentos, como las tarjetas electr¨®nicas de paso de fronteras para los estadounidenses que van y vienen todos los d¨ªas a M¨¦xico y Canad¨¢ y los pases de seguridad para el FBI. Y existe una gran empresa que ya est¨¢ desplegando un sistema de documentos de identidad biom¨¦tricos para los millones de empleados y contratistas con los que trabaja: el Gobierno federal. No estoy hablando de ninguna tecnolog¨ªa ex¨®tica. Acabo de estar en un hotel en Barcelona que utiliza un lector de huellas dactilares en vez de llave para entrar en la habitaci¨®n.

Establecer y mantener el sistema tendr¨ªa un coste elevado, pero es razonable suponer que parte de ese dinero podr¨ªa recuperarse cobrando una m¨®dica suma y mediante multas a los infractores.

Esta soluci¨®n no dejar¨¢ satisfechos a quienes temen que cualquier medida de ese tipo puede convertirse en ¡°una herramienta de control social", como dice Chris Calabrese, de la ACLU. Pero la ¨²nica forma de eliminar por completo los riesgos de un mundo interconectado es quemar todos los papeles, tirar el tel¨¦fono m¨®vil a la basura, prescindir de Internet y vivir fuera del sistema.

La propuesta que acabo de describir ya est¨¢ siendo objeto de discusi¨®n. Los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham la incluyeron en su programa para la reforma total de la inmigraci¨®n en 2010. Por motivos comprensibles, no dijeron nada de un documento nacional de identidad. Lo llamaron ¡°una tarjeta de la Seguridad Social mejorada¡±.

Como casi todo lo dem¨¢s, la reforma de la inmigraci¨®n est¨¢ aparcada por el rodillo del partidismo en un a?o electoral. Y, si el Congreso vuelve a dedicarse alguna vez a tratar de resolver problemas, una ley de inmigraci¨®n que sea humana y sensata debe tener en cuenta muchos elementos; entre otros, expandir la inmigraci¨®n legal y facilitar una v¨ªa para que muchos de los que ya est¨¢n aqu¨ª puedan adquirir la nacionalidad. Ahora bien, uno de esos elementos esenciales del paquete es un documento nacional de identidad que est¨¦ a prueba de fraudes y tenga un uso limitado.

Entonces, la polic¨ªa de Arizona podr¨¢ volver a trabajar en lo que de verdad le corresponde.

? 2012 New York Times Service

Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia