Las elecciones de EE UU tambi¨¦n se disputan en los tribunales

A menos de tres meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el partido Dem¨®crata y el partido Republicano libran en los tribunales una lucha paralela a la que sus candidatos mantienen en una de las campa?as m¨¢s igualadas de los ¨²ltimos a?os. El gobierno de Barack Obama ha denunciado a varios Estados que, desde 2010, han aprobado diferentes normativas electorales que pueden alejar de las urnas a millones de votantes pertenecientes a minor¨ªas y de tendencia tradicionalmente dem¨®crata.

Las normativas, conocidas como "leyes de supresi¨®n del voto", pretenden cambiar las reglas para votar y exigen a los electores que aporten m¨¢s documentos de identificaci¨®n. Si entran en vigor, pueden afectar a m¨¢s de cinco millones de votantes en las pr¨®ximas elecciones, seg¨²n un informe del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, y alterar el resultado en las elecciones del 6 de noviembre, ya que los 16 Estados que han aprobado este tipo de cambios aportan el 63% de los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.

En EE UU, las leyes electorales son competencia de los Estados, por lo que cada uno puede imponer condiciones distintas para votar. En general, los ciudadanos deben registrarse con uno de los dos partidos o como votantes independientes antes de participar en unas elecciones. Basta con proporcionar su nombre y apellidos, su direcci¨®n, y ratificar que son mayores de edad.

¡°La firma del ciudadano atestigua que dicen la verdad ¡ªbajo pena de c¨¢rcel¡ª y la mayor¨ªa no est¨¢ dispuesto a correr ese riesgo, por eso apenas hay casos de fraude demostrados¡±, dice Nancy Abudu, abogada de la organizaci¨®n ACLU, responsable de varias denuncias contra las normativas que quieren endurecer los requisitos para votar. En Pensilvania, una de las legislaciones m¨¢s estrictas exige el certificado de nacimiento, la tarjeta de identificaci¨®n de la seguridad social y dos documentos que demuestren que la persona vive en la direcci¨®n que present¨® al registrarse. Otra ley similar de Tejas acaba de ser bloqueada por un juez federal por sus consecuencias discriminatorias.

¡°Las minor¨ªas suelen carecer de esa documentaci¨®n o de los recursos para adquirirla¡±, advierte Kathleen Unger, presidenta y fundadora de Vote Riders, una organizaci¨®n que ayuda a los ciudadanos a cumplir los requisitos. Unger incluye entre los afectados a ciudadanos de la tercera edad, personas sin recursos o con discapacidades y, de manera m¨¢s amplia, las mujeres. ¡°Son las que m¨¢s tienden a cambiar su nombre al casarse o divorciarse. Tambi¨¦n afectar¨¢ a las personas adoptadas o que nacieron en su casa en vez de en el hospital porque suelen carecer de su certificado de nacimiento. Obtenerlo suele llevar m¨¢s de dos meses y requiere la intermediaci¨®n de un abogado¡±.

El fiscal general, Eric Holder, as¨ª como diversos l¨ªderes de organizaciones en defensa de los derechos civiles han reiterado que estas leyes recuerdan a las que a comienzos de los 60 quisieron impedir la participaci¨®n de los afroamericanos. El gobierno ha apelado a la Ley de Derechos Civiles de 1965 para impedir la entrada en vigor de algunas de las normativas y alega que discriminan contra las minor¨ªas e impiden que se garantice el derecho a voto de todos los ciudadanos. Los gobiernos republicanos que las han aprobado, por el contrario, defienden que est¨¢n luchando contra el fraude electoral.

¡°Las leyes tienen un impacto racial considerable. Nuestros datos muestran que los m¨¢s perjudicados ser¨ªan hispanos y afroamericanos¡±, afirma Abudu. ¡°Aunque los que las han aprobado niegan que ese sea uno de los efectos, la realidad es que perjudican a las minor¨ªas, no a aquellos que suelen votar a candidatos republicanos¡±. La abogada se acaba de enfrentar en un tribunal a los defensores de la ley de Carolina del Sur y afirma que estos carecen de pruebas suficientes para demostrar que haya fraude. ¡°Tenemos que ver estas iniciativas en conjunto. Es m¨¢s que una coincidencia¡±.

Las normativas llegan en un momento en que las minor¨ªas son la nueva mayor¨ªa en varios Estados a ra¨ªz del profundo cambio demogr¨¢fico de las ¨²ltimas d¨¦cadas. Uno de cada seis norteamericanos es de origen hispano y, cada mes, 50.000 latinos alcanzan la mayor¨ªa de edad y su derecho a votar. Los datos del Censo, analizados por la organizaci¨®n Latino Decisions, muestran que los hispanos suponen un 5% de la poblaci¨®n adulta en la mitad de los Estados y en 11 de ellos, adem¨¢s, superan el 10%, convirti¨¦ndose en un sector del electorado capaz de cambiar el resultado en varios Estados decisivos, como Nevada, Florida, Colorado o Nuevo M¨¦xico. En Tejas, los m¨¢s de dos millones de hispanos que a¨²n no se han registrado para votar superan con creces el margen de 950.000 votos por los que John McCain venci¨® a Barack Obama en este Estado hace cuatro a?os, seg¨²n un estudio del Center for American Progress.

¡°Los Estados con mayor poblaci¨®n de minor¨ªas raciales han cambiado sus reglas creando normas que no exist¨ªan hace cuatro a?os¡±, dice Tobin Van Ostern, organizador pol¨ªtico de Campus Progress, que representa a estudiantes afectados por las normativas y advierte de la posibilidad de que muchos de los que votaron por primera vez en 2008, no puedan participar cuatro a?os despu¨¦s.

¡°Estas leyes est¨¢n dise?adas para funcionar a largo plazo. Todo lo que consigan en noviembre, como alejar a miles de estudiantes de las urnas, lo perder¨¢n de cara al futuro¡±, dice Van Ostern. ¡°Tardar¨¢n d¨¦cadas en recuperar sus votos¡±.

De momento, millones de ciudadanos siguen pendientes del avance de las diferentes normativas, que pueden ser tan da?inas si entran en vigor como la confusi¨®n que han generado hasta ahora en torno a los posibles requisitos. ¡°La realidad¡±, lamenta Van Ostern, ¡°es que muchos de los ciudadanos no lo sabr¨¢n hasta el d¨ªa que vayan a votar¡±.