La justicia argentina paraliza el desmantelamiento de Clar¨ªn

La marcha y el retroceso contin¨²an en la aplicaci¨®n de la Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, que obliga a Clar¨ªn y a otros 20 grupos a desinvertir. La justicia dispuso este martes que vuelva a regir la medida cautelar que congela la obligaci¨®n de que Clar¨ªn, el mayor conglomerado argentino de medios, se desprenda de licencias de emisoras y operadoras de televisi¨®n por cable. Un d¨ªa despu¨¦s de que el Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner iniciara el proceso para que Clar¨ªn entregara licencias excedentes seg¨²n la ley, se ha paralizado todo de nuevo.

La Ley de Medios lleva tres a?os desde su aprobaci¨®n, pero a¨²n no se encuentran vigentes dos art¨ªculos que obligan a los medios a desinvertir porque desde entonces Clar¨ªn los ha recurrido ante la justicia. La norma hab¨ªa sido impulsada por los Kirchner despu¨¦s de que en 2008 comenzara su guerra con Clar¨ªn por el conflicto agrario y con el argumento de que hab¨ªa que acabar con la concentraci¨®n econ¨®mica del sector y con la regulaci¨®n que reg¨ªa desde la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983). El proyecto cont¨® en su momento con el apoyo de organizaciones sociales y parte de la oposici¨®n, como la mayor¨ªa del Frente Amplio Progresista (FAP), segundo en las elecciones presidenciales de 2011, y con el rechazo de la Uni¨®n C¨ªvica Radical (UCR), el peronismo antikirchnerista y la conservadora Propuesta Republicana (PRO).

Clar¨ªn objeta la constitucionalidad de los dos art¨ªculos de la ley porque aduce que vulneran los derechos a la propiedad, al comercio y a la libertad de expresi¨®n. En 2009 consigui¨® que un juez de primera instancia, Edmundo Carbone, impusiera una medida cautelar que frenaba las desinversiones hasta que la justicia determinase la procedencia o no del recurso del grupo que encabezan Ernestina Herrera de Noble y H¨¦ctor Magnetto. En mayo pasado, la Corte Suprema estableci¨® que el 7 de diciembre venc¨ªa la medida cautelar. Entonces el Gobierno de la peronista Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner mont¨® toda una campa?a publicitaria de que el 7D comenzaba a regir en plenitud la Ley de Medios ¡°de la democracia¡±.

Ninguno de los otros 20 grupos que deb¨ªan desinvertir, incluidos PRISA (editora de El Pa¨ªs) y Telef¨®nica, han reclamado a la justicia, sino que han presentado planes para desprenderse de medios. Algunas empresas familiares propusieron repartirse los medios entre los parientes, y el Gobierno lo acept¨®. M¨¢s de 330 licencias deben devolverse al Estado, due?o del espacio radioel¨¦ctrico, de las cuales entre 150 y 200 corresponden a Clar¨ªn.

Pero el 6 de diciembre la C¨¢mara Civil y Comercial, un tribunal de segunda instancia, prorrog¨® la suspensi¨®n de la medida cautelar a favor del mayor grupo de medios de Argentina. Sin embargo, el Gobierno de Fern¨¢ndez tuvo su 14D. A ¨²ltima hora del pasado viernes, despu¨¦s de tres a?os de espera, un juez de primera instancia, Horacio Alfonso, fall¨® por fin sobre la cuesti¨®n de fondo de la demanda: la constitucionalidad o no de los dos art¨ªculos cuestionados. Alfonso determin¨® que la ley respetaba la Carta Magna y dio de baja la medida cautelar a favor de Clar¨ªn.

Este lunes, el grupo de Noble y Magnetto apel¨® el fallo de Alfonso. Al mismo tiempo, el presidente de la autoridad audiovisual de Argentina, Mart¨ªn Sabbatella, se present¨® en las oficinas de Clar¨ªn para informarle de que comenzaba el proceso para que se desprendiera de licencias de radios, emisoras de televisi¨®n abierta y por cable y operadoras de televisi¨®n de pago. Sin embargo, el desguace del grupo qued¨® paralizado otra vez este martes. Sucede que el mismo juez Alfonso acept¨® la apelaci¨®n de Clar¨ªn, la elev¨® a la C¨¢mara Civil y Comercial y determin¨® que, mientras tanto, volv¨ªa a regir la medida cautelar que congela todo. El Gobierno no planea obligar a desinvertir a los otros 20 grupos mientras contin¨²e la congelaci¨®n para Clar¨ªn.

El pasado fin de semana, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, se refiri¨® al tribunal de segunda instancia como ¡°c¨¢mara de mierda¡±, pero este lunes reconoci¨® que su expresi¨®n hab¨ªa sido un ¡°error¡±. Dos de sus tres miembros han sido cuestionados por el Gobierno por supuestos v¨ªnculos con Clar¨ªn, incluso antes de que le arruinaran el 7-D. En el Ejecutivo no se descarta la posibilidad de pedir a la Corte Suprema que intervenga directamente en el caso, para saltar al tribunal de apelaciones y poner en vigencia lo antes posible la ley. Algunos pol¨ªticos de la oposici¨®n consideran que el Gobierno lleva prisa porque quiere llegar a las elecciones legislativas, las de medio turno del segundo periodo de Fern¨¢ndez, con su enemigo n¨²mero uno desarmado. Cuatro de los siete magistrados de la Corte Suprema fueron nombrados en el Gobierno de N¨¦stor Kirchner (2003-2007) en una reforma que fue aplaudida por los opositores que rechazaban la presunta corrupci¨®n del tribunal formado en tiempos del tambi¨¦n peronista Carlos Menem (1989-1999). La opini¨®n de la Corte Suprema sobre la ley de medios es un misterio.

En la oposici¨®n, el diputado del FAP Claudio Lozano opin¨® que ¡°la actitud del Gobierno y la resistencia de Clar¨ªn al contenido desmonopolizador de la ley producen un ¨²nico resultado: incumplimiento y tergiversaci¨®n del mandato democratizador" de la norma. Lozano consider¨® que ¡°la justicia debe resolver de una vez por todas la controversia planteada por Clar¨ªn y el Gobierno debe acatar los fallos judiciales¡±. Tambi¨¦n acus¨® al Ejecutivo de ¡°tergiversar¡± la legislaci¨®n para resguardar los medios de Telef¨®nica o para permitir que ¡°grupos puedan adecuarse a la ley por la v¨ªa de transformarse en empresas independientes controladas por amigos, parientes, testaferros o funcionarios hist¨®ricos de los mismos grupos¡±. Adem¨¢s, reclam¨® el cumplimiento del art¨ªculo de la norma que obliga a entregar un tercio de las licencias de emisoras de radios y televisi¨®n abierta a organizaciones sociales y critic¨® que los medios p¨²blicos funcionen como progubernamentales.