Colombia, condenada por una masacre en la que murieron 17 civiles en 1998

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en lo que se ha llamado la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998 cuando un avi¨®n de la Fuerza A¨¦rea de ese pa¨ªs, que adelantaba un operativo contra guerrilleros de las FARC, lanz¨® bombas contra un caser¨ªo en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de Arauca, al oriente del pa¨ªs. Por el bombardeo murieron 17 personas, seis de ellas ni?os, y 27 m¨¢s resultaron heridas, entre ellas 10 menores.

Seg¨²n el fallo de la CIDH, ¡°debido a la precisi¨®n limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caser¨ªo de Santo Domingo o cerca de ah¨ª, era contrario al principio de precauci¨®n reconocido por el Derecho Internacional Humanitario¡±. El dispositivo al que se refiere la Corte es un bomba tipo cluster (compuesta por seis granadas) y no un carro-bomba de las FARC, como alegaba el gobierno colombiano. El proyectil fue arrojado desde un helic¨®ptero de la Fuerza A¨¦rea. Para la CIDH est¨¢ claro que el Estado es responsable de la tragedia de Santo Domingo por la violaci¨®n a los derechos a la vida y a la integridad personal.

Durante el proceso judicial, los miembros de la Fuerza A¨¦rea involucrados negaron su responsabilidad en la tragedia. Incluso aseguraron que varios de los muertos no eran civiles, sino guerrilleros y que las bombas que causaron la muerte de las 17 personas pertenec¨ªan a las FARC, que se hab¨ªan camuflado entre la poblaci¨®n. Sin embargo, una investigaci¨®n del FBI determin¨® que el atentado s¨ª fue producto de la bomba cl¨²ster que lanzaron miembros de la Fuerza A¨¦rea y revel¨® que las grabaciones de los pilotos hab¨ªan sido borradas del expediente judicial que adelantaba la justicia penal militar, intentando encubrir a los responsables del crimen.

A pesar de las pruebas en contra de los militares, abogados de una ONG que defiende a miembros de las Fuerzas Militares acusados de violaciones a derechos humanos en Colombia aseguraron que todo hab¨ªa sido un complot de la guerrilla para culparlos de la muerte de estos civiles. Esta estrategia sirvi¨® para dilatar la responsabilidad del Estado en el reconocimiento del crimen, por lo que las v¨ªctimas decidieron en julio de 2011 presentar el caso ante la Corte Interamericana.

En el fallo, la Corte asegura que no se demostr¨® que Colombia no hubiera realizado una investigaci¨®n exhaustiva. ¡°Por el contrario, la Corte constat¨® y estableci¨® que los mecanismos y procedimientos internos hab¨ªan coadyuvado en el esclarecimiento de la verdad¡±, se?ala el texto de 110 p¨¢ginas. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogot¨¢ ratific¨® la condena del piloto Cesar Romero y del copiloto, Johan Jim¨¦nez, a 360 meses de prisi¨®n.

La sentencia de la CIDH afirma ¡°que el Estado hab¨ªa incumplido con su deber de protecci¨®n especial de las ni?as y ni?os afectados por los hechos de Santo Domingo, toda vez que no cumpli¨® con su obligaci¨®n especial de protecci¨®n en el marco de un conflicto armado no internacional¡±.

Entre las conclusiones de la sentencia, el tribunal internacional orden¨® al Gobierno de Juan Manuel Santos hacer un acto p¨²blico, durante los pr¨®ximos seis meses, donde reconozca su responsabilidad. Adem¨¢s, deber¨¢ ¡°otorgar y ejecutar en el plazo de un a?o las indemnizaciones y compensaciones pertinentes por concepto de da?os materiales e inmateriales, a favor de varias de las v¨ªctimas heridas y de varios de los familiares de v¨ªctimas que no acudieron a la jurisdicci¨®n de lo contencioso administrativo¡±. La sentencia no incluye indemnizaciones econ¨®micas para las v¨ªctimas de los casos que ya fueron juzgados en Colombia.

Hace unos d¨ªas, se conoci¨® que el comandante de la Fuerza A¨¦rea Colombiana, Tito Sa¨²l Pinilla, hab¨ªa pedido la absoluci¨®n de los pilotos vinculados al caso.