Ante el silencio de la OEA, UNASUR avalar¨¢ las elecciones en Venezuela

La semana pasada, Human Rights Foundation solicit¨® al Secretario General de la Organizaci¨®n de los Estados Americanos (OEA), Jos¨¦ Miguel Insulza, que interpusiera sus buenos oficios ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para que ¨¦ste invitase una misi¨®n de observaci¨®n electoral de la OEA que pudiera verificar que las elecciones presidenciales del pr¨®ximo 14 de abril fueran libres y justas. Insulza se ha limitado a opinar que ¡°ser¨ªa bueno para Venezuela que aceptara¡± una misi¨®n de observaci¨®n de la OEA, mientras que el CNE de Venezuela ha suscrito un convenio confirmando que ¨²nicamente la Uni¨®n de Naciones Suramericanas (UNASUR) ¡°acompa?ar¨¢¡± el proceso electoral venidero.

A diferencia de UNASUR, la OEA es la organizaci¨®n m¨¢s experimentada en el desarrollo de misiones de observaci¨®n electoral en el continente americano. Desde 1962, la OEA ha implementado cerca de 200 misiones de observaci¨®n electoral tanto en situaciones de normalidad democr¨¢tica como para monitorear la transici¨®n de gobiernos autoritarios hacia la democracia.

Durante los a?os 1962 a 1989 se realizaron las primeras 25 misiones de observaci¨®n electoral en 11 pa¨ªses: Costa Rica, Rep¨²blica Dominicana, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panam¨¢, El Salvador, Granada. En esa ¨¦poca, las misiones de observaci¨®n electoral se limitaban a un simple acompa?amiento simb¨®lico de los procesos electorales, sin una fiscalizaci¨®n orientada a encontrar y denunciar irregularidades, ventajismos o fraude de parte de los gobiernos de turno.

En 1990, la OEA realiz¨® la primera misi¨®n de observaci¨®n electoral de grandes dimensiones en Nicaragua, enviando a 433 observadores para garantizar que el posible proceso de transici¨®n hacia la democracia en ese pa¨ªs se realizara de manera libre y justa. Estas gestiones diplom¨¢ticas facilitaron la transferencia pac¨ªfica del poder del gobierno autoritario sandinista de Daniel Ortega hacia una coalici¨®n democr¨¢tica liderada por Violeta Chamorro. Ante la aparente negativa del gobierno sandinista de reconocer p¨²blicamente los resultados del proceso electoral que daban la victoria a Chamorro, el Secretario General de la OEA, Joao Soares, facilit¨® las negociaciones que dieron como resultado la firma de un protocolo para la transferencia del mando presidencial.

De manera similar, en el a?o 2000, la misi¨®n de observaci¨®n electoral de la OEA ¡ªdirigida por el prestigioso diplom¨¢tico guatemalteco Eduardo Stein¡ª jug¨® un papel de fiscalizaci¨®n importante durante la controversial tercera reelecci¨®n de Alberto Fujimori en Per¨². Ante las numerosas medidas electorales ventajistas del gobierno de Fujimori, la misi¨®n de observaci¨®n se retir¨® del pa¨ªs y emiti¨® un informe final concluyendo ¡°que las condiciones del proceso electoral que la Misi¨®n hab¨ªa observado no permit¨ªan una contienda justa y equitativa¡±.

Con la aprobaci¨®n de la Carta Democr¨¢tica Interamericana en el a?o 2001, finalmente se codific¨® la figura de las misiones de observaci¨®n electoral. El art¨ªculo 24 de la Carta Democr¨¢tica Interamericana establece que las misiones de observaci¨®n electoral se llevar¨¢n a cabo por solicitud del Estado interesado y que, previo convenio con la Secretar¨ªa General de la OEA, el Estado deber¨¢ garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la informaci¨®n y amplia cooperaci¨®n con la misi¨®n de observaci¨®n electoral. Sobre esta base, en 2008, la OEA public¨® un importante manual que especifica la metodolog¨ªa que debe ser seguida por los observadores electores.

Con la ca¨ªda de las dictaduras militares del Cono Sur en los a?os 80, se volvi¨® una pr¨¢ctica com¨²n de muchos gobiernos democr¨¢ticos el solicitar el apoyo de este tipo de misiones como garantes de la transparencia de sus procesos electorales. Sin embargo, esta saludable costumbre, que era seguida tambi¨¦n por Venezuela, sufri¨® un rev¨¦s en 2006 cuando el gobierno del presidente Ch¨¢vez decidi¨® no volver a invitar a la OEA a observar sus elecciones.

Debe anotarse, no obstante, que el gobierno de Venezuela no es un gobierno democr¨¢tico en el sentido definido en los art¨ªculos 3 y 4 de la Carta Democr¨¢tica Interamericana. Seg¨²n estas disposiciones, son ¡°elementos esenciales¡± de la democracia tanto las elecciones transparentes, libres y justas, como el respeto del gobierno a la separaci¨®n de poderes, a la independencia del poder judicial, a la libertad de expresi¨®n, y a la existencia de un r¨¦gimen plural de partidos pol¨ªticos.

En vistas de que durante m¨¢s de 14 a?os, el gobierno del presidente Ch¨¢vez erosion¨® gradual y sostenidamente cada uno de los elementos esenciales de la democracia citados arriba, no resulta para nada sorprendente que a sus sucesores tampoco les interese una fiscalizaci¨®n internacional, imparcial e independiente del proceso electoral venidero.

Precisamente previendo este escenario, la cl¨¢usula democr¨¢tica de la OEA (art¨ªculos 18 y 20 de la Carta Democr¨¢tica) otorgan al Secretario General de la OEA la potestad de convocar al Consejo Permanente a evaluar las situaciones de ¡°alteraci¨®n o ruptura¡± del orden democr¨¢tico, dotando tanto al Secretario General como al Consejo Permanente de una herramienta extraordinaria para presionar a que los gobiernos infractores rectifiquen su conducta y, entre otras cosas, permitan el ingreso de misiones de la OEA.

Lastimosamente, el Secretario General de la OEA, Jos¨¦ Miguel Insulza, as¨ª como el resto de las democracias latinoamericanas congregadas en la OEA han venido presenciando sin decir una palabra la erosi¨®n de la democracia en Venezuela, y en otros pa¨ªses como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Libres de toda presi¨®n, estos mismos gobiernos antidemocr¨¢ticos han creado organizaciones como ALBA, UNASUR o CELAC, cuya principal utilidad pr¨¢ctica ha sido la de rendir pleites¨ªa al gobierno dictatorial de Cuba (suspendido de la OEA desde 1962), avalar las acciones antidemocr¨¢ticas de muchos de estos gobiernos, y quitar cualquier tipo de relevancia y protagonismo a la OEA y sus instituciones (desde hace dos a?os, estos mismos gobiernos vienen protagonizando un duro embate contra la importante Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos: ente independiente y garante de los derechos humanos creado en 1948).

Coherente con esta l¨®gica, en vez de solicitar una misi¨®n de observaci¨®n electoral de la OEA, el pasado 9 de marzo la presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, solicit¨® a UNASUR la conformaci¨®n de una misi¨®n de mero ¡°acompa?amiento¡± electoral.

La misi¨®n de acompa?amiento de UNASUR carece de las facultades fiscalizadoras de las tradicionales misiones de observaci¨®n electoral de la OEA, as¨ª como de la experiencia y las normas procedimentales de ¨¦stas. Sin embargo, lo m¨¢s importante es que la UNASUR tambi¨¦n carece de las credenciales de independencia e imparcialidad que permiti¨® a las misiones de observaci¨®n electoral de la OEA ejercer presi¨®n y jugar un rol positivo frente a gobernantes autoritarios como Noriega y Fujimori, en situaciones electorales muy similares a las que vivi¨® Venezuela en octubre del a?o pasado, y que se repiten hoy.

Al mismo tiempo, UNASUR, como ya dijimos arriba, ha guardado un silencio ensordecedor frente a la erosi¨®n de la democracia y la violaci¨®n de derechos humanos en Venezuela y otros pa¨ªses de la ALBA, a pesar de que esta situaci¨®n est¨¢ ampliamente documentada. UNASUR tambi¨¦n se ha mostrado siempre presta a emitir resoluciones apoyando a los poderes ejecutivos de la regi¨®n frente a cualquier conflicto con los dem¨¢s poderes, sin analizar cualquier responsabilidad que estos mismos poderes ejecutivos pudieran tener.

En pocas palabras, UNASUR se ha dedicado a defender a los poderes ejecutivos de la regi¨®n independientemente de si gobiernan o no democr¨¢ticamente.

En consecuencia, el venidero proceso electoral en Venezuela no contar¨¢ con un observador internacional capaz de denunciar las medidas ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Por ejemplo, el reglamento especial sobre la campa?a electoral para la elecci¨®n presidencial 2013, emitido el 9 de marzo por el CNE, establece tramposamente que los candidatos podr¨¢n contratar la difusi¨®n de propaganda electoral durante un tiempo m¨¢ximo de cuatro minutos diarios por canal, dando a entender de que ambos candidatos cuentan con el mismo tiempo en los medios.

Sin embargo, el CNE no denuncia o corrige el hecho de que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisi¨®n y Medios Electr¨®nicos, le otorga al Ejecutivo setenta minutos adicionales por canal a la semana, adem¨¢s del derecho a emitir cadenas oficiales que pueden extenderse de manera indefinida durante horas. La semana pasada, el director de campa?a de Henrique Capriles, Carlos Ocariz, denunci¨® que en los primeros 8 d¨ªas de campa?a, el canal del Estado ha transmitido 1248 minutos de informaci¨®n y 342 minutos de cadenas oficiales a favor del candidato oficialista Nicol¨¢s Maduro.

Lamentablemente, no existe ning¨²n indicio de que UNASUR cumplir¨¢ el importante rol de denunciar este tipo de abusos avalados por el CNE venezolano y que hacen que la elecci¨®n no pueda ser considerada ¡°justa¡±.

En efecto, el se?or Francisco T¨¢vara, presidente pro t¨¦mpore del Consejo Electoral de UNASUR, quien el pasado lunes 25 de marzo firm¨® el acuerdo de acompa?amiento electoral con el CNE, expres¨® que la misi¨®n de acompa?amiento de UNASUR ¡°sin formular valoraciones, dar¨¢ fe del desarrollo¡± del proceso. La presidenta del CNE, por su parte, elogi¨® a UNASUR diciendo que sus misiones ¡°son innovadoras y en respeto, colaboraci¨®n y relaciones de igualdad [¡­] estamos haciendo realidad la nueva pol¨ªtica electoral del Sur¡±.

Al excluir la observaci¨®n electoral de la OEA e invitar a UNASUR a ¡°acompa?ar¡± el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez m¨¢s, que no permitir¨¢ un monitoreo internacional independiente de las elecciones presidenciales venideras. Mientras esto sucede, en vez de aplicar la cl¨¢usula democr¨¢tica al gobierno venezolano, la OEA guarda silencio y ¡°la nueva pol¨ªtica electoral del Sur¡± cada d¨ªa se parece menos a la democracia.

*Thor Halvorssen es presidente y Javier El-Hage director jur¨ªdico internacional de Human Rights Foundation, una organizaci¨®n de derechos humanos con sede en Nueva York.