La participaci¨®n pol¨ªtica de las FARC abre el debate en Colombia
Partidos pol¨ªticos y movimientos sociales respaldan en Bogot¨¢ la posibilidad de que guerrilleros desmovilizados participen en pol¨ªtica si se firma la paz y piden una reforma electoral
Mientras en La Habana el gobierno colombiano y las FARC est¨¢n a puertas de discutir el segundo punto de la agenda de negociaci¨®n que se centra en la participaci¨®n pol¨ªtica de esa guerrilla, en Bogot¨¢ empez¨® el debate por cuenta de un foro pol¨ªtico organizado por la ONU y la Universidad Nacional, a petici¨®n de la mesa de di¨¢logos pero en el que no participaron ni el gobierno ni las FARC.
Como sucedi¨® con el tema agrario en diciembre ¨Cprimer punto de la agenda¨C, por tres d¨ªas cerca de 1.200 personas se reunieron para debatir que esa guerrilla, ya desmovilizada, participe en pol¨ªtica tras firmar la paz y c¨®mo lo har¨ªa, lo que ha encendido la pol¨¦mica entre los detractores al proceso y los que apoyan las negociaciones en La Habana.
Mientras representantes de 22 partidos y movimientos sociales respaldaron la idea de abrir un camino pol¨ªtico a las FARC sin armas e insistieron en la urgencia de una reforma electoral para darle espacio a las minor¨ªas y mejorar las garant¨ªas pol¨ªticas para el ejercicio a la oposici¨®n de los partidos que no est¨¦n en el gobierno, en La Habana las FARC criticaron el sistema electoral. ¡°Est¨¢ podrido, es corrupto, hay clientelismo y trampas¡±, dijo Marcos Calarc¨¢, uno de los negociadores de esa guerrilla.
Por su parte, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, tambi¨¦n record¨® desde La Habana que todos los procesos de paz exitosos ¡°abren las fronteras de la participaci¨®n pol¨ªtica y ciudadana a las nuevas fuerzas¡± y que es ¨²til que se ¡°ampl¨ªe el marco de la participaci¨®n y se consolide un estatuto que garantice los derechos de la oposici¨®n¡±.
A la izquierda colombiana este tema le preocupa ya que tiene como antecedente el genocidio de la Uni¨®n Patri¨®tica, UP, un partido surgido de los acuerdos entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que en su momento c¨²spide eligi¨® congresistas, diputados y concejales, pero que fue exterminado por la extrema derecha. Al menos 3.000 de sus simpatizantes fueron asesinados en menos de una d¨¦cada, entre ellos dos candidatos a la presidencia. Hoy ese partido busca recuperar la personer¨ªa jur¨ªdica que perdi¨® en 2002.
El debate tambi¨¦n pasa por lo jur¨ªdico. De la Calle aclar¨® el lunes que una cosa son las garant¨ªas para la oposici¨®n y otra la situaci¨®n jur¨ªdica a la que se enfrentar¨¢n los jefes de las FARC. ¡°La pregunta sobre qui¨¦n de ellos, en cada caso, puede ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia¡± y record¨® que en este asunto no solo cuenta la voluntad del gobierno ya que pasa por decisiones de otras ramas del poder y compromisos internacionales.
Desde el inicio de los di¨¢logos de paz, las encuestas muestran que si bien los colombianos apoyan la paz negociada no aceptan el hecho que guerrilleros con cientos de cr¨ªmenes a cuestas regresen a la vida civil sin pagar un d¨ªa de c¨¢rcel. Y menos ser elegidos a cargos p¨²blicos. En la m¨¢s reciente, el porcentaje que se opone lleg¨® al 67 por ciento.
Uno de los personajes que encarna esta tendencia, desde la institucionalidad colombiana, es el actual procurador general, Alejandro Ord¨®?ez, a quien le preocupa que a cambio de firmar la paz, los cr¨ªmenes de la guerrilla queden impunes. Ord¨®?ez ha dicho que denunciar¨¢ ante organismos internacionales cualquier acuerdo que lleve a la impunidad, refiri¨¦ndose al llamado Marco Jur¨ªdico para la Paz que abre la posibilidad de penas alternativas dentro de un proceso de justicia transicional, lo que permitir¨ªa a la guerrilla hacer pol¨ªtica una vez se desmovilicen.
Estas reacciones lo graduaron como enemigo del proceso de paz y ha provocado duras reacciones como la del fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, quien lo invit¨® a que revise su interpretaci¨®n de las leyes, adem¨¢s de insistir en que la legislaci¨®n no generar¨¢ impunidad. ¡°No solamente se hace justicia a trav¨¦s de la privaci¨®n de la libertad, sino de la aplicaci¨®n de la verdad y la reparaci¨®n como formas alternativas de hacer justicia¡±, indic¨®. Montealegre propuso incluso que los guerrilleros que confiesen sus cr¨ªmenes puedan acceder al principio de oportunidad, un beneficio que a cambio de la confesi¨®n de cr¨ªmenes otorga rebaja de penas y que los podr¨ªa exonerar de ir a la c¨¢rcel.
El ¨²nico movimiento que no asisti¨® al foro fue Centro Democr¨¢tico, liderado por el ex presidente ?lvaro Uribe, que calific¨® como ¡°inaceptable jur¨ªdica y moralmente¡± dar este espacio a quienes cometen cr¨ªmenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Al final del foro se reunieron cerca de 400 propuestas que ser¨¢n llevadas a La Habana.
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