La deuda de justicia de Am¨¦rica Latina

Por cada final, hay decenas de historias inconclusas. Este viernes, un tribunal de Guatemala sentenci¨® al exgeneral Jos¨¦ Efra¨ªn R¨ªos Montt a purgar 80 a?os de prisi¨®n por haber incurrido en cr¨ªmenes de genocidio y delitos de lesa humanidad durante el r¨¦gimen de facto que condujo entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

R¨ªos Montt es el primer exjefe de Estado de Centroam¨¦rica condenado por cr¨ªmenes de esta naturaleza, pero no el ¨²nico susceptible de castigo. Como ¨¦ste, hay decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente de Am¨¦rica Latina y el Caribe que esperan por ser juzgados y miles de v¨ªctimas que esperan justicia. Aunque la regi¨®n se encuentra en su momento m¨¢s democr¨¢tico, los Estados que la integran hacen pocos esfuerzos por honrar esa deuda.

La lista de episodios oscuros y sangrientos es larga. Las matanzas de campesinos ocurridas en El Salvador ¨Centre ellas, la de El Mozote, la m¨¢s grande de la que se haya tenido noticia en la regi¨®n¡ª durante el conflicto armado (1980-1992). Las torturas, los asesinatos, los encarcelamientos ordenados por la dinast¨ªa de los Duvalier en Hait¨ª, entre 1957 y 1986. Las desapariciones y masacres ocurridas en las c¨¢rceles venezolanas desde 1992 hasta ahora. Los muertos, los desaparecidos que dej¨® a su paso la Operaci¨®n C¨®ndor, el pacto establecido entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a mediados de los a?os 70 del siglo XX para arrasar con la disidencia pol¨ªtica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido un total de 162 sentencias sobre algunos de estos casos: ha comprobado responsabilidades, repartido culpas y recomendado a los Estados que hagan lo mismo a trav¨¦s de sus sistemas de justicia internos, y que se comprometan a que hechos as¨ª de lamentables no se repitan. Per¨² es el pa¨ªs de la regi¨®n que m¨¢s sentencias acumula (27), seguido por Guatemala (17) y por Venezuela (16). En la mayor¨ªa de los casos, las reparaciones y dem¨¢s recomendaciones ordenadas por la Corte no han sido acatadas por los Estados.

¡°Lamentablemente, faltan todav¨ªa muchos a?os para que esta deuda de justicia se salde. Las v¨ªctimas han sostenido una lucha incansable para que se conozca la verdad y se haga justicia. Pero hay poderes todav¨ªa vigentes que est¨¢n claramente interesados en que la impunidad prevalezca¡±, ha dicho a EL PA?S Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroam¨¦rica y M¨¦xico del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Washington. El Cejil est¨¢ dedicado a la promoci¨®n y la defensa jur¨ªdica de los derechos humanos y, junto a 380 organizaciones de la regi¨®n, representa en la actualidad a unas 13.000 v¨ªctimas de todo el continente ante del Sistema Interamericano.

Al menos 25 pa¨ªses del continente se han adherido a la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos, que sirve de base al sistema, y han ratificado la competencia de la Comisi¨®n Interamericana y de la Corte. Pero la mayor¨ªa de ellos solo acatan parcialmente las resoluciones que estos organismos les imponen; en el ¨²ltimo quinquenio, pa¨ªses como Venezuela y Ecuador han criticado duramente a ambas instancias, acus¨¢ndolas de injerencistas, y han sugerido su desaparici¨®n. ¡°Hoy m¨¢s que nunca es necesaria la vigencia de estos ¨®rganos supranacionales para recordarles a los Estados y a los gobernantes de turno sus obligaciones y en caso de que no cumplan con ellas, para hacer las condenas respectivas. Las v¨ªctimas requieren de esa voz supranacional, que en muchos casos son los ¨²nicos ¨®rganos que les han brindado algo de justicia, porque en sus pa¨ªses todos los mecanismos de justicia se encuentran bloqueados¡±, sostiene Marcia Aguiluz.

Aunque en Am¨¦rica Latina y el Caribe prevalece la democracia como sistema, la justicia en la regi¨®n sigue siendo un estado de ¨¢nimo, m¨¢s que una garant¨ªa imprescindible para salvaguardar el estado de derecho.

Los Poderes Judiciales son a¨²n d¨¦biles; en muchos casos, dependientes del Ejecutivo, y en los peores, de los Gobiernos de turno, de los cuarteles, de los partidos. ¡°La justicia es lenta, depende de los momentos en la historia pol¨ªtica de un pa¨ªs y de las posibilidades¡±, afirma Reed Brody, consejero jur¨ªdico de Human Rights Watch. Brody acompa?a en este momento los reclamos de las v¨ªctimas contra varios exdictadores: hace dos a?os, particip¨® en la elaboraci¨®n del dossier contra Jean Claude Duvalier que est¨¢ siendo considerado por los tribunales de Hait¨ª con miras a un posible juicio por cr¨ªmenes de lesa humanidad; y en 1998, represent¨® de HRW durante la batalla legal en la C¨¢mara de los Lores que condujo al arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet.

¡°El arresto del general Pinochet en Londres desencaden¨® una cascada de justicia (en Am¨¦rica Latina) o lo que se conoce como el efecto de Garz¨®n¡±, recuerda Reed Brody. Antes de que la regi¨®n experimentara este efecto, en la d¨¦cada de los 80, hubo varias transiciones en Am¨¦rica Latina que dejaron impunes a los perpetradores de cr¨ªmenes de lesa humanidad y en muchos casos, como ocurri¨® en Am¨¦rica Central, los dejaron incluso en el poder. ¡°Pero esto no extingui¨® la sed de las v¨ªctimas y la necesidad de verdad y justicia por parte de la sociedad. Cuando las condiciones pol¨ªticas vuelven, esos anhelos para la justicia reaparecen con m¨¢s fuerza. Cada pa¨ªs tiene una historia distinta, pero lo que es similar es la perseverancia de las v¨ªctimas en la b¨²squeda de justicia¡±, sostiene Brody, con la fe de que los tiempos por venir siempre ser¨¢n mejores.