Un proyecto de carretera divide una provincia y a congresistas en Per¨²
Crecen los dilemas y conflictos entre la infraestructura y el respeto a la vida de pueblos ind¨ªgenas y sus recursos
Pur¨²s es una de las provincias m¨¢s grandes de Per¨², ocupa casi 18.000 kil¨®metros cuadrados del departamento de Ucayali en la Amazon¨ªa, y su r¨ªo principal corre en sentido a Brasil. Es uno de los puntos m¨¢s al oriente del pa¨ªs y alejado de la capital, a cuatro d¨ªas de Lima si no es por v¨ªa a¨¦rea. En abril del 2012 un congresista present¨® un proyecto de ley para declarar de ¡°necesidad p¨²blica e inter¨¦s nacional¡± una carretera o ferrocarril que conecte el puerto de Pur¨²s con I?apari, en el departamento de Madre de Dios, mejor conectado por carretera con el resto del Per¨². La iniciativa ha generado una divisi¨®n en las organizaciones de la provincia y una controversia entre parlamentarios de la Comisi¨®n de Pueblos Andinos, Amaz¨®nicos y Ambiente del Congreso, que a¨²n no aprueba el dictamen del proyecto.
La propuesta de ¡°conectividad terrestre¡± implica abrir una v¨ªa de unos 270 kil¨®metros que atraviese el Parque Nacional de Alto Pur¨²s, una reserva comunal y una reserva territorial que afectar¨ªa r¨ªos, quebradas, lagunas y bosques tropicales. En la reserva territorial viven ind¨ªgenas de la etnia Mashco Piro en aislamiento voluntario, y seg¨²n la ONG Global Witness ¡°alberga la superficie m¨¢s grande de caoba que queda en Per¨² y quiz¨¢ en el continente¡±.
¡°Soy ind¨ªgena sharanahua, no queremos problemas. El congresista (Carlos) Tubino no ha llegado al Pur¨²s a consultar a los pueblos ind¨ªgenas. Queremos que se archive este proyecto, nos est¨¢n dividiendo¡±, afirma Eduardo del ?guila Mel¨¦ndez, vicepresidente de la Federaci¨®n de Comunidades Nativas de Pur¨²s (Feconapu), en Lima,tras la presentaci¨®n de un informe de Global Witness que revela los perjuicios de la ¡°conectividad terrestre¡± en la zona y los posibles conflictos de inter¨¦s de algunos de los parlamentarios que defienden el proyecto de ley.
Este es uno de los casos en que un proyecto de ley podr¨ªa afectar a pueblos ind¨ªgenas, sin embargo, el Congreso a¨²n no define en qu¨¦ momento del proceso parlamentario har¨¢ la consulta previa sobre la aprobaci¨®n de una ley que afecte a estos sectores de la poblaci¨®n. Per¨² promulg¨® en 2011 la ley de consulta previa a los pueblos ind¨ªgenas en 2011, porque es firmante del Convenio 169 de la OIT, pero hace un par de semanas el presidente Ollanta Humala dijo en una entrevista que en el pa¨ªs solo hay algunos pueblos ind¨ªgenas "que viven aislados" en la selva, dando a entender que otros grupos en la Amazon¨ªa y en los Andes no califican para la consulta previa en proyectos de industrias de extracci¨®n, hidroel¨¦ctricas o construcci¨®n de infraestructura, como en Pur¨²s. Las primeras consultas las realizar¨¢n los Gobiernos regionales de Puno y Loreto, pero el Ejecutivo y el Legislativo a¨²n no empiezan con el procedimiento.
Eduardo del ?guila explic¨® a EL PA?S que los promotores de la carretera en Puerto Esperanza, Pur¨²s, han creado una organizaci¨®n paralela a Feconapu para desacreditarla, llamada Fecoindepu. ¡°Ellos son trabajadores de la Municipalidad provincial de Puerto Esperanza, que se han nombrado entre ellos y un p¨¢rroco, y se han colocado un nombre. Pero a nosotros nos han elegido los pueblos, los clubes de madres¡±.
¡°Nos est¨¢n dividiendo, nos est¨¢n haciendo pelear internamente. No vamos a permitir que un grupo nos vaya a utilizar, el proyecto es un atropello, una violaci¨®n, nosotros a¨²n cuidamos a nuestros hermanos que no salen del monte¡±, ha denunciado tambi¨¦n Emilio Montes, presidente de Feconapu, que agrupa once pueblos (etnias) en 47 cuencas de Pur¨²s.
El proyecto de conectividad terrestre ya tiene un dictamen favorable en la Comisi¨®n de Transportes del Congreso, pese a que el Ministerio del Ambiente, el de Cultura y el de Transportes y Comunicaciones se han expresado p¨²blicamente, por motivos distintos, contra la carretera. En la Comisi¨®n de Pueblos Andinos y Ecolog¨ªa la discusi¨®n del dictamen fue postergada tres veces en el ¨²ltimo mes. Ante la fuerte oposici¨®n contra el proyecto de ley, el congresista que lo promueve, Tubino, acept¨® el martes, que el texto ya no aludiera a la conectividad terrestre, sino solo a la necesidad p¨²blica de la conectividad. Pero el congresista ind¨ªgena, Eduardo Nayap, pidi¨® insertar una frase que prohibiera la conectividad terrestre. Seg¨²n la congresista Ver¨®nika Mendoza, presente en la sesi¨®n, Tubino se exalt¨® y no lo concedi¨®. ¡°Eso ha dejado preocupaci¨®n, no hemos llegado a¨²n a un acuerdo¡±.
El mi¨¦rcoles, Juan Carlos Torres -asesor del congresista Tubino- dijo en un evento p¨²blico organizado por tres ONG ambientalistas y Feconapu que retirar¨ªan del dictamen la palabra ¡®terrestre¡¯ (que es sin¨®nimo de la carretera o ferrocarril), pero que si el Estado luego decid¨ªa que la conectividad se hiciera mediante una carretera, no se les podr¨ªa responsabilizar a los promotores de la ley.
En una entrevista concedida a Radioprogramas, a inicios de mes, el congresista Tubino dijo que su proyecto de ley es ¡°de muy buena voluntad¡± porque los vuelos comerciales no llegan y han disminuido los vuelos de apoyo de la Fuerza A¨¦rea. Seg¨²n el parlamentario fujimorista, las ONG lo tratan de poner como si fuera un cavernario. ¡°Dicen que quiero imponer una carretera en la zona, que podr¨ªa ser necesaria, aunque hay que llegar a consensos. Hay intereses de ONGs muy grandes que est¨¢n en la zona como la WWF. Podr¨ªa ser tren o carretera, pero soliviantan a la poblaci¨®n, sobre todo nativa con poca educaci¨®n¡±.
El informe de Global Witness advierte el v¨ªnculo de algunos congresistas que respaldan el proyecto de conectividad terrestre, con empresas mineras y forestales, a las que beneficiar¨ªa esta v¨ªa. Tambi¨¦n anota que la principal carretera en la selva sur del pa¨ªs, la Interoce¨¢nica, ha facilitado la deforestaci¨®n mediante la miner¨ªa ilegal. Los activistas medioambientales y las organizaciones ind¨ªgenas de Pur¨²s temen que eso mismo ocurra y, m¨¢s a¨²n, que si no se concretara la carretera, se legitime una trocha ilegal que los promotores de la v¨ªa han empezado con fondos de la Municipalidad, desapareciendo parte del bosque.
El informe de conflictos sociales de la Defensor¨ªa del Pueblo registra en abril 229 conflictos sociales, el 67% de ellos son medioambientales, aunque no incluye el de Pur¨²s. Este caso se suma a varios otros, en los que los pueblos ind¨ªgenas peruanos perciben al Estado apartado de ellos, desprotegi¨¦ndolos o atac¨¢ndolos, como tantas veces ha ocurrido en la historia y en a?os recientes.
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