La anulaci¨®n de la condena deja a R¨ªos Montt en un limbo legal
El Constitucional de Guatemala ordena repetir el proceso judicial en parte El exdictador hab¨ªa sido condenado a 80 a?os de c¨¢rcel por genocidio y cr¨ªmenes contra la humanidad
La decisi¨®n del Tribunal Constitucional de Guatemala, que en la noche del lunes anul¨® la sentencia de 80 a?os de prisi¨®n al exdictador Efra¨ªn R¨ªos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad, ha sacado a la superficie de nuevo lo profundamente dividida que se encuentra la sociedad guatemalteca. Han pasado 17 a?os desde que se firm¨® la paz que puso fin a 36 a?os de guerra civil. Pero el acuerdo ha sido incapaz de impulsar la articulaci¨®n de una sociedad m¨¢s justa.
El alto tribunal orden¨® repetir el juicio contra el antiguo dictador a partir del estado en que se encontraba el proceso el 19 de abril, cuando la vista fue suspendida. El proceso se reanud¨® despu¨¦s sin tener en cuenta testigos propuestos por la defensa de R¨ªos Montt que supuestamente le habr¨ªan sido favorables.
El magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto Molina Barreto, dijo este martes en rueda de prensa que la decisi¨®n de anular la condena al exdictador tiene "un car¨¢cter preventivo". Justific¨® la decisi¨®n en que el tribunal de sentencia, presidido por la juez Jazm¨ªn Barrios, "no acat¨® una orden de la Sala Tercera de apelaciones, por lo que cay¨® en desacato". En consecuencia, a?adi¨®, la continuaci¨®n del proceso y la sentencia condenatoria son "ilegales". Concluy¨® afirmando que "No puede haber justicia si no se respeta el debido proceso".
El fallo ech¨® por tierra un juicio que despert¨® grandes expectativas tanto a nivel nacional como internacional ya que, por primera vez en la historia, se sentaba en el banquillo de los acusados a un militar que, en su momento, encarn¨® el poder absoluto, mientras daba voz a los sectores ind¨ªgenas secularmente marginados, que pudieron hacerse o¨ªr y denunciar las grav¨ªsimas violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos durante el llamado ¡°quinquenio negro¡±, ocurrido entre 1978 y 1983, cuando la represi¨®n militar alcanz¨® sus m¨¢s altas cotas de salvajismo en el combate a las guerrillas de inspiraci¨®n marxista.
Es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, al mundo, a la vez que un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados" Arzobispado de Guatemala
La anulaci¨®n de la condena por genocidio constituye, a criterio de la Oficina de Derechos humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), una burla a las v¨ªctimas, a la comunidad internacional y al sistema de justicia. ¡°Es un retroceso para la justicia¡±, asegur¨® el director de la oficina, Nery Rodenas. ¡°Sin lugar a dudas, es una bofetada para una comunidad, la ixil, que esper¨® m¨¢s de 30 a?os para llegar a un debate que pretend¨ªa recobrar la confianza en un sistema legal y la condena parec¨ªa ser un paso adelante¡±.
Rodenas recuerda que fue evidente, a lo largo de todo el juicio, que el objetivo principal de la defensa fue obstruir el proceso. ¡°Su meta ha sido separar a un tribunal objetivo, lo cual han logrado, toda vez que un nuevo debate obliga al cambio del tribunal¡±, a?ade.
Para la ODHAG, la anulaci¨®n de la sentencia dictada la noche del lunes ¡°es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, a la comunidad internacional, a la vez que manda un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados, extremo que debilita y pone en alto riesgo el proceso de paz inaugurado en 1996¡±. Para el analista H¨¦ctor Rosada Granados, negociador del proceso de paz durante el periodo presidencial de Ramiro de Le¨®n Carpio (1993-1996), el dictamen del Constitucional es consecuencia de la presi¨®n de un sistema que no asume su papel hist¨®rico. ¡°La sentencia viene determinada por un sistema dominante incapaz de aceptar el genocidio¡±, afirma, y subraya que esos sectores ¡°tienen tan sucia el alma que no soportan enfrentarse al pasado, y cuyo bienestar actual es producto del despojo que hicieron sus padres y sus abuelos¡±.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, dijo estar preocupado porque este tipo de soluciones jur¨ªdicas abra paso a que todo tipo de delincuentes los utilicen para burlar la justicia. Califica la sentencia como una decisi¨®n pol¨ªtica y no jur¨ªdica.
En cualquier caso, la sentencia del Constitucional deja m¨¢s interrogantes que respuestas. Entre ellas, cu¨¢l es la situaci¨®n jur¨ªdica de R¨ªos Montt, pues el fallo de los magistrados no define nada al respecto. El viejo general se encuentra hospitalizado y sufre los achaques propios de su edad, 87 a?os, como problemas de pr¨®stata y arritmia card¨ªaca. Anoche se ignoraba si podr¨¢ irse a casa o continuar¨¢ encarcelado hasta que un nuevo juicio d¨¦ el veredicto final. Al respecto, sus defensores pidieron ayer su puesta en libertad ante una sala de apelaciones.
El fallo del Constitucional no separa del proceso a los integrantes del tribunal que conden¨® a R¨ªos. En consecuencia, ser¨¢n ellos, bajo la presidencia de Jazm¨ªn Barrios, quienes deber¨¢n darle tr¨¢mite a la recusaci¨®n de la defensa. El abogado Francisco Garc¨ªa Gudiel ha recusado al tribunal con argumentos contradictorios. Mientras argumenta que mantiene una ¡°enemistad grave¡± con la juez Barrios, pide la separaci¨®n de otro miembro del tribunal, Pablo Xitumul, porque este habr¨ªa afirmado p¨²blicamente que les une una amistad de a?os.
Los abogados de R¨ªos Montt pretenden que sea un nuevo tribunal el que retome el proceso. En consecuencia, elevaron una petici¨®n a una sala de apelaciones para que ¡°mediante un acto para mejor fallar¡± se retire al tribunal presidido por Barrios, lo que abre interrogantes sobre qu¨¦ letrados tienen la trayectoria suficiente para manejar un juicio que sobrepasa las fronteras guatemaltecas.
La decisi¨®n del Constitucional ha provocado reacciones divergentes en el Congreso. El congresista Luis Ch¨¢vez, del opositor Libertad Democr¨¢tica Renovada, calific¨® la resoluci¨®n como ¡°legal, pero no leg¨ªtima¡±, asegurando que a los tres magistrados que votaron a favor de la tesis de la defensa, ¡°la historia los juzgar¨¢¡±. Orlando Blanco y Byron Chac¨®n, tambi¨¦n en la oposici¨®n, coincidieron en se?alar que algunos fallos de procedimiento hac¨ªan previsible la anulaci¨®n de la sentencia, un argumento en el que coinciden abogados independientes.
Una de las reacciones m¨¢s duras ha sido la del cap¨ªtulo guatemalteco de Amnist¨ªa Internacional, quien en un comunicado califica el fallo como ¡°un duro golpe para las v¨ªctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto¡±. ¡°No est¨¢n claros los fundamentos jur¨ªdicos de esta decisi¨®n ni se sabe, con seguridad, c¨®mo el tribunal de primera instancia puede volver al juicio al momento en que se encontraba a mediados de abril¡±. Subraya que la sentencia del Constitucional ¡°levanta obst¨¢culos tremendos para poder hacer justicia y garantizar la rendici¨®n de cuentas por un periodo desgarrador de la historia de Guatemala¡±.
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