Un juez federal somete a tutela la gesti¨®n del ¡®sheriff¡¯ Arpaio
Las acciones de su oficina estar¨¢n supervisadas por un responsable judicial y una comisi¨®n comunitaria. La decisi¨®n forma parte de su condena por discriminaci¨®n racial
Todas las actividades del la Oficina que dirige el sheriff Joe Arpaio en el condado de Maricopa (Arizona) estar¨¢n tuteladas por un supervisor, designado por un juez, y por una comisi¨®n especial formada por miembros de la comunidad. As¨ª lo ha dictaminado este mi¨¦rcoles el juez federal Murray Snow, en una decisi¨®n que pone punto y final al fallo que ¨¦l mismo dict¨® en mayo de este a?o en el que condenaba al autodenominado sheriff m¨¢s duro de Am¨¦rica por discriminaci¨®n racial contra los hispanos.
Tras conocer la decisi¨®n judicial, Arpaio emiti¨® un comunicado en el que, tras se?alar que estaba estudiando posibles recursos, dejaba claro que el supervisor "no tendr¨¢ capacidad para vetar mis obligaciones ni mis operaciones". "Como sheriff elegido constitucionalmente del condado de Maricopa, seguir¨¦ cumpliendo con las obligaciones que me exige la ley", termina su nota.
El supervisor al que alude el sheriff, de acuerdo con la resoluci¨®n judicial, deber¨¢ revisar todas las operaciones que lleve a cabo la oficina de Arpaio, desde las redadas, hasta el entrenamiento de los agentes, pasando por la petici¨®n de documentaci¨®n a los ciudadanos, las detenciones o los controles de tr¨¢fico, para comprobar que todas se ci?en a las pautas de conducta y especificaciones de la sentencia.
El control previsto para las batidas que tengan por objeto inmigrantes sin papeles y aquellas operaciones que involucren a un alto n¨²mero de oficiales y ayudantes del sheriff es mucho m¨¢s estricto. En el caso de este tipo de acciones, en los 30 d¨ªas siguientes a los que se lleven a cabo, quienes participen en las mismas tendr¨¢n la obligaci¨®n de explicar sus objetivos y los resultados a la comisi¨®n comunitaria -formada por tres miembros designados por la Oficina del Sheriff y otros tres elegidos por la Uni¨®n de Libertades Civiles Americana (ACLU), la organizaci¨®n que gan¨® la demanda contra Arpaio-.
Si se trata de una redada contra inmigrantes indocumentados, adem¨¢s, el sheriff deber¨¢ notificarla al supervisor y a la ACLU dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores a que ¨¦sta haya tenido lugar, salvo que esta circunstancia pueda poner en peligro otra investigaci¨®n criminal, en cuyo caso ser¨¢ directamente el juez Snow quien revise la legalidad de la operaci¨®n. Arpaio deber¨¢ designar en los pr¨®ximos tres meses a un ayudante biling¨¹e que sirva de enlace entre su oficina y la comunidad.
Desde que se conoci¨® la sentencia que condenaba a Arpaio por discriminaci¨®n racial contra los hispanos, el sheriff y sus abogados manifestaron su intenci¨®n de recurrir el fallo, pero decidieron esperar hasta conocer el contenido de las medidas que en relaci¨®n con la resoluci¨®n deb¨ªa imponer el juez. A lo largo de este tiempo, sus representantes legales han tratado de negociar con la ACLU una soluci¨®n negociada y en estas conversaciones siempre se han mostrado reticentes a la imposici¨®n de un supervisor judicial y a que la comunidad se involucre en sus actividades.
Arpaio, de 80 a?os, anunci¨® a principios de junio su decisi¨®n de suspender temporalmente sus funciones relacionadas con el control de la inmigraci¨®n. ¡°No vamos a desarrollar nuestras potestades en materia de inmigraci¨®n hasta conocer la decisi¨®n final del juez. Mientras tanto, mejor estar a salvo que tener que lamentarnos¡±, se?al¨® el portavoz del sheriff. Era la primera ocasi¨®n en la que el controvertido agente decid¨ªa abandonar su pol¨ªtica de mano dura en la frontera. Arpaio se ha hecho famoso por sus pol¨¦micas redadas contra hispanos, por sus agresivas cr¨ªticas a las pol¨ªticas migratorias de Washington, por obligar a los detenidos a llevar uniformes rosas y hacerlos trabajar en pleno desierto atados con cadenas o por cuestionar la partida de nacimiento del presidente Barack Obama.
La decisi¨®n de este mi¨¦rcoles es el colof¨®n de un proceso que comenz¨® en 2007 cuando Manuel de Jes¨²s Ortega Melendres, un turista mexicano que estaba en EE UU de manera legal, fue parado por una de las patrullas de la Oficina del Sheriff a la salida de una iglesia en Cave Creek. Ortega estuvo retenido durante m¨¢s de nueve horas, mientras que el conductor del coche en el que viajaba, de raza blanca, fue puesto en libertad mucho antes. A su demanda por detenci¨®n ilegal se sumaron dos de sus hermanos y una ayudante del antiguo alcalde de Phoenix, Phil Gordon, que tambi¨¦n alegaron haber sufrido discriminaci¨®n por su condici¨®n de hispanos.
En mayo, Snow dictamin¨® que el octogenario sheriff hab¨ªa discriminado de manera continuada a los hispanos en las redadas y controles de tr¨¢fico y censur¨® que Arpaio diera m¨¢s prioridad a la lucha contra la inmigraci¨®n que al resto de las funciones.
La oficina del sheriff Arpaio deber¨¢ someterse a la nueva tutela judicial y acatar sus normas durante los pr¨®ximos tres a?os, de acuerdo con la resoluci¨®n de Snow.
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