Londres crear¨¢ un ¡°entorno hostil¡± para empujar a los ¡®sin papeles¡¯ a irse

Acosado desde la derecha por el antieuropeo UKIP, agotadas las f¨®rmulas para reducir a¨²n m¨¢s la llegada de inmigrantes de pa¨ªses terceros y atado de pies y manos por la legislaci¨®n europea que le dificulta restringir el acceso de trabajadores comunitarios, el Gobierno brit¨¢nico ha optado por la v¨ªa f¨¢cil: acosar como nunca antes a los sin papeles a trav¨¦s de una nueva Ley de Inmigraci¨®n.

No se trata tanto de reducir el n¨²mero de inmigrantes como de transmitir la imagen de que est¨¢ combatiendo la inmigraci¨®n. Por eso, la responsable de Interior, Theresa May, antigua paloma reconvertida en el halc¨®n m¨¢s feroz de Westminster, proclama que el objetivo de la ley es ¡°crear un entorno realmente hostil para los inmigrantes ilegales¡±. ¡°No queremos que la gente que viene aqu¨ª se quede m¨¢s tiempo del que debe porque sean capaces de acceder a lo que necesitan¡±, sostiene.

Toda una declaraci¨®n de guerra a los sin papeles. Y, para ganarla, ha decidido crear un ej¨¦rcito de delatores a la fuerza, formado por m¨¦dicos, caseros, banqueros y hasta sacerdotes, a los que la nueva ley convierte en colaboradores necesarios de esa pol¨ªtica de hostilidad hacia los indocumentados, a los que se quiere dificultar todav¨ªa m¨¢s su acceso a la vivienda, a la atenci¨®n m¨¦dica, a una cuenta corriente, a un matrimonio con el que legalizar su situaci¨®n.

Todo muy bonito para algunos, pero ?eficaz? La realidad es que es muy poco habitual que un sin papeles decida marcharse por dif¨ªcil que sea su vida en Reino Unido, porque peor es la que dej¨® atr¨¢s. Las organizaciones humanitarias creen que, con esa ley, los sin papeles tendr¨¢n que pagar m¨¢s por una habitaci¨®n insalubre; tardar¨¢n m¨¢s en recibir atenci¨®n m¨¦dica y sus enfermedades ser¨¢n m¨¢s graves y costosas de remediar; tendr¨¢n que pagar un sobrecosto por las dificultades cotidianas de no tener una cuenta bancaria; se ver¨¢n obligados a aceptar cualquier trabajo por menos dinero. Pero no se ir¨¢n.

La propuesta, que la semana pasada super¨® la segunda lectura en los Comunes y va a entrar en la fase de enmiendas, tiene el apoyo gen¨¦rico de los laboristas, aunque quieren proponer modificaciones concretas a lo largo de la tramitaci¨®n parlamentaria.

El objetivo del Gobierno es doble: hacer la vida m¨¢s dif¨ªcil a los sin papeles para forzar su marcha y, al mismo tiempo, facilitar la deportaci¨®n de aquellos que hayan sido detenidos. Para eso, May propone reducir de 17 a tan solo cuatro los supuestos de apelaci¨®n contra una orden de deportaci¨®n. Y, sobre todo, introducir una pol¨ªtica de ¡°deportar primero, apelar despu¨¦s¡± siempre y cuando la persona afectada ¡°no corra el riesgo de recibir un da?o irreversible¡± por el hecho de ser devuelto a su pa¨ªs de origen.

Para crear el ¡°entorno realmente hostil¡±, los caseros han de asegurarse de que sus inquilinos residen legalmente; los bancos han de consultar una base de datos para confirmar que un nuevo cliente no es un inmigrante perseguido; la oficina responsable de los carn¨¦s de conducir recibir¨¢ nuevos poderes para consultar el estatus de quienes piden un permiso y para revocarlo a quienes est¨¦n en el pa¨ªs m¨¢s tiempo del permitido; la Iglesia deber¨¢ informar a Interior cuando ciudadanos de fuera de la UE quieran casarse y es el ministerio quien decidir¨¢ si pueden contraer matrimonio. El Ministerio de Sanidad quiere que los inmigrantes con permisos para estancias cortas, como los estudiantes, paguen una contribuci¨®n inicial, quiz¨¢s en torno a 200 libras (235 euros) para acceder a la sanidad p¨²blica.

Mucha gente cree que el Ministerio del Interior est¨¢ as¨ª pasando a otros el trabajo que no es capaz de hacer por s¨ª mismo. Pero a los afectados les preocupan tambi¨¦n otras cosas. Ian Fletcher, director de Estrategias de la Federaci¨®n Brit¨¢nica de Propietarios de Viviendas, subraya que ¡°solo la UE reconoce 404 maneras leg¨ªtimas de identificaci¨®n personal, y eso no incluye al resto del mundo¡±. ¡°?C¨®mo puede un casero saber que alguien de la Rep¨²blica de Chipre puede entrar libremente en Reino Unido pero alguien del norte de Chipre necesita un visado? ?Van a saber que un b¨²lgaro tiene derecho a residir en Reino Unido pero alguien de Estados Unidos, no? ?O c¨®mo pueden saber las normas que determinan si el c¨®nyuge tiene derecho a quedarse o no?¡±, se pregunta.

¡°Pero, aunque esas propuestas funcionaran, hay otras cuestiones. Supongamos que un casero tiene frente a s¨ª a un inmigrante ilegal, ?qu¨¦ tiene que hacer? ?Enfrentarse a ¨¦l o irse a hurtadillas y avisar a las autoridades? Algunas caseras son viudas jubiladas. ?Ante qu¨¦ peligros las estamos poniendo? ?Va todo esto a incrementar la discriminaci¨®n? ?Acaso no va esta ley a empujar a mucha m¨¢s gente a esconderse bajo tierra y caer en manos de criminales dispuestos a alojarles en condiciones s¨®rdidas?¡±, advierte Fletcher.

Muchos m¨¦dicos se oponen a tener que averiguar si un inmigrante ha de pagar o no antes de acceder a la atenci¨®n primaria. Para M¨¦dicos del Mundo UK ¡°no hay justificaciones ¨¦ticas ni econ¨®micas en el proyecto de cargar a quienes tienen necesidad de atenci¨®n m¨¦dica y no pueden pagar 200 libras u otro coste¡±. ¡°Eso incluye a grupos de gente vulnerable como los inmigrantes indocumentados (que no tienen acceso a ayudas p¨²blicas), a v¨ªctimas del tr¨¢fico de personas (en general, mujeres y ni?os), gente a la que le ha caducado el visado o esclavos dom¨¦sticos¡±, denuncian.

Y advierten tambi¨¦n que ¡°no ser¨ªa legal exigir solo a unos residentes que presenten pruebas de que tienen derecho a ser atendidos¡± y que, a la larga, negar la atenci¨®n primaria a esas personas es tambi¨¦n antiecon¨®mico porque pueden contagiar posibles infecciones que no pueden ser tratadas hasta que alcanzan la gravedad suficiente como para ser atendidos en urgencias.

A juicio de Maurice Wren, director del Consejo de Refugiados, esas propuestas van a agravar la situaci¨®n de demandantes de asilo y refugiados que tienen derecho a la atenci¨®n primaria pero muchas veces se les niega porque no tienen la documentaci¨®n que les exigen algunos centros m¨¦dicos para demostrar su identidad o su residencia.

Interrogantes similares plantean las propuestas para controlar y aprobar los matrimonios. El Home Office extiende ahora a todo tipo de bodas un control que antes exig¨ªa a las parejas de hecho y que fue declarado ilegal precisamente porque era discriminatorio al afectar solo a una parte de la poblaci¨®n. La Iglesia de Inglaterra comprende que el Gobierno introduzca controles para acabar con el problema de los matrimonios falsos ¡°pero le hemos dejado claro al Home Office que aunque los cl¨¦rigos pueden verificar la nacionalidad de la gente pidiendo su pasaporte, como ya se hace desde 2011, lo que no pueden es chequear su estatus como inmigrantes¡±.