La complicada entrada en vigor de la reforma sanitaria de Obama

La reforma sanitaria del presidente Obama se enfrenta con el comienzo de a?o a nuevos desaf¨ªos, coincidiendo con la entrada en vigor de sus principales apartados. Apenas unas horas antes de la llegada de 2014, una juez del Tribunal Supremo pon¨ªa en suspenso la provisi¨®n que obliga a las empresas a proporcionar a sus empleadas p¨®lizas que cubran el coste de tratamientos anticonceptivos.

La decisi¨®n de la juez Sonia Sotomayor coincid¨ªa con un momento hist¨®rico para Estados Unidos, cuando cerca de seis millones de personas podr¨ªan contar con un seguro por primera vez, y se une a la larga lista de desaf¨ªos econ¨®micos, legales y pol¨ªticos a los que se ha enfrentado la legislaci¨®n desde sus inicios.

El 1 de enero era la fecha designada para la implementaci¨®n de algunas de las secciones m¨¢s populares de la legislaci¨®n, convertida ya en el sello del presidente Obama. A partir de este mi¨¦rcoles, las aseguradoras no pueden negar cobertura a un enfermo por tener condiciones m¨¦dicas preexistentes, una medida que afecta a 129 millones de pacientes, seg¨²n la Casa Blanca. Tampoco podr¨¢n poner l¨ªmites al gasto por paciente ni cobrar m¨¢s a una mujer que a un hombre por la misma p¨®liza.

La Casa Blanca ha anunciado que m¨¢s de dos millones de estadounidenses que han contratado esas p¨®lizas a trav¨¦s del nuevo mercado de seguros, una vez superados los fallos t¨¦cnicos de la p¨¢gina web donde se pueden contratar. Entre otras consecuencias, seis de cada 10 ciudadanos que carecen de seguro hasta ahora podr¨¢n contratar uno por menos de 100 d¨®lares. Se espera que cientos de miles de personas se beneficien tambi¨¦n de la ampliaci¨®n del programa federal Medicaid, para ciudadanos sin recursos.

A partir del 1 de enero, las aseguradoras no pueden negar cobertura a un enfermo por tener condiciones m¨¦dicas preexistentes

Pero lejos de celebrar estas cifras, la Administraci¨®n Obama deber¨¢ preparar antes de este viernes una respuesta oficial a la decisi¨®n de la juez Sonia Sotomayor. A partir de entonces, el mandato puede ser anulado para que el caso avance en otros tribunales o, como explica el diario The New York Times, puede provocar que el Supremo acepte estudiarlo de manera inmediata.

La demanda presentada por el grupo Little Sisters of the Poor, una ONG que dirige una residencia de ancianos en Denver (Colorado), es una de las varias docenas de querellas contra el Gobierno federal por el apartado de la reforma que obliga a las empresas a proveer seguros que cubran el gasto de tratamientos como anticonceptivos y otras medidas preventivas. Desde su aprobaci¨®n, organizaciones y empresas afiliadas a grupos religiosos han alegado que el Gobierno les obliga a actuar en contra de sus creencias.

Poco antes de que se pronunciara la juez Sotomayor, el arzobispo Joseph Kurtz de la Conferencia de Obispos Cat¨®licos, lament¨® en una misiva enviada al presidente Obama que la legislaci¨®n ¡°castiga dura y desproporcionadamente a quienes quieren facilitar cobertura m¨¦dica que defiende la vida y de acuerdo con las ense?anzas de su fe¡±.

Los demandantes alegan adem¨¢s que se enfrentan a penalizaciones econ¨®micas que pueden poner en peligro su sostenibilidad. La clave de la reforma sanitaria radica en que los ciudadanos est¨¢n obligados a contratar un seguro m¨¦dico para no pagar una tasa en su pr¨®xima declaraci¨®n de impuestos. Las empresas que los proporcionen directamente a sus empleados deber¨¢n garantizar adem¨¢s que las p¨®lizas cubren el coste de tratamientos anticonceptivos. Si los grupos religiosos se niegan a hacerlo, deber¨¢n pagar una multa.

Planned Parenthood, una coalici¨®n de organizaciones que proveen cuidados m¨¦dicos a millones de mujeres estadounidenses, respondi¨® sin embargo que la aplicaci¨®n de la ley debe seguir adelante. ¡°Los grupos religiosos ya est¨¢n exentos de pagar anticonceptivos a sus empleadas si consideran que viola su misi¨®n religiosa¡±, afirm¨® su presidenta, Cecile Richards, en un comunicado. ¡°Esta excepci¨®n garantiza que las mujeres pueden acceder a anticonceptivos, independientemente de d¨®nde trabajen, a la vez que responde a las preocupaciones de los religiosos¡±.