El sucio negocio de las c¨¢rceles privadas en Estados Unidos

La tasa de cr¨ªmenes se ha reducido un tercio en Colorado en los ¨²ltimos 10 a?os, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus c¨¢rceles; pero parad¨®jicamente las prisiones privadas est¨¢n cada vez m¨¢s llenas. El motivo es que disponen de una cuota m¨ªnima de ocupaci¨®n acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones p¨²blicas, que ten¨ªan camas vac¨ªas, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado. Se repite en otras zonas del pa¨ªs y revela los entresijos detr¨¢s del auge de la privatizaci¨®n carcelaria en EE UU, as¨ª como la perversa disputa entre el inter¨¦s p¨²blico de rehabilitar a los presos y reducir la poblaci¨®n carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios.

Seg¨²n un informe de In the Public Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EE UU, un 65% disponen de alg¨²n tipo de garant¨ªa m¨ªnima de n¨²mero de reclusos o penalizaci¨®n por camas vac¨ªas. La l¨®gica detr¨¢s de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 d¨®lares al d¨ªa), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la c¨¢rcel y recuperar el coste de su construcci¨®n. La base m¨ªnima m¨¢s habitual es del 90%, aunque en algunos casos puede llegar al 100%. Por ejemplo, seg¨²n el documento, tres instalaciones en Arizona disponen de esta salvaguarda, aunque desde el Departamento Penitenciario de Arizona (ADC, por sus siglas en ingl¨¦s) lo niegan y aseguran que ronda el 90%.

Sea como sea, el estado se ve obligado a garantizar un n¨²mero m¨ªnimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que la ADC considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso. ¡°Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupaci¨®n fluctuase de forma variable, el operador privado cobrar¨ªa una tasa diaria mucho m¨¢s elevada para asegurarse que recupera su inversi¨®n¡±, apunta el portavoz Doug Nick. ¡°Este tipo de garant¨ªas mantienen el coste relativamente estable y predecible¡±, a?ade en conversaci¨®n telef¨®nica.

En Arizona hay prisiones privadas desde hace unos veinte a?os

?Pero qu¨¦ pasa si la tasa de cr¨ªmenes se reduce, como en Colorado, y cada vez entran menos presos a las c¨¢rceles? ¡°Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido poblaci¨®n carcelaria. De hecho, lleva d¨¦cadas creciendo¡±, replica con total seguridad de que la situaci¨®n no variar¨¢. En Arizona hay prisiones privadas desde hace dos d¨¦cadas. Actualmente, de las 14 instalaciones del estado, cuatro son de propiedad y gesti¨®n empresarial; y hay otras seis privadas que solo acogen presos de los estados colindantes. Seg¨²n el convenio de concesi¨®n, las autoridades de Arizona pasar¨¢n a controlar las cuatro c¨¢rceles al cabo de 20 a?os de su apertura, lo que la ADC tambi¨¦n ensalza como un beneficio para el contribuyente.

En el conjunto de EE UU, en 2010 un 8% de los presos estaban en c¨¢rceles privadas, seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles. Se trata de alrededor de 128.000 reclusos sobre una poblaci¨®n total de 1,6 millones. Actualmente, seg¨²n las estimaciones de Carl Takei, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), la proporci¨®n podr¨ªa rondar el 12% en las instalaciones federales y un poco menos en las estatales. Adem¨¢s, en el caso de los centros de detenci¨®n de inmigrantes, podr¨ªa suponer hasta el 50%.

La privatizaci¨®n de las c¨¢rceles no ha cesado de crecer desde los a?os 80, cuando naci¨® el primer operador, pero ha sido en la ¨²ltima d¨¦cada cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el n¨²mero de reclusos en prisiones privadas aument¨® un 80%, muy por encima del 18% que registr¨® el conjunto de la poblaci¨®n carcelaria, de acuerdo con las estad¨ªsticas oficiales. Takei tiene muy claras las causas de este fen¨®meno: ¡°EE UU vive una epidemia de encarcelaci¨®n masiva. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creci¨® un 700% y eso ha impulsado a las compa?¨ªas privadas¡±, esgrime. As¨ª, no sorprender¨¢ que, mientras desde los 90 cada vez han habido m¨¢s reclusos, en paralelo se hayan extendido las prisiones privadas. Adem¨¢s, en los ¨²ltimos a?os las compa?¨ªas se han beneficiado del efecto de la crisis econ¨®mica al ofrecer costes supuestamente m¨¢s bajos que los del sector p¨²blico a unos gobiernos cada vez con m¨¢s necesidad de ahorrar

Sin embargo, el documento del ITPI considera ¡°ilusorio¡± pensar que las cuotas m¨ªnimas de ocupaci¨®n de las c¨¢rceles acaben beneficiando a los contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las prisiones privadas han acabado costando 33 c¨¦ntimos m¨¢s al d¨ªa por recluso que las p¨²blicas, mientras que en Colorado el traslado de los 3.330 presos para cumplir la base m¨ªnima ha acarreado una factura de dos millones de d¨®lares.

Un extremo que niegan desde la principal empresa del sector, Corrections Corporation of America (CCA). ¡°Proveemos ahorro a los contribuyentes, instalaciones seguras, reducci¨®n de la reincidencia y una importante flexibilidad en los contratos con los gobiernos¡±, afirma un portavoz en una respuesta por correo electr¨®nico. Subraya, adem¨¢s, que solo la mitad de sus contratos tienen cuotas m¨ªnimas de ocupaci¨®n, que ¨¦stas no son r¨ªgidas y que se establecen para garantizar los ¡°costes fijos¡± de la construcci¨®n y gesti¨®n de las c¨¢rceles.

Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registr¨® un beneficio neto de 51,8 millones de d¨®lares en comparaci¨®n con los 42,3 millones del mismo periodo del a?o anterior. Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atra¨ªdo a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas, seg¨²n explica el activista Takei. En sus informes p¨²blicos, las compa?¨ªas admiten que el aumento de la poblaci¨®n carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detenci¨®n de inmigrantes y las leyes que rigen la duraci¨®n de las penas.

En este sentido, seg¨²n el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo ¨²ltimo de aumentar ¡ªo como m¨ªnimo mantener¡ª la poblaci¨®n carcelaria. La primera destin¨® 17,4 millones de d¨®lares en influenciar a pol¨ªticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gast¨® bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012, seg¨²n datos del Center for Responsive Politics, una entidad civil. En paralelo, tambi¨¦n hicieron generosas donaciones a las campa?as de l¨ªderes pol¨ªticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destin¨® 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.

¡°Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades pol¨ªticas para tratar de obtener m¨¢s contratos¡±, apunta, por su parte, Shar Habibi, directora del departamento de investigaci¨®n de ITPI. Y, en paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compa?¨ªas intentan reducir al m¨¢ximo los ¡°costes operativos¡± de sus prisiones para convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos. Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificaci¨®n necesaria. Y todo ello puede generar un c¨®ctel explosivo que, en algunos casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la conflictividad o incluso en fugas de reclusos.

Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa supervisi¨®n de las condiciones de las prisiones privadas, pero que, cuando ¨¦sta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados tienden a tratar de gestionar las c¨¢rceles ¡°por debajo de los est¨¢ndares¡± con tal de rebajar a¨²n m¨¢s sus costes. Y en algunos casos la situaci¨®n se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una prisi¨®n de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesi¨®n despu¨¦s de m¨²ltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA reconoci¨® el a?o pasado que falsific¨® los informes que proporcion¨® al Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban completamente vacantes. No se trata de un episodio aislado, pues el informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras c¨¢rceles del pa¨ªs. Y en casos como el de Idaho el rescate p¨²blico acaba disparando el presupuesto de gesti¨®n de la prisi¨®n y son los contribuyentes los que pagan los platos rotos. Es el lado oscuro del auge de la privatizaci¨®n carcelaria en EE UU.